¿Cuidar la dignidad institucional?
José Antonio Sosa Plata
La atención que generó el viaje del senador Gerardo Fernández Noroña a Francia la semana pasada no puede pasar desapercibida. Si bien para algunos estamos frente a un incidente menor, para otros, lo sucedido amerita medidas correctivas contra el mal uso de los recursos públicos.
El hecho está relacionado con dos objetivos. El primero tiene que ver con las medidas de austeridad del nuevo gobierno. El segundo, con la congruencia que deben mostrar los líderes de Morena frente a las acciones para acabar con la corrupción anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.
En cuanto a la austeridad, es necesario que todas y todos los servidores públicos hagan su mayor esfuerzo para ajustarse a la normatividad y al presupuesto autorizado. Sin embargo, lo que resulta difícil es dar los mejores resultados y cumplir los compromisos asumidos con la población.
En relación con la congruencia, el reto consiste en no mostrar los excesos que derivaron en actos de corrupción, desvío de recursos y abusos de poder en favor de la imagen de funcionarios. El problema aquí consiste en que llevar la austeridad a un nivel extremo termina afectando la dignidad e imagen pública de quienes representan nuestras instituciones.
El cuidado de la dignidad de las y los servidores públicos es un tema prioritario de la administración pública y también de la comunicación política. Los líderes tienen derecho a defenderla en todo momento, no sólo por lo que representa para su reputación. También por la dignidad que deben mantener las instituciones frente a todas las audiencias.
El concepto de dignidad institucional está directamente vinculado al respeto que se debe tener a quienes representan y dirigen las instituciones. Por un lado, porque son fuente de legitimidad del Estado. Por el otro, porque se tienen que mantener en alto los valores y principios que justifican su existencia.
En términos prácticos, las y los servidores públicos deben inspirar autoridad y respeto. Para lograrlo, es absolutamente indispensable el uso de algunos recursos que fortalezcan los símbolos de poder que lo favorezcan.
¡Pero, cuidado! La discusión pública de lo que algunos consideren inapropiado no debe ser objeto de censura. Por el contrario. Hay que garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información. Y si las autoridades no responden con sensibilidad y eficacia, tienen que considerar en su análisis de riesgos los daños que puede ocasionar a la dignidad institucional.
En congruencia con los alcances y limitaciones del concepto, la dignidad institucional justifica el pago justo por sus servicios a las y los funcionarios. También los gastos indispensables para el desempeño de sus labores. Y las decisiones, por duras que sean, que faciliten o incrementen la eficacia de sus acciones en beneficio de la sociedad.
Sin embargo, muchos gobiernos han confundido a la población con decisiones que, a final de cuentas, ponen a la demagogia y la falsa retórica por encima de la eficacia; buscan el apoyo electoral de la ciudadanía, sin importar los efectos negativos de las carencias y limitaciones que provocan con sus decisiones; o ponen el énfasis en las medidas de austeridad que toman, en lugar de dar los resultados a los que están obligados.
Parte de esta distorsión la generó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Primero, con el automóvil Tsuru que utilizó cuando fue Jefe de Gobierno de la CDMX. Luego, con la reducción de su salario y el de las y los integrantes de su gabinete. Y después con la fallida venta del avión presidencial.
En todos los casos, la búsqueda de apoyo y simpatía se antepuso a la seguridad y la eficacia que requiere un primer mandatario. En contraste, muchos de los altos funcionarios del actual gobierno muestran en las imágenes de los medios el uso excesivo de recursos públicos, sin justificar sus acciones con argumentos sólidos y sustentados jurídicamente.
La experiencia reciente confirma que la dignidad institucional requiere un equilibrio entre evitar los excesos y asegurar que las figuras de autoridad cuenten con los recursos necesarios para el cumplimento oportuno y eficaz de sus funciones. Es decir, el gasto debe ser percibido por la gente como legítimo y necesario.
El respeto, la legitimidad y el prestigio institucional se obtienen de mejor manera cuando se gasta o invierte lo necesario para cumplir el objetivo. En contraste, la dignidad institucional, la gobernabilidad y la confianza ciudadana no se logran con la austeridad extrema o manipulada mediáticamente, porque esto debilita la presencia y el peso simbólico del Estado.
Aún más. Es cierto que se deben evitar los derroches y privilegios desmedidos. El historial de abusos que hemos visto durante décadas fue generador de enojo y desconfianza. Pero también lo es que la transparencia, la rendición precisa de cuentas y una buena comunicación son la clave cuando se busca mantener el respaldo de la sociedad.
Que no haya duda: los símbolos de poder están asociados con el uso de recursos financieros y materiales. Sin éstos, simplemente no hay poder. No se trata de gastar menos ni de simular. Si las autoridades no son capaces de explicar con claridad y transparencia un viaje, las reacciones seguirán siendo negativas.
Con información de La Silla Rota
