Ministros de la Corte deben rendir cuentas sobre su patrimonio: fiscal Ernestina Godoy
Andrea Gómez
Es necesario “tener buenos controles y buenas supervisiones. También debe haber transparencia y rendición de cuentas” en el Poder Judicial, incluidos los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseveró Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ello, para evitar casos de corrupción.
A pregunta de Contralínea sobre si a los jueces, magistrados y ministros se les debe revisar la evolución patrimonial para ver si es congruente con sus ingresos y, sobre todo, comprobar que no tengan cuentas en el extranjero y en paraísos fiscales, la fiscal Godoy Ramos enfatizó que dichos funcionarios tienen la obligación de presentar su situación patrimonial y de intereses bajo protesta de decir verdad. Agregó que ante la sospecha de si alguno de los juzestar incurriendo en algún ilícito, tendrán que ser investigados.
Cabe recordar que en la conferencia de prensa del pasado 11 de mayo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, exhibió los 40 privilegios que gozan los integrantes del pleno SCJN: sueldos de casi 300 mil pesos y un presupuesto de 5 millones 540 mil 930 para la contratación de personal; ambos mensuales. Además de un seguro de gasto médico de 30 millones, en el cual se incluye a su familia nuclear.
Asimismo, también les son otorgados alrededor de 22 mil pesos para la gasolina, viáticos para vuelos, hospedaje y comidas en viajes nacionales y extranjeros. De igual manera, una pensión vitalicia –con un monto cercano a la totalidad del sueldo cuando se retiran– y un seguro de vida institucional por 12 millones.
Parte de lo anterior sería el motivo, por el cual López Obrador busca democratizar a través del voto de los mexicanos la elección de los ministros de la Suprema Corte. La reforma debe ser constitucional para que jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo “como era en la época del presidente Juárez, como se aplicaba en la época de la República Restaurada”, señaló Godoy Ramos, secundando la iniciativa para reformar al Poder Judicial. Ésto durante el foro “¿Reforma al Poder Judicial? Retos y oportunidades ante un nuevo panorama nacional”.
Para la funcionaria, es de suma importancia que en el país se cambien los procesos de designación de ministros de la Suprema Corte. Actualmente, es cuestionable la conducción de los y las juzgadores, pues no se comportan con “ética, profesionalismo, independencia e imparcialidad”.
Godoy leyó desde Ciudad Universitaria: “en ocasiones, algunos de sus integrantes sucumben ante intereses mezquinos. Y los cargos, que deberían ocuparse por méritos, se otorgan a familiares y amigos en un afán por exprimir los recursos públicos antes de servir a la justicia. […] El sistema de carrera judicial no ha sido exitoso para asegurar a quienes lleguen a ser juzgadores y que sean las personas más honestas y mejor preparadas. Tampoco se ha podido desterrar la corrupción; sino por el contrario, la endogamia ha producido redes en las que se trafica con plazas, se intercambian favores y, peor aún, se pone precio a la justicia”. Este apartado forma parte del texto titulado “Reforma Judicial con y para el Poder Judicial en 2020”.
Lo anterior, sólo genera desconfianza en los jueces y en la justicia. Por ello, es necesario discutir la forma en la que se integra la Suprema Corte y otros órganos jurisdiccionales como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes “inciden sustancialmente con sus decisiones en la vida democrática de nuestro país”, enfatizó.
Recordó que con anterioridad la tradición jurídica mexicana “desde la época independiente hasta la promulgación de la Constitución de 1917, establecía que las y los integrantes de la Suprema Corte fueran electos. Y no como ahora ocurre”.
De acuerdo con la fiscal, en las constituciones mexicanas de 1824, 1857 y 1917, se establecía que el mecanismo para elegir a los ministros se realizaba mediante elecciones, “ya sea por la legislatura local o por los integrantes de la Cámara de Diputados, la cual en mayor o en menor medida, representaba la opinión popular”.
Sin embargo, ésto cambió luego de que el artículo 96 de la Constitución de 1917 fuera modificado a través de dos reformas. La primera emitida el 20 de agosto de 1928 y estableció que, a partir de ese entonces, los nombramientos de los ministros fueran realizados por el presidente de la República y sometidos a la aprobación de la Cámara de Senadores.
En tanto, la segunda reforma –vigente actualmente y efectuada desde el 31 de diciembre de 1994– estableció que, para nombrar a lo ministros, el titular del Ejecutivo Federal debía someter una terna a consideración del Senado. En la cual –previa comparecencia de las personas propuestas–, se designara al ministro que deba cubrir la vacante. Se haría por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes. Paso siguiente, el presidente es elegido por los propios ministros que ya forman parte de la SCJN.
Desde el auditorio “Doctor Eduardo García Maynez”, ubicado en la Facultad de Derecho, Godoy Ramos reiteró la importancia de que ahora sea el pueblo, quien elija a los ministros y ministras, puesto que, contrario a lo que sucede en el foro político, “la Ley de legitimidad de los integrantes de la Corte sí es abordada por la población”.
“Hablar de la elección de los ministros implica un proceso democratizador de uno de los poderes que tiene a su cargo la importante labor de impartir justicia, sobre todo, porque tanto los integrantes del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo, son electos a través de elecciones libres, auténticas y periódicas. Situación que no ocurre con la integración de los representantes del Poder Judicial”.
Asimismo, indicó que como sociedad “no se puede permitir que continúe un Poder Judicial, el cual en muchas veces excluye a quienes no tienen recursos, a quienes no pueden acceder a asesorías jurídicas o a comprar la justicia”. En ese sentido, remarcó la importancia de reflexionar sobre la conveniencia de elegir o no a los magistrados y ministros como operadores jurídicos. “La justicia y el Estado de derecho debe garantizar y ejercer en plenitud la democracia con una perspectiva social e incluyente. […] A fin de que se vayan eliminando las desigualdades económicas, sociales y políticas que ha generado un régimen elitista y excluyente como el que tuvimos antes”, puntualizó.
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Los integrantes del Pleno de la SCJN tienen la obligación de presentar su situación patrimonial. Ante la sospecha de estar incurriendo en algún ilícito, tendrán que ser investigados: indicó la fiscal capitalina Ernestina Godoy Ramos
Para evitar que el Poder Judicial incurra en abrís de corrupción es necesario “tener buenos controles y buenas supervisiones, también debe haber transparencia y rendición de cuentas”: indicó la fiscal capitalina Ernestina Godoy Ramos
La fiscal Ernestina Godoy Ramos, secundó la iniciativa de reformar a los miembros del Poder Judicial, al considerar que hoy en día no se conducen con “ética, profesionalismo, independencia e imparcialidad”
