Quirino y la impunidad gubernamental
Álvaro Aragón Ayala
La secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado y los diputados del Congreso Local unieron “esfuerzos” para “tapar” los actos de corrupción en que incursionó el gobierno de Quirino Ordaz Coppel al otorgar contratos para construir hospitales, que aún no funcionan, y realizar “adjudicaciones” millonarias sin pasar por ningún proceso de licitación.
El hoy embajador de México en España saqueó y quebró el gobierno de Sinaloa y dejó en todas las secretarías del gobierno estatal una cadena de evidencias de su rapiñaje. En sólo 4 años endeudó en casi 5 mil millones de pesos al gobierno de Sinaloa, deuda, que según dijo, redujo a 3 mil 800 millones de pesos. En el Sector Salud y en el de Obras Públicas sobresalió la injerencia de su hermano Juan Carlos Ordaz Coppel.
LA FALACIA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
María Guadalupe Ramírez Zepeda, es por ley, la responsable del gobierno de Rubén Rocha Moya de dirigir las políticas de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas, control de recursos públicos y combate a la corrupción. En los casos de saqueos atribuidos al exgobernador y su hermano Juan Carlos, la titular de la secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas adoptó la “política del avestruz”.
La titular de la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas tiene facultades, pero no las ejerce, para fiscalizar, vigilar y supervisar los contratos de obra y el padrón de proveedores del gobierno quirinista para determinar si cumplió o no con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de adquisiciones, obras públicas y servicios, etc.
CONTRATOS OPACOS, SIN LICITAR
Iniciativa Sinaloa AC presentó denuncias por opacidad en el sector Salud: del 2017 a 2021 detectó cerca de 650 omisiones de transparencia en los procedimientos de contratación pública para obras y adquisiciones, entre otras irregularidades.
El organismo localizó omisiones y fallas en las bases de datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, tanto en los formatos de adjudicación directa como en los de licitación pública para dicho periodo, en el que se registraron 2 mil 975 contratos, que engloban una inversión pública de mil millones 476 mil 828 pesos.
OPACIDAD DE LOS CONTRATOS
El gobierno de Quirino Ordaz Coppel otorgó, de acuerdo a una investigación de Iniciativa Sinaloa, millonarios contratos de adjudicación directa -incluidos los de los “nuevos” hospitales que todavía no funcionan-, que debió de haber licitado; al no hacerlo incurrió en graves delitos.
En la plataforma “A dónde van nuestros impuestos” ( http://www.adondevanmisimpuestos.org/ ), se detalla cómo del 2017 al 2021 se privilegió, de manera ilegal, la contratación directa en todas las secretarías: de 5 mil 29 contratos, Quirino Ordaz –con el apoyo de su hermano Juan Carlos -, ¡3 mil 483¡, fueron cedidos mediante adjudicación directa, 848 por invitación y 743 por licitación.
PODREDUMBRE QUIRINISTA
Del 2017 al 2021 el Sector Salud fue operado directamente por Quirino Ordaz Coppel. El área de construcción y mantenimiento de la secretaría de Salud estuvo bajo el control de Juan Carlos, hermano del entonces mandatario estatal.
Los Ordaz mantuvieron el dominio directo de las áreas de construcción de todas las secretarías estatales y se involucraron en la ejecución de obras con recursos federales.
Juan Carlos Ordaz Coppel “gestionó” en octubre del 2021 el pago de 485 millones de pesos para liquidar 13 obras inconclusas, adeudos que, de acuerdo a la calendarización y el avance de las construcciones, correspondía liquidar en los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2022 por la administración de Rubén Rocha. El hermano de Quirino apresuró el pagó para cobrar el “moche” que topó en poco más de 95 millones de pesos.
Pese a que la red de corrupción fríamente entrelazada por Quirino Ordaz Coppel para saquear el erario estatal y a las denuncias públicas que aparecen en diarios y revistas y en las redes digitales, el ex gobernador es protegido por los diputados del Congreso Local, por la Auditoría Superior del Estado y por la secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
