SINALOA: EL ROCHISMO, ENTRE LA REPRODUCCIÓN Y LA MUTACIÓN POLÍTICA
El grupo del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya puede conservar espacios de representación, posiciones administrativas y margen de negociación burocrática; pero si la definición de las candidaturas se toma de forma ajena a su consulta, habrá sufrido un desplazamiento estratégico definitivo.
Alvaro Aragón Ayala
En Sinaloa, el rochismo conserva formalmente el control institucional del Estado y mantiene influencia administrativa sobre la red de alcaldías, pero atraviesa una severa crisis. Su encrucijada no radica únicamente en el antagonismo coyuntural entre las facciones locales por la Coordinación para la Defensa de la Transformación, ni tampoco en el cerco judicial estadounidense. En términos de la ciencia política clásica, el predicamento de Rubén Rocha Moya consiste en el riesgo de que el poder deje de ejercerse desde su centro formal y comience a operar desde otros núcleos de decisión y poder. El punto decisivo, por tanto, es la posibilidad de que pierda -o vea sensiblemente reducida- su facultad para definir el rumbo sucesorio y participar con capacidad de veto en la confección de las listas de candidaturas a la gubernatura, alcaldías y diputaciones.
Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, planteó en “El espíritu de las leyes” una distinción fundamental entre la forma institucional y la sustancia del poder: las instituciones pueden conservar su apariencia formal aun cuando hayan perdido parte de la fuerza real que originalmente las sostenía. Ésta es, precisamente, la frontera entre preservar el aparato de gobierno y retener el poder de decisión. Un grupo político puede administrar presupuestos, conservar la lealtad funcional de alcaldes y legisladores, desplegar capacidad de movilización, mantener redes de patronazgo e incluso conservar la investidura formal; sin embargo, si pierde el derecho de veto sobre el diseño del futuro, deja de ser el centro político de gravedad y comienza a convertirse en una estructura predominantemente administrativa. En las dinámicas del poder, la incapacidad para intervenir decisivamente en la sucesión suele anticipar la fase final de un ciclo hegemónico.
Bajo esas premisas, ¿cuándo la supervivencia institucional vuelve a convertirse en potestad ejecutiva real? En la lectura política de Nicolás Maquiavelo, particularmente en “El Príncipe”, la posesión de estructuras no dota por sí misma de virtud política ni garantiza la conservación del principado cuando el soberano pierde el control sobre la sucesión de sus mandos. Poseer un aparato político no equivale a monopolizar las candidaturas; presidir las estructuras edilicias no garantiza colocar al sucesor en la gubernatura; y ostentar mayorías parlamentarias tampoco concede, por sí mismo, capacidad de arbitrio frente al centro de decisión, particularmente frente a Palacio Nacional.
A esta vulnerabilidad estructural se suma ahora un factor reputacional de considerable peso: las investigaciones y señalamientos judiciales provenientes del extranjero. La acusación presentada en abril por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha y diversos funcionarios por presuntos vínculos con la delincuencia organizada altera sustancialmente el balance político y eleva el costo de asociación con el grupo gobernante, contexto que derivó en la solicitud de licencia temporal del gobernador. Más allá de la dimensión estrictamente jurídica del expediente, el impacto político reside en la manera en que las acusaciones modifican las condiciones bajo las cuales el liderazgo nacional debe evaluar la continuidad de una intermediación local.
Ahora bien, argumentar que Washington coordina deliberadamente la destrucción del grupo gobernante carece, hasta este momento, de evidencia empírica suficiente; atribuirle ese objetivo exclusivo pertenece al terreno de la hipótesis no verificada. No obstante, desde la lógica de la razón de Estado, la apertura de un proceso penal internacional modifica de inmediato el cálculo estratégico de la dirigencia nacional de Morena. La premisa de la cúpula central no necesariamente es jurídica ni se refiere, en primera instancia, a la inocencia o culpabilidad de los señalados; responde, sobre todo, a una ecuación de costo-beneficio electoral y riesgo reputacional: ¿cuánto capital electoral puede perder Morena al mantener asociada su marca con el rochismo y qué rentabilidad política obtiene al conservar esa intermediación frente a la posibilidad de una intervención directa del centro nacional de poder?
Si la dirigencia nacional concluye que la viabilidad electoral de Morena en Sinaloa no requiere de la mediación de Rocha Moya, la capacidad de negociación del grupo local disminuirá sensiblemente. Más aún, si se proyecta que la asociación pública con un grupo sometido a escrutinio judicial puede comprometer la narrativa ética y política del proyecto de Morena tanto en Sinaloa como en el ámbito nacional, el argumento de la Ciudad de México para retirar al gobernador saliente el control sustantivo de la sucesión podría adquirir un peso determinante. En ese escenario, el problema dejaría de ser exclusivamente quién gobierna hoy y pasaría a ser quién tiene capacidad efectiva para decidir quién gobernará mañana.
Por otra parte, existe el riesgo de que las distintas facciones de Morena operen como agentes de desgaste y opten por fragmentar la mesa de negociación, absorber cuadros del grupo oficial, disputar los distritos estratégicos y reducir progresivamente el margen de maniobra del gobernador con licencia hasta despojarlo del derecho de selección unilateral. Desde la lógica de la inteligencia política, cuando una facción dirigente conserva cierta gravitación institucional, pero pierde el control de las candidaturas, su estatus se transforma: deja de ser la corriente hegemónica y comienza a funcionar como una facción interna obligada a negociar concesiones. La diferencia parece semántica, pero en realidad marca un cambio profundo en la arquitectura del poder.
Por ello, el verdadero barómetro político del rochismo no se encuentra exclusivamente en el número de alcaldes subordinados, en el control de la bancada local ni en la capacidad para organizar o proyectar eventos públicos. Su indicador crítico está en otro lugar: determinar si conserva la autoridad política e institucional suficiente para condicionar la decisión final sobre la gubernatura y sobre las posiciones legislativas estratégicas. Si mantiene esa capacidad, podrá preservar su ciclo de reproducción política; si la pierde, comenzará a consumarse su transición de grupo hegemónico a grupo subordinado dentro de una nueva estructura de poder.
En este contexto, el proceso de elección del o la Coordinadora para la Defensa de la Transformación debe entenderse como parte de un reordenamiento político en curso que no necesariamente exige la erradicación del rochismo; basta con prescindir de su intermediación sucesoria. Existe, en efecto, una diferencia operativa entre desmantelar un grupo político y despojarlo de la potestad de designación. El grupo local puede conservar posiciones administrativas, espacios de representación, interlocución institucional y margen de negociación burocrática; pero si las definiciones de las candidaturas se toman sin consultarlo o al margen de sus intereses estratégicos, habrá experimentado un desplazamiento político definitivo. Puede permanecer dentro del sistema sin seguir ocupando el centro del sistema.
De ahí que la vulnerabilidad final del rochismo pueda encontrarse en la pérdida de su capacidad para reproducirse políticamente a sí mismo. Un grupo político concluye su ciclo hegemónico cuando pierde la facultad de imponer candidaturas, negociar en posición de fuerza con el centro y garantizar la continuidad de sus cuadros estratégicos. El síntoma primario de esa transición aparece cuando las redes operativas dejan de consultar al liderazgo saliente y comienzan a buscar interlocución con el nuevo centro de decisión, como ya ocurre con algunos diputados locales y federales a quienes Rubén Rocha impulsó políticamente. El desplazamiento, en estos casos, no requiere una ruptura pública: puede manifestarse silenciosamente mediante nuevos canales de comunicación, nuevas lealtades y nuevas expectativas sucesorias.
En consecuencia, el cuestionamiento relevante para el análisis no se limita al impacto de los expedientes judiciales ni a las presiones ejercidas por las corrientes internas de Morena. El punto central consiste en determinar si la dirigencia nacional podría concluir que el costo político de mantener la mediación del rochismo supera su rentabilidad electoral. De confirmarse ese diagnóstico, la dinámica política de Sinaloa entraría en una etapa distinta: la sustitución progresiva de una hegemonía regional por la consolidación de un mando nacional más unificado, con capacidad para controlar la sucesión y administrar el electorado sin depender de manera determinante de los intermediarios locales. La transición del rochismo, en ese escenario, no significaría necesariamente su desaparición, sino una mutación políticamente más profunda: dejar de ser el poder que decide para convertirse en el poder que negocia.
