La propuesta (completa) del proyecto de nación que impulsa Ricardo Monreal

Leticia Robles de la Rosa

El senador Ricardo Monreal Ávila, hizo pública su propuesta de democracia y participación ciudadana para el proyecto de nación que impulsa.

Hay aspectos que llaman de inmediato la atención. Se define como socialdemócrata, la ley sí es la ley, son necesarias las OSC y le dice no a partidos antidemocráticos.

El siguiente es el texto compartido por el senador. 

La socialdemocracia está profundamente comprometida con el Estado de
Derecho, lo cual implica invariablemente respetar la Constitución y las leyes
que de ella emanen, y cuya acción política se desarrollará dentro de la
legalidad y en abierto rechazo a la violencia como vía para hacer avanzar sus
intereses. Es una de las causas fundamentales lograr que la ley se convierta en
México en el marco real de las relaciones sociales, y no sólo un referente con
el cual se negocie.
Un Estado sin seguridad jurídica está destinado al fracaso porque, por
ejemplo, los inversionistas nacionales y extranjeros carecerían de incentivos
para la creación de nuevas empresas y de los empleos correspondientes, tan
necesarios hoy. Debemos reforzar el respeto por la ley, tanto ciudadanos como
autoridades deben entender que es necesaria para mantener la cohesión
social. Lo importante, como decía Montesquieu es que “la fuerza de la ley sea
aplicable a todo el mundo”.1
Es imprescindible una reforma integral al sistema de impartición y
procuración de justicia que permita combatir efectivamente el crimen, que
termine con la impunidad de los que lo cometen, y que permita ejercer
plenamente el derecho ciudadano a la seguridad pública y al respeto de los
derechos humanos.
En democracia, debemos ser respetuosos de la diversidad, no somos un país
monocromático por lo que cada color debe quedar sumarse al conjunto para
poder alcanzar un mural que nos represente a todos.
De acuerdo con nuestra Constitución, sostenemos que el laicismo es un
principio básico de convivencia en una sociedad plural y heterogénea; como
una conquista civilizatoria irrenunciable y lo entiende como el principio que
garantiza que las religiones no tengan influencia en el Estado, ni que el Estado
intervenga en los asuntos religiosos.
Deploramos cualquier programa de corte conservador o comprometido con
un proyecto de velada restauración. La socialdemocracia está proyectada
hacia el futuro. Se propone colocar al pensamiento de la izquierda
democrática -fuera de todo ánimo de revancha y libre de toda parálisis y
dogmatismos- en el centro de la construcción de ese espacio de coexistencia
política que requiere México en los albores del nuevo siglo.
Para consolidar el estado de derecho, se debe tener la certeza de que la ley es
la ley.
A) DEMOCRACIA
En México, la democracia pasó de ser una promesa incumplida a una
experiencia en construcción. Durante décadas, la lucha política desde las
izquierdas en México, y particularmente de la izquierda democrática, se
concentró en la apertura de un régimen construido férreamente para
garantizar la reproducción del sistema político mexicano bajo sus propios
términos.
A pesar de la existencia de un sistema electoral poco competitivo y de la
celebración periódica de elecciones para la renovación de los poderes
públicos, el modelo estaba diseñado para garantizar la existencia mínima de
una oposición que permitiera legitimar las acciones del régimen político. Sin
que ello se tradujera en la incorporación real de la agenda social y democrática
a las tareas de gobierno.
Sin embargo, el clima de descontento social y político, llevó al modelo a sus
límites. La falta de apertura a la pluralidad política, así como represión y
violencia como única respuesta, orilló a la sociedad civil a tomar partido entre
una estrategia insurgente o la lucha institucional sin apostar a la ruptura del
orden constituido sino a su transformación. La izquierda democrática, por su
parte, emprendió el camino de la lucha política dentro de las instituciones
hasta lograr reformarlas para beneficio colectivo.
El punto de inflexión fue, sin duda, el proceso de reforma político-electoral de
1977 que sentó las bases para la democratización del régimen político. A partir
de la incorporación de nuevas organizaciones partidistas a la arena electoral,
principalmente de izquierda, se abrió progresivamente la puerta a la
pluralidad política a al mismo tiempo que se luchaba por garantizar
condiciones justas de competencia electoral para todos los partidos. La
democracia mexicana estaba, hasta el momento, bajo el dominio del partido
de Estado que hizo de la defraudación a la voluntad popular su estrategia de
conservación del poder.
El proceso de cambio político en México permitió dimensionar que la
alternancia dentro de un sistema de partidos que favorecía a los tres partidos
encargados de su diseño, comprometía el correcto funcionamiento de las 
instituciones electorales y la garantía de respeto a la voluntad popular.
Durante los años de la apertura política –plenamente coincidente con la
transición hacia el neoliberalismo– la construcción democrática se convirtió
en una promesa incumplida.
Incumplida, sin embargo, en dos sentidos: por un lado, porque la necesaria
ciudadanización de las autoridades no terminó por desterrar el fantasma del
fraude electoral. Por el otro, porque el imperfecto juego del cambio
democrático de poderes no se tradujo necesariamente en mejores condiciones
de bienestar para la sociedad. En una relación inversamente proporcional,
entre más recursos se le destinaban a la higiene de elecciones, sectores cada
vez más amplios de la sociedad experimentaron la precarización de su
bienestar social.
Esta tendencia parece haberse interrumpido con la histórica victoria de la
izquierda democrática en 2018. Ante el fundado temor de un nuevo fraude
para impedir a toda costa la puesta en marcha de un Proyecto Alternativo de
Nación, la contundencia de los resultados impidieron que las irregularidades
que pudieran presentarse no fueran factores determinantes para el desenlace
de la elección. A partir de entonces, se construyó un gobierno
democráticamente electo con el legítimo mandato de terminar con las
condiciones de desigualdad social que caracterizan a nuestra modernidad
democrática.
Hacia el futuro, es necesario diseñar los instrumentos y mecanismos que nos
permitan terminar de saldar las deudas de la transición a la democracia.
Ninguna institución se mantiene intacta en el tiempo, la naturaleza dinámica
de las sociedades las obligan a adecuarlas a las nuevas realidades. Esto nos 
permite centrarnos en la necesidad de perfeccionar aquellos aspectos dentro
del sistema electoral para reajustar las condiciones del juego democrático
hasta satisfacer a todos los actores involucrados.
Esta profundización en la reforma de los mecanismos democráticos nos
permitirá potencializar el alcance histórico de la victoria de la izquierda
democrática en México: hacer parte de nuestra cultura política el hábito del
voto y el respeto a la voluntad popular. Si existen instituciones que deban
rediseñarse, ese será un debate que daremos de forma responsable y con miras
a la reconciliación de las distintas posturas, hasta alcanzar un punto de
equilibrio.
Por otro lado, la siguiente etapa en la ruta de la apertura política, implica la
ampliación de la participación ciudadana. Para el proyecto socialdemócrata,
el involucramiento de la sociedad en la toma política de decisiones es
determinante para cerrar la brecha de representación entre autoridades y
ciudadanía. Las conquistas alcanzadas en materia de democracia directa –
consulta popular, iniciativa popular, revocación de mandato, etc.– pueden
perfeccionarse para hacerlas más accesibles. Pero también es necesario
ampliar su alcance y que se conviertan en parte de la realidad institucional en
todos los niveles y órdenes de gobierno.
Una dimensión adicional que se propone respecto al desarrollo de la
democracia en México refiere a la expansión de la democracia a otros ámbitos,
cómo los partidos políticos. La crisis de representación política se originó en
buena medida, a partir del distanciamiento ideológico y programático entre
la sociedad y los partidos. Así como por el anquilosamiento de las estrcuturas 
partidistas que tiendan a la formación de oligarquías que dominan su vida
interna.
Por esa razón, no es posible hablar de un gobierno democrático, si la antesala,
la vida interna de los partidos está dominada por prácticas antidemocráticas
en todos los ámbitos de la vida partidista. En este proceso de democratización
de la vida interna de los partidos políticos, deben garantizarse condiciones
institucionales para la toma de decisiones y la resolución de conflictos
internos; así como mecanismos democráticos para el acceso a cargos de poder.
De igual forma, la democratización del sistema de partidos implica hacer
efectivas la transparencia y la rendición de cuentas. Como entidades de
interés público, los partidos políticos se benefician de un copioso
financiamiento público para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, la
modernización democrática no supuso un ejercicio transparente de los
recursos públicos que reciben los partidos políticos año con año.
En suma, la dimensión democrática del Estado que proponemos es un
llamado a mantener los mejores elementos de nuestros sistemas electorales y
de partidos, y revisar aquellos aspectos que, desde una construcción que
reconcilie la pluralidad política de nuestro país, puedan abonar al
perfeccionamiento de nuestra democracia.
El respeto a la voluntad popular, la ampliación de la participación ciudadana,
el perfeccionamiento de la rendición de cuentas y la apuesta por una cultura
democrática dentro y fuera de los espacios tradicionales de participación
política, representan una nueva etapa en la transformación de México. Pero, 
como nos enseña la historia, la democracia procedimental por sí sola no es
suficiente para alcanzar la justicia social. Por lo que esta debe articularse con
la democracia económica y la democracia social para alcanzar su verdadero
potencial como uno de los pilares de una nueva República.
Una democracia implica, por definición, diversos puntos de vista, sin
embargo debemos, ante todo, buscar la unidad. Esto no implica uniformidad,
desde luego. En la unidad nadie tiene que privarse de sus ideas ni de sus
preferencias y sueños. Toda diversidad cabe en la unidad, entendiendo ésta
como un valor de todo grupo que sostiene su cohesión, sus objetivos
esenciales, sin renunciar a su pluralidad.
La unidad no resuelve todo, pero nos coloca en condición de enfrentar con
éxito nuestros desafíos. La unidad es fortaleza, sí, y también es empatía,
tolerancia, solidaridad, respeto, pluralidad, armonía.
No hay duda de que los cambios impulsados por la 4T, como toda obra de
gobierno, han generado reacciones muy contrastantes, desde el aumento a la
crítica al poder público y reacciones muy conservadoras hasta, en el otro
extremo, radicalismos e intolerancias de quienes se atribuyen el monopolio
del diagnóstico y las soluciones únicas para el país. Por eso es importante que,
juntos, a través del diálogo respetuoso, encontremos las coordenadas que nos
pongan en la mejor ruta posible para alcanzar la tan anhelada prosperidad.
La democracia es un bien común que a todos nos corresponde preservar. 
Estamos convencidos de la necesidad de fortalecer una cultura política que
conciba a la sociedad como el espacio de libertad donde los derechos y las
obligaciones de los ciudadanos se ejerzan cotidianamente con apego a la
legalidad. Un espacio de libertad donde el compromiso social sea el soporte
de la negociación de los actores sociales entre sí y de éstos con el Estado.
Nuestra democracia debe avanzar de lo electoral a la social. Pasar de la
identificación de electores a la construcción de ciudadanía. Un México de
mujeres y hombres decididos a ejercer sus derechos y cumplir sus
obligaciones.
Estamos dispuestos a librar la batalla contra la despolitización que caracteriza
a las sociedades modernas. Porque solo ahí, donde los ciudadanos se
responsabilizan de sus convicciones y actúan en consecuencia, la democracia
puede volverse una práctica de convivencia entre los seres humanos y el
autoritarismo se ve desterrado definitivamente de la arena pública.
El desencanto con la democracia ha traído aparejado una crisis de credibilidad
y confianza. Para recuperar la confianza y exorcizar el escepticismo se
requieren como condiciones diálogo y más diálogo. Diálogo con los
simpatizantes, pero también con los que no coinciden con nuestros puntos de
vista. La confianza, la tolerancia, el respeto a la crítica y el ejercicio más difícil:
la autocrítica. En mi gobierno estaremos atentos a la crítica -que siempre es
constructiva- pero nos distinguiremos por la autocrítica. El primer paso para
resolver un problema es reconocer su existencia.
Si algo ha afectado el aprecio por la democracia, es la ineficacia
gubernamental. La razón es sencilla, la democracia no se ha traducido en
beneficios para la sociedad, la ciudadanía sigue en espera de las mejoras 
prometidas. Es decir, la democracia no se ha tornado en gobiernos eficientes.
Algunas democracias han perdido su brillo, su halo de madre protectora que
solventa todos los problemas, han dejado de ser novedosas y todo, por
ineficientes. Esto ha llegado al grado de que algunos añoran los regímenes
autoritarios que eliminan libertades a cambio de supuesta seguridad y
desarrollo.
En el Informe de Latinobarómetro 2021, se observa con preocupación que, de
18 países de la región que tenían democracias, dos han retrocedido, y se han
convertido en tiranías. Da cifras inquietantes sobre la fragilidad de la
democracia. Por ejemplo, que en la última década, el apoyo a la democracia
ha caído de 63% a 49% y que a un 40% no le molestaría vivir bajo un régimen
autoritario.2 Es decir, estarían dispuestos a sacrificar un gobierno democrático
en aras de un progreso socioeconómico real. 
¿Cuál es el riesgo? “que la democracia se vuelva irrelevante. Que el ciudadano
concluya que es bueno votar, pero que las urnas no le cambian la vida. Si la
democracia es irrelevante, el peligro de golpe de Estado es reemplazado por
el peligro de muerte lenta, de languidecimiento democrático3. Esto hace que
las democracias modernas incluyan nuevas variables para medir su
desempeño e incluso para sustentar y ratificar su legitimidad. “La novedad
de la política contemporánea, la teórica y la práctica, es estructurar todos los
problemas o buena parte de ellos alrededor de la eficacia directiva de los
gobiernos. Una democracia vale básicamente por ser libremente elegida y
representativa, pero si no es eficaz, si no arroja resultados, es un gobierno que
empieza a erosionar su valor social(…)La eficacia se ha vuelto el sistema
métrico para evaluar a los gobiernos, para darles o retirarles la confianza.”4
Por ello se deben instrumentar mejores mecanismos para evaluar la eficacia y
la eficiencia gubernamental. Buscar los mejores servidores públicos, los más
capacitados, para poder cumplir con las metas, con los programas, pero sobre
todo, para cumplirle al pueblo de México. Así, resulta indispensable reforzar
la profesionalización del servicio público.
Por ello es importante que los estados y municipios también impulsen una
mayor cualificación de sus servidores públicos. Hay que buscar que
desarrollen un esquema de servicio público de carrera para mejorar la calidad
en la provisión de los servicios y ahorros de largo plazo en sus gastos en
recursos humanos.
Esto requiere una estrecha vinculación con el sector educativo y la formación
de cuadros profesionales con identidad con el sector público. Ello podría dar
realce a las instituciones educativas del sector público y generar el capital
humano que requiere la administración estatal y municipal. Dichos niveles de
gobierno podrían generar ahorros importantes en su nómina al otorgar
estabilidad y certidumbre a sus funcionarios y empleados, así como reducir
las posibilidades de corrupción o deserción de individuos que han
desarrollado un conocimiento valioso respecto a los servicios públicos en su
comunidad.
B) PARTICIPACIÓN SOCIAL.
Un Estado democrático moderno debe incluir mecanismos de participación
ciudadana, “la democracia no significa el poder del pueblo, expresión tan 
confusa que se la puede interpretar en todos los sentidos y hasta para
legitimar regímenes autoritarios y represivos; lo que significa es que la lógica
que desciende del Estado hacia el sistema político y luego hacia la sociedad
civil es sustituida por una lógica que va de abajo hacia arriba, de la sociedad
civil al sistema político y de allí al Estado”.5
Así pues, hoy la estructura de la democracia está sustentada no sólo en la
sociedad sino en su participación efectiva. De hecho, la participación
ciudadana tiene múltiples efectos, “sin la oportunidad de participar en la
regulación de los asuntos que le interesan a uno, es difícil descubrir las
propias necesidades y deseos, llegar a juicios probados y contrastados y
desarrollar las excelencias mentales de tipo intelectual, práctico y moral. La
participación activa para determinar las condiciones de la propia existencia es
el mecanismo fundamental para el cultivo de la razón humana y para el
desarrollo”.6
Ahora bien, participación de la sociedad civil no significa bajo ninguna
circunstancia la suplantación del poder público o la desaparición de éste, sino
el fortalecimiento de ambos actores gracias a la coordinación surgida del
diálogo necesario entre gobernantes y gobernados que se da, entre otras
formas, a través de los mecanismos de comunicación e información que deben
existir en una democracia, permitiéndole su viabilidad y permanencia. “Del
equilibrio entre el Estado y la sociedad civil depende en gran medida el buen
gobierno democrático de cada país y por ende la gobernabilidad de su
sistema”.7 No es destruyendo instancias o instituciones como se fortalece el
modelo democrático. Más sociedad civil no implica menos gobierno, sino
mejor gobierno. Más eficaz, eficiente, incluyente. Coordinador de los
esfuerzos de todo el conglomerado social. Sociedad y Gobierno deben
conformar una sólida red que dé sustento al Estado. “La democracia se define 
no por la separación de los poderes sino por la naturaleza de los vínculos entre
sociedad civil, sociedad política y Estado.”8
Dada la dimensión de nuestra sociedad y su complejidad, se han creado
mecanismos para fomentar y organizar la participación social. Por ello, en
México contamos con la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas
por Organizaciones de la Sociedad Civil, que regula una de las tantas formas
en que las personas pueden participar en el desarrollo del Estado.
Atendiendo a cifras oficiales, en México hay entre 40 y 60 mil9 Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC); parecen muchas, pero son pocas si se considera la
proporción de OSC por cada 100 mil habitantes que alcanza en otros países
este tipo de participación.
Fuente: Carlos Chávez Becker, Pablo González Ulloa, “Las Organizaciones de la Sociedad Civil
en México, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República.
A pesar de eso, la sociedad, organizada o no, cada vez está más atenta y
participativa en la atención de la problemática social, y debemos alentar que 
se fortalezca aún más. La Sociedad Civil (SC) “mexicana ha sido un actor
crecientemente importante en la vida pública de este país. Se ha podido
constatar que es un actor cada vez más relevante e importante en la atención
de las problemáticas públicas y un agente activo de cambio social. En los
últimos diez años, la SC mexicana ha crecido, se ha multiplicado, ha
aterrizado cada vez más en áreas diversas de la vida pública del país, ha
ganado importancia en la gobernabilidad democrática, ha generado un
impacto cada vez mayor en términos del empleo y su contribución
económica.”10
Actualmente, la comunicación entre la sociedad civil y el Estado se ha
fragmentado a causa de recelos de los involucrados: el gobierno y la propia
sociedad organizada. Esta aprensión no sólo disminuye o lleva a cero el
diálogo sino que además reduce el alcance, la influencia y el beneficio de las
actividades y pronunciamientos de las OSC. Se trata de un activo que se
pierde o minimiza en momento en que se requiere de la participación de
todos.
Para avanzar con paso firme, gobierno y sociedad tienen que trabajar de
forma conjunta, con unidad. Esto no implica uniformidad de pensamiento o
de visiones, al contrario, la diversidad de opiniones e ideas pueden tener
efectos refrescantes para la política y el desarrollo de la comunidad. La
existencia de una ciudadanía integrada y participativa, tanto en el ámbito
político como en el social, requiere de la coordinación y la fructífera
interacción entre el Estado y la sociedad civil.
Por otro lado, no es desdeñable su participación en el PIB nacional. De
acuerdo con el INEGI, “durante 2020, el PIB de las Instituciones Sin Fines de 
Lucro (ISFL)11 alcanzó un monto de 647 654 millones de pesos, que equivale
al 3.0% del PIB Nacional12. Por componentes, las ISFL Públicas representaron
1.7%, en tanto que las actividades de las ISFL Privadas contribuyeron con una
participación de 0.7%. El restante 0.6% corresponde al valor económico del
trabajo de los voluntarios.
Las asociaciones que se dedican a las labores de enseñanza e investigación
generan 49.3% del PIB de las ISFL; las agrupaciones de desarrollo y vivienda,
13.5%; las actividades de religión, 10.8%; las tareas de salud, 7.2%; los
servicios sociales, que incluyen albergues, asilos o casas hogar, 6.3%; los
derechos, promoción y política, 5.5%; las asociaciones empresariales y
sindicatos aportan 4.6%; y la cultura y recreación, como casas de cultura,
museos, centros de exposición artística y centros de esparcimiento, suman 2.7
por ciento.”13
Hoy se hace necesario adecuar al Estado a los nuevos desafíos, entre otros el
de dotarlo de mayor fortaleza, agilidad y eficiencia en las respuestas. En el
marco de esta responsabilidad del Estado, las organizaciones de la sociedad
civil deben tener un importante papel en el necesario diálogo con los actores
públicos en el diseño y planificación de las políticas.
Creemos que es indispensable la existencia de organizaciones sociales que
sean interlocutores representativos de los individuos y legitimados por la
sociedad para mantener el pacto social entre los ciudadanos, a fin de arribar
colectivamente a un futuro distinto. 
La reflexión de los últimos tiempos nos lleva a concluir que lo que México
necesita es un Estado-en-la sociedad. Es decir, un Estado con capacidad de
gestión y de gobierno que esté enraizado en una sociedad organizada por
interlocutores visibles que a la vez tengan responsabilidades formales. Esto
implica la existencia de conexiones que liguen íntimamente a las instituciones
con la sociedad, de tal manera que ambos puedan establecer proyectos
compartidos y concretos de transformación. Como afirma Aguilar Villanueva,
“no hay Estado de Bienestar sino Sociedad de Bienestar; es decir, reconocer
que el bienestar colectivo es la resultante del trabajo, la productividad, la
inteligencia y responsabilidad de la sociedad en su conjunto, la económica, la
civil, la política y no sólo producto de los gobiernos con sus burocracias
dadivosas y productoras”.14
En este contexto, creemos que la enorme gama de organizaciones laborales,
campesinas, industriales, vecinales y étnicas que, entre muchas otras, han
emergido en los últimos años, son parte esencial de cualquier pacto
democrático entre los mexicanos.
Las organizaciones obreras juegan un papel de la mayor importancia en la
construcción socialdemócrata. Si bien las organizaciones laborales que hoy
tenemos han entrado en crisis junto con el arreglo político del que formaron
parte, como todo el tejido institucional mexicano están llamadas a transformar
sus modos de organización y participación para contribuir a la construcción
de un nuevo piso de coexistencia política entre los mexicanos.
Tenemos la convicción de que para arribar a un verdadero sistema
democrático, para desterrar la injusticia social, para potenciar el avance del
país, es necesaria una acción conjunta de todas las grandes fuerzas sociales y, 
en este sentido, los trabajadores, junto con los empresarios, son actores
fundamentales de la construcción del México del siglo XXI.
Creemos en el dialogo y la concertación como nuestras principales estrategias
políticas. Reconocemos que la evolución de la sociedad mexicana depende de
la acción conjunta de todos los actores para alcanzar el progreso sostenido.
Preconizamos una sociedad donde los individuos tengan conciencia de su
responsabilidad para con el ser humano y para con el planeta. Nuestra
finalidad es que este movimiento logre renovar el pensamiento y las prácticas
de la sociedad mexicana a través de la fe en el ser humano y en los recursos
naturales que nos permiten la existencia. Un pensamiento que respete a la
otredad, sea cual sea su forma de vida. Un pensamiento que nos permita
redescubrir los valores del humanismo y que haga prevalecer lo que nos une
sobre lo que nos separa o excluye.
México es un complejo de realidades económicas, políticas, sociales y
culturales, que es necesario tomar en cuenta para que las propuestas que
pretendemos construir con la sociedad incluyan las distintas visiones para
que la pluralidad sirva a la unidad y las diferencias ayuden a sumar y no a
dividir.
Queremos que en este proyecto se escuchen todas las voces y se vean
reflejados todos los rostros para que juntos enfrentemos los retos que
compartimos y que exigen un esfuerzo en común.
Mención aparte requieren las organizaciones que se ocupan del medio
ambiente, porque son pioneras en la creación de escenarios de Gobernanza 
Democrática y Participación Social. En efecto, la protección y conservación del
medio ambiente no son un asunto privativo de las instituciones públicas. La
participación de la sociedad es una condición sine qua non en la política
ambiental. Tenemos que articular una estrategia de participación en la que se
incluyan los sectores productivos, sociales y públicos.
El primer paso para lograr la participación es difundir y transparentar la
información, y luego transitar de la publicación de información a la
promoción. La política ambiental basada en la participación debe abrir
espacios y llegar a consensos. Mientras más acuerdos, más certidumbre y
fortaleza en las decisiones, más respaldo social y más beneficios.
El Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América
Latina y el Caribe), del cual México es parte, es un instrumento internacional
de suma importancia y uno de los mejores referentes en el tema de
participación ambiental.
Otro pendiente asociado a la participación es la protección a las y los
defensores ambientales. La labor social que realizan es invaluable y, hay que
decirlo, hacen labores de vigilancia que las instituciones públicas no suelen o
no alcanzan a realizar. Los defensores ambientales enfrentan a criminales
ambientales, como los talamontes, y son víctimas de varios tipos de
agresiones, entre ellas el homicidio.15
El Estado debe hacerse cargo de la protección de los defensores ambientales,
en atención al riesgo que corren en aras de defender lo que es patrimonio 
común, en un entorno en que, infortunadamente, las agresiones, incluso
mortales, son una contingencia probable y deben dejar de serlo.

Excélsior