En busca de la redención del Poder Judicial
Ricardo del Muro
El camino a la redención del Poder Judicial en México ha iniciado con un llamado al voto ciudadano para elegir a jueces y magistrados, cuya labor será supervisada y tendrá controles más severos, gestionados desde del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que, según afirman sus defensores, representa una esperanza para castigar la corrupción y restaurar la confianza en la justicia.
Las magistraturas propuestas para el Tribunal de Disciplina Judicial han sido identificadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) con el color verde menta –y así aparecerán en la boleta–. Las y los cinco magistrados que lo conformarán se encargarán de investigar y sancionar prácticas contrarias a la Constitución y la Ley que cometan Jueces, Magistrados y Ministros.
En palabras de la doctora Anabel Gordillo Argüello, candidata a una magistratura (identificada en la boleta con el número 06), este Tribunal “representa la posibilidad real de construir una justicia que se corrija a sí misma, con reglas claras, transparencia y compromiso con la gente. No se trata de perseguir jueces, sino de proteger el valor de sus decisiones. Porque cuando hay integridad judicial, hay confianza social. Y cuando falla esa confianza, se rompe el vínculo entre la ciudadanía y el Estado”.
“La elección popular no garantiza por sí misma que un juez vaya a ser honesto”, admite el ministro en retiro, Arturo Zaldívar, uno de los principales arquitectos de la reforma judicial, pero asegura que todo el rediseño, con un Tribunal de Disciplina que va a vigilar de manera más sistemática e intensa lo que pasa en el Poder Judicial, sí puede ser un inhibidor. “La reforma – puntualiza– hay que verla como un todo. Limpiar la corrupción es uno de los aspectos pero no el único”.
¿Y no bastaba con crear el Órgano de Administración y el Tribunal de Disciplina?, le preguntaron a Zaldívar en una reciente entrevista publicada en El País.
“En 2021 –contestó el ministro–, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando yo era presidente de la Corte, apoyó una reforma que partió desde dentro para tratar de generar controles en el Poder Judicial: combatir la corrupción, el nepotismo, el acoso sexual. Todo esto se logró y el presidente estaba tranquilo con ese propósito de autoreforma.
“Pero, cuando llega Norma Piña y echa para atrás todos los avances, y se pone como líder de un Poder Judicial que solapa la corrupción y se constituye como una fuerza de oposición aliada a la oligarquía que trata de detener la transformación del país, pues no que más alternativa que proponer una reforma distinta, que viniera desde fuera, ya que el Poder Judicial no fue capaz de reformarse desde dentro” (El País, 4 de abril).
La controvertida reforma al Poder Judicial, considerada el cambio más profundo a la judicatura de los últimos 30 años, fue aprobada por el Congreso en la madrugada del miércoles 5 de septiembre de 2024 con 86 votos a favor y 41 en contra. Sin embargo, siguió la resistencia a través de amparos, por lo que los diputados morenistas tuvieron que impulsar, el 30 de octubre, la iniciativa de Supremacía Constitucional.
Finalmente, el ministro Alberto Pérez Dayán emitió el voto decisivo, en la sesión de la SCJN del 5 de noviembre, argumentando que las acciones de inconstitucionalidad eran improcedentes contra las reformas a la Constitución.
La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el 20 de diciembre de 2024, en su artículo 134 señala que Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) será un órgano autónomo que tiene por objeto “la investigación, substanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos que desempeñan funciones jurisdiccionales en el Poder Judicial de la Federación, así como la resolución de los recursos de revisión en los procedimientos administrativos del personal administrativo tratándose de faltas graves”.
De igual forma el TDJ es el órgano “encargado de la evaluación y seguimiento del desempeño de las Magistradas y Magistrados de Circuito y las Juezas y Jueces de Distrito y, el encargado de resolver los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores públicos, así como los que se susciten entre la SCJN y sus empleados y empleadas”.
Con información de La Silla Rota
