Nuevo registro de telefonía que propone el gobierno es innecesario y pone en riesgo datos personales: especialistas
Luis Fernando Lozano
Implementar un registro de usuarios de telefonía móvil pondría en riesgo los datos personales de la ciudadanía y es una medida innecesaria, porque actualmente las compañías telefónicas ya están obligadas a colaborar con las autoridades en casos de investigación de un delito, mencionaron especialistas sobre la iniciativa de seguridad pública que envió Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados.
En el pasado, los gobiernos de Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador fallaron en sus intentos de crear un registro similar, y la Suprema Corte de Justicia ya consideró en 2022 que un padrón de ese tipo viola el derecho de la privacidad y la protección de datos personales.
Sin embargo, en su exposición de motivos la presidenta argumenta que el registro es necesario para combatir la incidencia de delitos como el secuestro y la extorsión, uno de los que más creció en el último sexenio.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de víctimas de extorsión reportadas en denuncias creció 57.3% entre 2018 y 2024, al pasar de 6 mil 895 a 10 mil 849.
La iniciativa para expedir la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública plantea que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicación, una instancia del gobierno federal, cree y resguarde la información de los usuarios de telefonía móvil. Para ello, se asociarían las líneas telefónicas en uso con la CURP y una identificación oficial, un pasaporte o un documento migratorio.
Esto sin claridad sobre cómo las autoridades podrían tener acceso a la información, y con el contexto de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que ponen en duda las herramientas que tendrá la ciudadanía para exigir el cuidado de su información personal.
”Hay un riesgo de que el gobierno o cualquier autoridad pueda intervenir una línea con una intención distinta a la que persigue, que es evitar las extorsiones”, mencionó en entrevista Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).
“Esas bases de datos podrían ser accedidas por quién sabe qué autoridades, bajo quién sabe qué procedimientos, no sabemos si va a haber un procedimiento judicial para acceder a esa información, si va a haber algún tipo de control o si esa información va a ser accedida por autoridades que muchas veces están coludidas con la propia delincuencia, generando el efecto contrario de lo que se supone que se pretende hacer”, advirtió Luis Fernando García, director de la Red de Defensa de Derechos Digitales (R3D).
En el pasado bases de datos en poder de autoridades fueron filtradas en foros o sitios de internet, o se pusieron a la venta en sitios públicos, alertó el especialista, además de cuestionar si en verdad este registro podría tener un impacto significativo en el combate al delito de extorsión.
Tanto él como el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información recordaron que actualmente ya hay mecanismos de colaboración para que las compañías telefónicas den información a las instituciones de justicia, en caso de una investigación.
En la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión hay un capítulo completo sobre la colaboración con la justicia, donde se establece el registro de los datos de la persona usuaria de la línea telefónica, así como de los datos de las comunicaciones que realice.
Autoridades y especialistas señalan que miles de llamadas de extorsión se realizan desde centros penitenciarios, pero “es una absoluta falta de sentido común creer que la delincuencia organizada va a registrar sus teléfonos y a cometer delitos desde los teléfonos registrados”, consideró Luis Fernando García.
Para Jorge Bravo, el problema está en la falta de control en los centros penitenciarios, donde se permite el acceso de equipos telefónicos, y los inhibidores de señal no han cumplido su función.
Desde 2010, el gobierno federal activó la instalación de inhibidores como medida para frenar las llamadas de extorsión desde las cárceles, pero estas llamadas continuaron.
Además, alertó García, hay otros mecanismos tecnológicos para poder concretar las estafas o extorsiones, y que no se frenarán con un registro de usuarios, como el uso de teléfonos de otros países, o suplantar o clonar los números.
Riesgos institucionales
Aunado a los riesgos que representa que los datos personales estén en manos del gobierno, Bravo insistió en que la falta del INAI y la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como una mayor injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, reducen las opciones para que la ciudadanía pueda actuar en caso de alguna violación a su privacidad.
En 2022, el INAI y senadores de oposición promovieron una acción de inconstitucionalidad que luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor, ordenando suspender la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) por considerar que solicitar datos personales y biométricos a las personas para poder usar la telefonía celular representaba una violación a su privacidad.
La resolución de la Corte consideró que datos que contemplaba recopilar el Panaut, entre los que estaban domicilio, datos biométricos y esquema de contratación de la línea, permitían tener acceso a una “radiografía de la vida privada de las personas”.
Sin embargo, las reformas constitucionales recientes ponen en duda el papel que pueda tener la Suprema Corte, ante iniciativas de este tipo, que surgen desde el gobierno federal.
“Habrá una serie de obstáculos para combatir legalmente estas disposiciones. Sin embargo, nuestra responsabilidad es intentarlo, y elevar de alguna manera los costos políticos y advertir, al menos dejar el testimonio de lo irresponsable, lo demagógico y lo violatorio de derechos humanos, lo antidemocrático, lo autoritario que representa esta iniciativa”, refirió Luis Fernando García, de R3D.
Con información de Animal Política
