Revés a México en Suprema Corte de EU: desestima demanda contra armerías
Diego Joaquín Hernández
La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó este jueves de forma unánime la demanda presentada por el gobierno de México contra fabricantes de armas estadounidenses. La querella, presentada en 2021, buscaba responsabilizar a estas empresas por la violencia generada por cárteles en territorio mexicano y solicitaba 10 mil millones de dólares en daños, además de una orden judicial para imponer restricciones a la comercialización y distribución de armas.
La jueza Elena Kagan, quien redactó la opinión mayoritaria, argumentó que la demanda está impedida por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), una legislación federal de 2005 que otorga inmunidad legal a los fabricantes de armas de fuego en ciertos casos.
La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que “son dos juicios”, y pidió tiempo para conocer la medida. “Vamos a ver cuál es el resultado y les informamos”.
México sostuvo que su demanda se encontraba dentro de una excepción contemplada por dicha ley, la cual permite acciones legales cuando una empresa ha violado deliberadamente las leyes sobre armas de fuego y esa violación ha causado un daño directo. La Corte Suprema decidió revisar el caso luego de que una instancia inferior permitiera que la demanda continuara.
El litigio fue respaldado por grupos defensores del derecho a portar armas como la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) y la Coalición de Política de Armas de Fuego, así como por líderes del Partido Republicano, más de 30 legisladores de ese partido, 26 fiscales generales estatales republicanos y la Cámara de Comercio de EE. UU.
La demanda incluía a siete fabricantes de armas y un mayorista, entre ellos Smith & Wesson y Glock. México alegaba que estas empresas facilitaron la violencia al no implementar medidas adicionales para evitar que sus productos llegaran a manos de organizaciones criminales. La mayoría de las empresas habían sido ya excluidas del caso por otros motivos legales, aunque dos de ellas permanecían involucradas hasta la resolución de hoy.
Contexto: En agosto de 2021, el gobierno de México presentó una demanda civil en una corte federal de Boston, Massachusetts, contra varias fabricantes de armas estadounidenses, incluyendo a Smith & Wesson, Barrett Firearms, Colt’s Manufacturing Company, entre otras. El argumento central del gobierno mexicano fue que estas empresas eran responsables de facilitar, de manera negligente e ilícita, el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano, lo que ha alimentado la violencia vinculada al crimen organizado.
La demanda, encabezada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) bajo la administración de Marcelo Ebrard, fue una acción sin precedentes en la diplomacia mexicana. México alegó que las empresas diseñan, distribuyen y comercializan armas sabiendo que muchas de ellas terminarán en manos de los cárteles del narcotráfico, lo que ha contribuido a la crisis de inseguridad en el país. El gobierno pidió una compensación económica estimada en 10 mil millones de dólares y cambios estructurales en las prácticas de venta y distribución de armas.
Sin embargo, en septiembre de 2022, la demanda fue desestimada por la jueza F. Dennis Saylor, quien determinó que las empresas estaban protegidas por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), la cual otorga inmunidad a los fabricantes frente a demandas por los usos criminales de sus productos. México apeló esta decisión en enero de 2023, y el caso pasó a la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos.
La estrategia legal del gobierno mexicano ha sido respaldada por organizaciones de derechos humanos, expertos en control de armas y varios fiscales estatales de Estados Unidos. Además, el caso ha puesto en el centro del debate internacional el impacto que tiene el comercio de armas estadounidense en la seguridad interna de otros países, particularmente en América Latina. A pesar de los obstáculos legales, México sostiene que esta demanda es una vía clave para frenar la violencia armada y exigir responsabilidad a las corporaciones armamentistas.
El pasado 2 de mayo, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó a la fiscal general, Pam Bondi, a aplicar “mano dura” contra el tráfico de armas, dijo Brendan Iber, agente especial de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), en Phoenix, Arizona.
“Su orden es bajar el tráfico de armas y es por eso que han designado a algunas de estas organizaciones como organizaciones terroristas”.
Con información de La Silla Rota
