Reforma judicial incumple con estándares de independencia: El País
Karla Alva
La puesta en marcha de la reforma al Poder Judicial aprobada el pasado mes de septiembre ha generado a nivel nacional e internacional preocupación sobre todo en el tema de la elección popular para elegir a los próximos ministros, magistrados y jueces.
Ante este panorama, el diario El País señala en su artículo opinión “La reforma judicial en México: un mal precedente” que este modelo incumple los estándares de independencia judicial e inamovilidad conocidos y que incluso es analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Aunque la aplicación de la reforma judicial aprobada por Morena y sus aliados parece no tener vuelta de hoja para el proceso de elección que será en dos fases, la primera de ellas en 2025 y la siguiente en 2027, el Poder Judicial aún tiene una luz al final del camino, ya que podría solicitar el pronunciamiento de la Comisión de Venecia para que sea la encargada de analizar si la elección popular de jueces resulta respetuosa con los estándares de independencia judicial que exige un Estado de derecho.
CIDH no descarta intervenir en contra de reforma judicial
Hace dos semanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se dijo preocupada por la reforma judicial recién aprobada en México y no descartó poner en marcha mecanismos para combatirla una vez que entre en funcionamiento, señaló Andrea Pochak, comisionada del organismo con sede en Washington al finalizar la audiencia en la que jueces y magistrados presentaron sus objeciones a la reforma.
Varios comisionados independientes, tanto de la CIDH como de la Organización de las Naciones Unidas, cuestionaron cuál había sido el diagnóstico para despedir a cientos de jueces y magistrados, y la respuesta de Montero Solano fue que no existe ninguno pero que durante las elecciones de junio el partido en el gobierno la presentó como su plataforma.
Juana Fuentes, presidenta de la Asociación Mexicana de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) dijo que la reforma promovió una purga masiva de juzgadores por acusaciones de corrupción que no ha sido respaldada ni por pruebas ni denuncias.
Tras la presentación de quejas y la defensa del gobierno, los comisionados Pochak y el colombiano Carlos Bernal expresaron sus dudas y críticas a la reforma.
El segundo dijo que el despido de jueces y la elección de unos nuevos es “un ejemplo de manual del abuso del constitucionalismo, cuando un gobierno intenta desmontar los contrapesos, se ha visto en los autoritarismos de nuestro tiempo en el mundo entero, el caso de México es de libro”.
El relator añadió que la reforma violó el principio del mérito (conocimiento de los jueces y magistrados sobre su materia), sus derechos adquiridos y el debido proceso constitucional y su derecho a acceder a cargos por concurso y cerró con una pregunta: “Un gobierno que arrasa en las urnas para la presidencia, que arrasa con todos los cargos de elección popular, ¿no es un poco sospechoso que quiera también la elección de los jueces”.
La semana pasada, la ministra presidenta la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández señaló que la Constitución cuenta con una “excesiva flexibilidad” para reformarse, lo que genera que sus atributos jurídicos sean vulnerados.
Con información de La Silla Rota
