Las grandes ausentes
Javier Sicilia
Aun cuando en el fondo de la captura del Mayo Zambada y de la entrega de 29 miembros de diversos cárteles al gobierno de Estados Unidos bajo la extraña figura de “expulsión”, están las más de 100 mil muertes que el consumo de fentanilo produce cada año en Estados Unidos y los crímenes cometidos por los cárteles contra agentes norteamericanos, en México no se ha dicho una palabra de los asesinatos, secuestros, torturas, desapariciones y redes de trata que están en el fondo de esos dos acontecimientos. La discusión política y mediática en nuestro país se ha centrado en las causas y efectos que esos hechos tienen y tendrán en la agenda bilateral, pero ha omitido poner en el centro del debate a las víctimas y la dimensión de la violencia que desde hace 19 años se ha apoderado del país con la complacencia y colusión de la clase política.
La omisión es muy grave. Muestra no sólo el desprecio por las más de 500 mil víctimas de la que esos criminales y sus organizaciones son responsables, sino también la cobardía de un gobierno y de un país que se niegan a asumir que ese horror que se ha vuelto sistemático dejó hace mucho de pertenecer al orden de la delincuencia para convertirse en crímenes contra la humanidad. Discutir si en el caso Zambada se violó la soberanía del país o si ese delincuente debe o no ser tratado con el mismo rasero que otro connacional es tan absurdo (permítanme un despropósito que cuando se habla de crímenes de lesa humanidad no lo es) como discutir si Eichmann debió haber reclamado en su momento el derecho a ser “repatriado” a una de las dos Alemanias de entonces, y Walter Ulbricht o su homólogo Henrich Lübke el deber de haber solicitado su extradición para que no se le juzgara en Jerusalén. Discutir asimismo si la entrega de 29 criminales a Estados Unidos fue una medida que dignifica al gobierno de México o una reacción de la debilidad y la precariedad política del gobierno mexicano para contentar a Donald Trump y evitar su amenaza arancelaria, o cualquier otra cosa, es igualmente absurdo. Hablar de ello, sin poner en primer plano el tamaño de la violencia que nos corroe y la descomunal cantidad de víctimas que hay en el país es silenciar y normalizar el horror y la gravedad de los crímenes que se han cometido y se cometen diariamente en México.
Más allá de lo absurdo de estas discusiones y del desaseo jurídico y político que las ha provocado y que sólo podría recomponerse declarando a esos criminales y a sus organizaciones responsables de crímenes contra la humanidad y entregándolos a una corte internacional, ambos temas ponen el dedo en la llaga de las víctimas que tanto el Estado mexicano como la mayoría de los medios se niegan a mirar, desde que Felipe Calderón desató la guerra, hasta Claudia Sheinbaum que, presionada por el gobierno de Donald Trump, combina de manera reactiva las estrategias de guerra de Calderón con los programas sociales de su antecesor y políticas migrantes inhumanas para intentar controlar la violencia y las amenazas económicas de Estados Unidos, las víctimas no existimos. Somos cifras, seres deleznables que se matan entre sí, “bajas colaterales” cuyo porcentaje es despreciable, expedientes que los aparatos de justicia no atienden, cuerpos incómodos que sin necropsia alguna se desalojan en fosas, clamores y reclamos que se despechan en las Comisiones de Víctimas reducidas a ventanillas de trámite, desplazados a los que se finge tratar humanitariamente, gente a la que no recibe ni la presidenta ni los gobernadores porque exageramos, porque sólo venimos a incomodar, a desestabilizar, a manchar la investidura, a joder, a enchinchar diría la vulgaridad de la 4T.
Todo lo que las víctimas hemos hecho en los últimos 14 años por la justicia y la paz ha sido destruido sistemáticamente. A lo largo de esos años, los distintos gobiernos de México han buscado desaparecernos destruyendo las Comisiones de Víctimas y de Búsqueda que creamos con el sufrimiento de nuestros muertos y desaparecidos. Las han ido reduciendo a la inanición para convertir a sus comisionados en seres perrunos que, como Rosario Piedra, sirvan a los intereses del Estado y al encubrimiento de la criminalidad.
Las víctimas somos las grandes ausentes de una tragedia humanitaria que no sólo nos afecta directamente, sino que tiene sometido al país entero. Por ello, el Estado y los medios de comunicación han podido y pueden perder el tiempo discutiendo sobre la agenda biltateral con Estados Unidos teniendo como centro criminales a los que lo único que les corresponde es la aplicación de la justicia venga de donde venga. La corrupción que desgarra a México, la inoperancia de los organismos internacionales para asumir su responsabilidad frente a los crímenes contra la humanidad que desde hace más de una década desgarran a México y al país vecino, no dan por desgracia para otra cosa. Mientras México no ponga en el centro de la violencia a las víctimas, no se declare en estado de emergencia y no construya a partir de ello una política integral de justicia y paz, ni el Estado mexicano ni el país lograrán rehacerse.
Seremos cada vez más rehenes de violencias extremas, de criminales como los que ocupan la “discusión pública” y de políticas externas que buscaremos complacer de manera puramente reactiva y a costa de esfuerzos tan estériles como inútiles e inhumanos. Negar a las víctimas, buscar enterrarlas bajo cortinas de humo para seguir pactando con organizaciones criminales y encubriendo capos y funcionarios coludidos con ellos, es la mejor forma de continuar cavando la fosa donde un día, no muy lejano, desaparecerá el país entero.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México.
Con información de Proceso
