La protección de los derechos humanos ante la nueva política migratoria
Jaime Rochin del Rincón
México enfrenta un reto significativo en el número de migrantes retornados. Desde su regreso a la presidencia en enero de 2025, Donald Trump ha endurecido las políticas migratorias en Estados Unidos, intensificando las deportaciones y ampliando los criterios para la detención de inmigrantes. Estas medidas han encendido las alarmas en el ámbito de los derechos humanos, pues afectan la vida de miles de personas y generan nuevos desafíos tanto para las autoridades como para la sociedad civil en ambos lados de la frontera.
Uno de los cambios más polémicos ha sido la ampliación de las zonas de detención para migrantes indocumentados. De acuerdo con servicios informativos, el gobierno de Trump eliminó restricciones que impedían arrestos en espacios considerados sensibles, como escuelas, hospitales e iglesias. Esto ha permitido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) realizar detenciones en lugares que históricamente habían sido considerados refugios.
Además, con la puesta en marcha de la llamada Ley Laken Riley, cualquier migrante arrestado, incluso por faltas menores, enfrenta detención obligatoria sin derecho a fianza. A esto se suma la Operación Safeguard, un plan dirigido a detener y deportar rápidamente a migrantes en áreas urbanas, con especial énfasis en las denominadas “ciudades santuario“, como Chicago.
Las cifras muestran la magnitud del problema. De acuerdo con información de medios estadounidenses, el ICE tiene la meta de realizar entre 1,200 y 1,500 arrestos diarios de migrantes indocumentados. También ha comenzado a deportar a menores de edad no acompañados, una medida que ha generado fuertes críticas por su impacto en los derechos de la infancia.
Estas políticas representan una amenaza real para derechos fundamentales como el acceso a la salud, la educación y la libertad religiosa. Además, la detención indiscriminada de migrantes, sin posibilidad de fianza ni evaluación caso por caso, plantea serias dudas sobre la proporcionalidad y la justicia de estas medidas.
Particularmente preocupante es la decisión de deportar a niñas, niños y adolescentes que llegan sin compañía de adultos. Esta política no solo puede provocar separaciones familiares, sino que también expone a las y los menores a situaciones de extrema vulnerabilidad en sus países de origen o en la misma frontera.
Aunado a esto, el miedo se ha convertido en una constante para muchas comunidades migrantes. La amenaza de redadas en lugares públicos y la posibilidad de ser detenidos en cualquier momento han trastocado la vida cotidiana de miles de personas.
Más allá del impacto en Estados Unidos, la política migratoria de Trump representa un reto transfronterizo, y es un factor más de tensión en la ya compleja relación entre México y su vecino del norte.
Una de las medidas más controversiales es la deportación de migrantes no mexicanos a territorio mexicano. Esto significa que personas de diversas nacionalidades que ingresaron a Estados Unidos a través de la frontera sur sean enviadas a México, aunque no sean ciudadanos de este país.
De acuerdo con cifras en 2020 el INEGI reportaba que en el mundo residían 12.3 millones de personas migrantes originarias de México, de los cuales, más de 12 millones vivían en Estados Unidos.
Esto coloca a México ante una serie de retos urgentes: la llegada de migrantes de distintas nacionalidades exige ampliar la red de albergues y reforzar los servicios básicos de salud, alimentación y asesoría legal. México debe coordinar esfuerzos diplomáticos y logísticos para garantizar el regreso seguro de estas personas a sus países de origen. Los migrantes en territorio mexicano enfrentan riesgos como la trata de personas, el secuestro y la extorsión por parte del crimen organizado. Garantizar su seguridad es una prioridad.
A este panorama se suma la reactivación de la política Remain in Mexico (Permanece en México), que obliga a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar en México mientras sus casos son revisados. Esta medida pone una carga adicional sobre las ciudades fronterizas mexicanas, que deben ofrecer refugio y servicios a quienes quedan en un limbo migratorio.
Además, esta política expone a los solicitantes de asilo a riesgos considerables. Informes de organizaciones como Human Rights Watch han documentado numerosos casos de violencia y abusos contra migrantes en México. A esto se suma el obstáculo de la distancia: esperar en otro país limita las posibilidades de los migrantes de acceder a asesoría legal para defender su solicitud de asilo.
Ante este panorama, la respuesta del Estado mexicano y de la sociedad civil es crucial para enfrentar la crisis humanitaria que se avecina.
El contar con un plan de integración es de suma relevancia, debido a que el impacto en la economía es evidente debido a que algunos migrantes regresarán sin una red de apoyo y con alguna oportunidad laborar inmediata. Sin contar que muchos de ellos dejaron en el otro país a sus seres queridos, lo que representará una fragmentación familiar. Además, a su retorno, se deberán procurar y garantizar sus derechos humanos.
La llegada masiva de migrantes pone a prueba los sistemas de salud, educación y vivienda. Es crucial fortalecer la infraestructura de estos servicios para garantizar un regreso digno.
El gobierno mexicano ha impulsado programas como México te abraza, que busca brindar protección a migrantes en situación irregular, el cual cuenta con nueve centros de atención, de acuerdo con información oficial. No obstante, ante el endurecimiento de la política migratoria estadounidense, será esencial evaluar la efectividad de estas iniciativas y adaptarlas a las nuevas circunstancias.
Se debe ampliar la cooperación con los países de origen de los migrantes y con organismos internacionales para gestionar de manera más efectiva los flujos migratorios. Esto implica desde acuerdos diplomáticos hasta estrategias de protección y asistencia. Y reforzar los mecanismos de asistencia legal y garantizar que los migrantes no sean víctimas de abusos o discriminación al regresar a nuestro país.
Es esencial la promoción de campañas de sensibilización para reducir la estigmatización de los migrantes retornados y fomentar su integración social.
La sociedad civil tiene un rol clave. Organizaciones no gubernamentales, comunidades religiosas y grupos de defensa de los derechos humanos han sido un pilar fundamental en la asistencia a migrantes, proporcionando apoyo legal, psicológico y material. Sin embargo, su labor se enfrenta a grandes desafíos, incluyendo la necesidad de más recursos y mejores condiciones de seguridad para quienes trabajan en el apoyo a migrantes.
Las políticas migratorias de la administración Trump son un reto mayúsculo para Estados Unidos y México, y para el respeto a los derechos humanos en el ámbito global. Más allá de las cifras y de los términos jurídicos, éste es un tema que tiene rostro humano. Cada deportación, cada niño separado de su familia, cada migrante que enfrenta la incertidumbre de un futuro incierto es una historia que nos afecta como sociedad.
La respuesta a este desafío no puede quedarse sólo en el plano político. Se requiere empatía, solidaridad y un compromiso genuino por parte de gobiernos y ciudadanos para garantizar que el respeto a la dignidad humana siga siendo un principio inquebrantable en la construcción de nuestras sociedades.
Con información de La Silla Rota
