Imponer prisión preventiva oficiosa a terrorismo y tráfico de armas no da mejores herramientas para la seguridad: especialistas
Oscar Nogueda Romero
La iniciativa de reforma para sancionar con prisión preventiva oficiosa el tráfico de armas, el terrorismo y los intentos de intervención sin permiso por parte de extranjeros tendrían poco impacto en la reducción de la incidencia delictiva, además de que medidas similares ya están contempladas en la ley mexicana, señalaron especialistas a El Sabueso.
En la propuesta aprobada en Comisiones de la Cámara de Diputados y que se prevé se discuta este martes en el pleno, también se contempla explicitar en la Constitución la prohibición de que instituciones de justicia extranjeras como el FBI o la DEA investiguen o persigan personas en territorio nacional sin consentimiento del gobierno mexicano, y restringir cualquier intervención extranjera en el país, aunque esto ya está regulado en la Ley de Seguridad Nacional, donde sólo se contempla su presencia para labores de intercambio de información y bajo acuerdos de cooperación.
Este dictamen se da luego de que Estados Unidos designó seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, medida que Sheinbaum consideró como una medida unilateral que podría derivar en acciones como una intervención en territorio mexicano de parte de funcionarios de EU.
“Nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos y no estamos de acuerdo en cualquier tipo de injerencia o de intervención, si lo queremos llamar así. Entonces, estamos protegiendo a México frente a una posible acción que pudieran llegar a plantear en este sentido”, aseguró la presidenta el 21 de febrero pasado, al día siguiente de presentar la iniciativa de reforma.
PPO no frenará el tráfico de armas
La iniciativa plantea sumar a los delitos sancionados con prisión preventiva oficiosa el terrorismo, así como la participación de cualquier persona nacional o extranjera en la fabricación, distribución enajenación, traslado o internación de armas de forma ilícita a México.
También prevé aplicar esta medida a cualquier extranjero que realice actividades consideradas como intervención, intromisión o cualquier acto del extranjero lesivo de la soberanía, independencia e integridad nacional, como la investigación o persecución alguna sin la autorización del gobierno de México.
Entre ellos enlista las siguientes acciones: “golpes de estado, injerencias en elecciones, o la violación del territorio nacional por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.
Desde el sexenio anterior, el gobierno encabezado por el expresidente López Obrador amplió el catálogo de delitos sancionados con prisión preventiva oficiosa de seis a 20, aunque expertos señalan que esto no dota de herramientas para investigar y perseguir la criminalidad.
“Con la manera en que lo plantea la presidenta, de que es la pena más severa, así como la prisión preventiva oficiosa, una vez más estamos cayendo en esta situación que se ha hecho en México de igualar la prisión preventiva oficiosa a una sanción. ¿No? Cuando es una medida cautelar”, comentó Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.
Como te contamos en el especial “Prisión preventiva: el arma que encarcela pobres e inocentes”, con datos a 2020, el 70% de las personas a las que se les aplicó la medida de prisión preventiva oficiosa o automática son personas de escasos recursos.
La incidencia de algunos delitos como la extorsión, sancionada con esta pena, creció 44%, mientras que los homicidios dolosos tuvieron una reducción de 17%, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aunque las víctimas de este delito aumentaron en el último año.
Expertos consultados por El Sabueso de Animal Político coincidieron en que las propuestas de reforma de la Presidenta no otorgan nuevas herramientas a fiscalías y policías para atender y perseguir el tráfico de armas, y delitos cometidos en el país.
Además, subrayaron la necesidad de que si el gobierno de Estados Unidos busca realizar labores de investigación en el territorio mexicano, tiene que hacerse de forma transparente y en colaboración con el gobierno.
“(La reforma) no ayuda a que la investigación sea más sólida; no da nueva tecnología o nuevas capacidades para utilizar técnicas especiales de investigación que se ha recomendado por los órganos especializados en persecución del crimen. No cambia nada de lo que ya está regulado. Si cometes un delito en México, seas mexicano o de otra nacionalidad, hay una sanción”, dijo el abogado Eliud Tapia a El Sabueso.
¿Qué implica el terrorismo en México?
Tras el nombramiento de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas de parte de Estados Unidos, la presidenta de México decidió también intensificar las sanciones a personas extranjeras en caso de que cometan actos que se consideren terroristas en o desde México.
La iniciativa propone aplicarles también prisión preventiva oficiosa, sin definir a qué se refiere como terrorismo. Sin embargo, otras normas vigentes sí describen este delito.
Por ejemplo, el Código Penal Federal señala que el terrorismo es cuando utilizando sustancias, armas u otros materiales se realicen intencionalmente actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población para atentar contra la seguridad nacional o presionar a una autoridad.
Mientras que regulaciones como la Ley de Seguridad Nacional o la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada contemplan la figura de terrorismo, pero no detallan nada al respecto de su combate y una posible participación de fuerzas armadas extranjeras.
Como te contamos en esta nota, expertos consultados por El Sabueso explicaron que los cárteles como los mexicanos no caben hasta ahora en la definición de agrupaciones terroristas, pues persiguen motivaciones principalmente económicas y no ideológicas, como las segundas.
Soberanía nacional ya está garantizada en la Constitución
Durante su campaña, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que combatiría directamente a los cárteles mexicanos y amenazó incluso con enviar escuadrones armados a México para destruir narcolaboratorios y asesinar a líderes criminales. Ello como medida para contener el envío de fentanilo a ese país, droga que ha sido la principal causa de los más de 100 mil fallecimientos por sobredosis reportados anualmente en EU desde 2020.
Mientras que desde principios de febrero, los medios estadounidenses CNN y NYT reportaron la realización de vuelos de drones a cargo de la Agencia Central de Inteligencia Estadounidense (CIA, en inglés) en territorio mexicano; aunque tanto el gobierno de Estados Unidos como el mexicano dijeron que se trataba de operaciones de cooperación. Incluso, la Secretaría de la Defensa mexicana negó que fuera una invasión al espacio aéreo nacional.
Ante este escenario, y la preocupación de una eventual operación por parte del gobierno estadounidense sin avisar a las autoridades de México, otra de las medidas que promueve la iniciativa de Sheinbaum es la adición de dos párrafos al artículo 40 constitucional, para perseguir intervenciones o investigaciones extranjeras en el país sin el consentimiento del gobierno.
“El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano en el marco de las leyes aplicables”, se lee en la iniciativa..
Al respecto el especialista en derecho constitucional, Francisco Burgoa, aseguró en su cuenta de X que la soberanía nacional ya está reconocida en la Constitución mexicana y en el derecho internacional.
Por otro lado, Camacho consideró que plasmar estas modificaciones en la Constitución no tiene impacto en la defensa de la soberanía del país, pues todo ello está regulado en el marco del derecho internacional.
“Este tema de injerencias, en un ámbito más de carácter de derecho internacional, no tendría por qué estar en nuestra Constitución y no tendría por qué estarse mirando a temas o a sanciones de carácter penal. Lejos de ayudar o de promover ver algún tipo de defensa de México ante una situación de invasión o golpe de estado, creo que a lo que nos está enfrentando es a pretender dar soluciones que en realidad no significan nada”, sostuvo.
Con información de Animal Político
