UAS: Entre la misión educadora y la exigencia de lo imposible
Alvaro Aragón Ayala
Exigir a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) el sostenimiento de una jubilación dinámica de carácter extralegal -carente de anclaje en el texto constitucional y en la Ley Federal del Trabajo- es, en esencia, una distorsión ontológica de la institución. Convertir a la Academia en una entidad de previsión social, un simulacro del IMSS o del ISSSTE, fractura la teleología universitaria. La universidad existe para el desinteresado cultivo del saber, no para su propia asfixia financiera. Subordinar la luz del conocimiento a la lógica de una pagaduría de beneficios duplicados es, en última instancia, un acto de suicidio institucional que desvirtúa la razón de ser de la Casa de Estudios.
Para intentar transformar a la institución exclusivamente en una “caja de pagos jubilatorios”, una minoría opositora ha construido un simulacro de narrativa: el relato del “desamparo”. Se intenta instaurar la falacia de que la universidad abandona a sus retirados a la indigencia al no cubrir -dicen- la jubilación dinámica. Nada más alejado de la realidad fenoménica. Se les paga pero, además, la comunidad en retiro, en su vasta mayoría, habita otros espacios de la vida pública: son docentes activos en otras instituciones, litigantes, comerciantes o servidores públicos, etc. No están en un estado de desprotección vital, sino ante el deseo, profundamente humano pero insostenible, de perpetuar una doble percepción sin que exista una fuente de financiamiento que legitime tal abundancia.
La Casa Rosalina no ignora el peso de la historia personal de sus jubilados ni pretende el olvido. Simplemente, se ajusta a la realidad fáctica dictada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) apoyada en rigurosos diagnósticos actuariales. Así, ante el estrangulamiento del presupuesto, la universidad y el SUNTUAS gestaron el Fideicomiso Pro-Jubilación. Este instrumento no es una cortapisa, sino una invitación a la ética de la corresponsabilidad, un esfuerzo solidario -del 5 al 20 por ciento – para que el retiro, más que un privilegio erosivo, sea una construcción sostenible en el tiempo.
¿Es admisible o no entonces demandar una pensión vitalicia del IMSS y, en simultáneo, un segundo haber de retiro equivalente al cien por ciento del sueldo en activo, pagado desde el presupuesto operativo de la Universidad? La institución no posee la ubicuidad del infinito; su liquidez tiene un límite. Reconocer esto no es un acto de mezquindad, sino el ejercicio de una prudencia aristotélica: ningún derecho derivado puede reclamar una absolutividad tal que destruya al ente que le da vida. Quebrar a la universidad para pagar una jubilación es destruir el hogar que permitió el retiro mismo.
La dignidad del jubilado es un valor innegociable, pero la controversia actual obliga a cuestionar si es o no ético y moralmente defendible coaccionar a un centro educativo para que financie un esquema extralegal ilimitado sin tener, a su vez, una reserva que lo sustente. La moral no puede disociarse de la realidad material. Exigir lo imposible bajo el velo del “derecho adquirido” o la “justicia” es, en términos kantianos, una contradicción que invalida la pretensión moral, pues si el acto termina con la capacidad operativa de la universidad, el acto mismo se vuelve éticamente nulo.
El Fideicomiso Pro-Jubilación nace, por tanto, como una respuesta dialéctica para salvar la prestación ante el abismo de la disolución. Su objetivo es desvincular el pasivo laboral del presupuesto operativo, intentando salvar el futuro mediante el esfuerzo compartido. La disyuntiva era tajante: o la comunidad abrazaba la solidaridad financiera, o la inercia del déficit, como un destino ineludible, terminaría por disolver la capacidad de pago total de la universidad. El fideicomiso es, ante todo, un pacto de supervivencia frente a la inminencia del colapso.
Existe, no obstante, una contradicción ética en el discurso de la resistencia. Se invoca la transparencia como imperativo para fiscalizar el presente, pero se practica una ceguera deliberada ante la transparencia de los números actuariales del futuro. No se pueden esquivar las proyecciones que dictan la muerte del modelo tradicional jubilatorio. Oponerse a la aportación solidaria, mientras se exige la percepción íntegra, es reclamar un privilegio desprovisto de la ética del compromiso. Es, en última instancia, pretender ser parte del cuerpo universitario en retiro negándose a nutrir su sistema circulatorio.
En la estructura de la gestión institucional, ninguna auditoría puede anular las leyes de la matemática actuarial ni pasar por encima de la Constitución. El equívoco conceptual es profundo: confunde la verificación del gasto -la mirada hacia atrás- con la sostenibilidad del compromiso -la mirada hacia adelante. El balance matemático-contable-administrativo es positivo, en tanto que la quiebra no es una opinión política, sino es una certeza inexorable de la naturaleza de los números. La realidad no cede ante la declamación, ni la voluntad política puede alterar la suma de los activos y pasivos.
En el plano del derecho superior, el dogma laboral choca contra el orden constitucional que hoy exige que las jubilaciones complementarias tengan un sustento en fondos de reserva reales. La ley protege al trabajador, pero también exige que la previsión social se edifique sobre bases de corresponsabilidad. La inacción, o la pretensión de que la universidad es una fuente inagotable de recursos mágicos, no está amparada por ninguna norma. Tutelar el retiro implica, ineludiblemente, proteger la fuente que genera los recursos para el mismo.
Buscar, entonces, refugio en el litigio sin asumir la responsabilidad del Fideicomiso es una ilusión procesal, un autoengaño incentivado por quienes ven en la desinformación un mercado. El “derecho adquirido” tiene un límite natural: la existencia de la institución. Ninguna estrategia jurídica puede obligar a lo técnicamente imposible, ni puede convertir a una universidad en un ente capaz de violar los principios de la economía elemental.
Defender a la UAS exige recordar su causa teleológica: nació para formar mentes y enriquecer la cultura, no para ser una caja de compensación sin fondo. La verdadera ética universitaria es la que garantiza que la institución sobreviva para las generaciones por venir. La insolidaridad que se niega a contribuir al Fideicomiso carece, al final del día, de sustento técnico, jurídico y, sobre todo, de altura moral. Quien ama a su Alma Mater no busca exprimirla hasta la asfixia, sino trabajar para que su luz no se apague jamás.
