Sinaloa: la ruta del desvío millonario. No fue un error
Álvaro Aragón Ayala
GERARDO VARGAS: Este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunirá, sin distingos de colores, con los presidentes municipales de todo el país. El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, se colocará en el centro de los reflectores nacionales. El munícipe acaba de dejar la presidencia de la Asociación de Autoridades Locales de México A.C., y funge actualmente como copresidente de la Conferencia Nacional de Alcaldes de México.
¿Temas a tratar? El alcance del Aportaciones para la Infraestructura Social, el programa “senderos de paz” y el plan maestro de abasto y cuidado del agua. De los municipios con un alto índice de violencia y de los ayuntamientos más jodidos se derivarán planteamientos para que se canalicen recursos a la profesionalización de los policías y para que de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal se agilice la entrega de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
De Sinaloa se esperan que tengan participaciones destacadas Gerardo Vargas, de Ahome, Juan de Dios Gámez Mendívil del convulsivo Culiacán y Estrella Palacios de Mazatlán. Se cruzan los dedos para que no acudan alcaldes sinaloenses involucrados en corruptelas como lo es el de El Fuerte, Gildardo Leyva Ortega, aquel sujeto que vendía tacos, en sociedad con el ex presidente Eleazar Rubio Ayala, y que hoy presume una riqueza insultante. Aunque Claudia Sheinbaum dijo que la reunión no será para dar alguna instrucción dado que los ayuntamientos son autónomos, la presidenta sí delineará la ruta de su plan de gobierno en materia municipal.
JULIO VERDEGUE: Contra la narrativa que pretenden sembrar los latifundistas a secas, los minilatifundistas y los neolatifundistas que durante los regímenes liberales usaron las siglas de la CAADES, la CNC y de otras organizaciones de “pequeños” productores agrícolas o de “campesinos” para jalar agua a su molino en modo pedigüeño argumentando que el campo mexicano está en crisis, a un paso de la ruina, Julio Verdegué Sacristán, secretario de Agricultura dibujó un sector pujante, en pleno dinamismo.
“Aquí hay una imagen de un campo en una crisis espantosa que no se corresponde a la realidad y es una imagen muchas veces interesada de quienes quieren volver a las viejas políticas donde todo el presupuesto público se iba a muy pocos productores con muy buena situación socioeconómica”. En el Foro de Desarrollo Sustentable realizado en Culiacán, externó que este año se va a canalizar un presupuesto de 86 mil millones de pesos en apoyos director a 2.75 millones de pequeños productores.
CARLOS VERDEGUÉ: Los Verdegué están de moda. La alcaldesa Estrella Palacios se reunió el lunes no con el presidente, sino con el vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, Carlos Berdegué Sacristán, y desató publicidad a granel, no en balde al hermano de Carlos, Julio, se le baraja como candidato natural de Morena 2027 a la gubernatura de Sinaloa.
Aunque las lenguas de lija aseguran que Estrella “anda picando piedra” para no quedarse huérfana en el 2027 ya que no les cree a quienes la cilindran con el cuento de que ella puede ser el relevo de Rubén Rocha Moya, la presidenta municipal aclaró, sin que nadie se le pidiera, que el objetivo del encuentro “es hacer sinergia con la Iniciativa Privada y las asociaciones turísticas para trabajar en equipo por el impulso de Mazatlán como destino turístico”.
DEPLAZAMIENTO FORZADO: Familias enteras que nada tienen que ver con el conflicto armado que se registra en Culiacán comenzaron a fincar sus residencias y actividades en los estados de Sonora, Guadalajara y Monterrey, y las ciudades de Guasave, Los Mochis y Mazatlán, en donde han encontrado condiciones para vivir fuera del mundanal estrés que ocasiona la matazón y los “levantones” en el centro del estado.
Del desplazamiento de familias -hay colonias que se están quedando solas-, no informa ninguna autoridad. Sin rayar en el sensacionalismo, las personas que salen huyendo de Culiacán no soportan el shock psicológico del conteo de la ola sangrienta: El reporte es de más de 815 personas privadas de la libertad (secuestradas o “levantadas”), de las cuales, el 50 por ciento están desaparecidas aún, y el 10 por ciento han sido asesinadas. La estadística fúnebre arroja también 700 asesinatos, 2 mil 300 autos robados y 900 robos a comercios.
Si se suman los 700 homicidios al 50 por ciento de las personas, de un total de 815, que están desaparecidas, se podría calcular, si es que esos “levantados” ya fueron ejecutados, incinerados o enterrados, que la masacre linda en los mil asesinatos, cifra considerada macabra.
EL CASO QUIRINO Y EL SAT: En una entrevista exclusiva concedida por el gobernador Rubén Rocha Moya a José Rodríguez de Luz Noticias, cuyo contenido cruzó Sinaloa y llegó a Palacio Nacional a la velocidad de la luz, salieron a flote datos -solo para que los descifren los iniciados- que conducen a los vericuetos de los negocios obscuros que abrió con dinero del Sistema de Administración Tributaria y/o de la Hacienda Pública, Quirino Ordaz Coppel en funciones de gobernador de Sinaloa. Únicamente el trinquete al SAT le provocó un daño económico a las finanzas estatales de 2 mil 300 millones de pesos.
Se trata pues del “caso SAT/Quirino”, todo un entramado contable-fiscal-administrativo ya investigado y que pasó por un litigio en los tribunales federales, el cual, con base en las pruebas aportadas por personal del SAT y de los contadores y directivos del Grupo Coppel y del Grupo Arhe, sirvió para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenciara al gobierno de Sinaloa a pagar precisamente 2 mil 300 millones de pesos que incluyen las multas por del fraude fiscal o desvío de recursos de más de mil 900 millones de pesos.
Resulta que el Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa operado por Quirino Ordaz tomó y “esfumó” más de mil 900 millones de pesos de las aportaciones del Impuesto Sobre la Renta de los grupos empresariales Coppel y Arhe, a los que “auditó” con base en los Convenios de Coordinación Fiscal con la Federación. Los convenios facultaron al SATES a captar el ISR de ambas compañías que pagaron los impuestos, más de mil 900 millones, y los dineros no fueron entregados al SAT. Para quedarse con los recursos, el SATES y Quirino argumentaron que los empresarios no habían cubierto el ISR porque se declararon en quiebra.
No dispuestos a pagar dos veces los mismos impuestos, Coppel y Arhe comprobaron ante la Suprema Corte de Justicia que sí, sí pagaron el ISR. Con las pruebas y evidencias de la documentación falsa presentada por el SATES y Quirino para tratar de justificar que no habían cobrado esos impuestos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación condenó al gobierno de Quirino a pagar, los mil 900 millones de pesos del ISR y 400 millones de pesos más entre multas y recargos. La Corte Federal eximió de cualquier responsabilidad a los empresarios. Esa deuda fiscal y la multa fue heredada al gobierno de Rubén Rocha.
Al periodista José Rodríguez, el gobernador Rubén Rocha le dijo que podrían ir a la cárcel los responsables de los 2 mil 300 millones de pesos cobrados por el SAT. “Ya tenemos la queja administrativa contra los funcionarios, ya está corriendo, ya tiene mes y medio, nosotros ya tenemos la queja administrativa, porque ese es el procedimiento. Transparencia va a resolver esta queja administrativa, se turna al tribunal administrativo o se turna a los tribunales penales. Entonces, de ahí va a derivar la sanción correspondiente para los responsables que operaron estas malas acciones de auditoría. No sabemos exactamente qué, pero puede haber sanciones penales, no solo administrativos”, aseguró.
Aunque el “Caso SAT/Quirino” es de interés nacional, nadie de Sinaloa ha tomado la tribuna, ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores, para solicitar la intervención directa de la Fiscalía Anticorrupción ni de la Fiscalía General de la República. A la millonaria trácala, hasta ahora, se le ha dado un trato doméstico. Se aborda en Sinaloa cuando alcanza rango de delito federal, de fraude fiscal o robo al fisco, quizá para no importunar al potentado ex gobernador que despacha como Embajador en España.
Sin embargo, el Senador Enrique Inzunza Cazarez, consideró que debe haber una investigación penal por las auditorías corruptas que se realizaron en la administración del exgobernador Quirino Ordaz Coppel y generaron la deuda de 2 mil 300 millones de pesos del Gobierno de Sinaloa al SAT.
Afirmó que se debe aplicar todo el peso de la ley a quienes resulten responsables, independientemente del rango que hayan desempeñado durante la administración anterior. “Creo que si hubiera conductas que tipifican un delito, debe de abrirse también una investigación de orden penal en contra de quien resulte responsable, independientemente del rango que haya tenido la administración pública anterior, ejerza o no un cargo ahorita para ser más claros”, comentó.
La Senadora Imelda Castro Castro consideró que no es justo que el error cometido por ex funcionarios durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel y que derivó en una multa de 2 mil 300 millones de pesos le cueste al pueblo de Sinaloa, cuando deben fincarse responsabilidades y si es posible que ellos paguen.
En el marco del foro rumbo a la integración del Plan Nacional de Desarrollo, la legisladora dijo que la deuda del SAT se tiene que cubrir con dinero del Gobierno del Estado, porque la deuda es del gobierno y no se puede pagar deuda con deuda.
Sobre si es necesaria investigar y sancionar a los responsables, expresó que a su juicio es obvio que se debe investigar “porque se cometió un error, porque es un error que le cuesta al pueblo de Sinaloa, más de 2 mil 300 millones de pesos. No es cualquier cosa, o sea, no nada más de que ya se cometió el error y hay que pagar, no”.
“O sea, –dijo– se tiene que investigar a los responsables, fincar responsabilidades y si es posible que ellos paguen también”.
No. No fue un error, hablar de error huele a encubrimiento. Fue una transa millonaria. La investigación ya se realizó y llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a obligar al gobierno de Sinaloa a que pague 2 mil 300 millones de pesos. Punto.
