La “pax narca”, los crímenes no resueltos y los miedos de la Fiscal Sara Bruna Quiñónez
Álvaro Aragón Ayala
Atrapada por la ineficiencia y por el miedo que la induce a seleccionar cuáles crímenes o delitos deben ser investigados y cuáles no para no alterar la “pax narca” de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada empuja a la Fiscalía General de Justicia al despeñadero y ya la ubicó como la dependencia menos rentable y una de las que no le está dando resultados al gobierno de Rubén Rocha Moya.
Precisamente, por la misma “parálisis” de la Fiscalía, la cual no responde a las expectativas creadas en materia de persecución e investigación de delitos, Quiñónez Estrada está obligada a informar a la ciudadanía, al gobierno ejecutivo de Rocha Moya y al Congreso Local, en qué gasta el presupuesto que le ha sido asignado porque si se toman en cuenta sus nulos resultados “está saliendo más caro el caldo que las albóndigas”.
Sara Bruna Quiñónez opera con un presupuesto anual de 911 millones 798 mil 17 pesos, contemplados específicamente en el Presupuesto de Egresos 2022 del Estado de Sinaloa y otra cantidad no aclarada que, por ser manejada en la obscuridad, tras bambalinas, lejos de los reflectores públicos, requiere la práctica de una auditoría específica de la Auditoría Superior del Estado.
Se trata del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia creado con el propósito de apoyar y proveer al mejoramiento y modernización del Ministerio Público del Estado (Fiscalía), dotándolo de recursos adicionales a su presupuesto original y de apoyos complementarios del Poder Ejecutivo Local, así como a los que le proporcione la Federación.
En el centro del miedo, Sara Bruna Quiñónez nada de muertito para no incomodar a los grupos delictivos que operan a todo lo largo y ancho de Sinaloa determinando cuándo investigar y cuándo no. Basta con la presunción de que en tal o cual asesinato, robo de vehículo, cuerpo localizado en una tumba clandestina, feminicidio, secuestro o “levantón”, estarían involucrados sicarios al servicio del narco para que se ordene no indagar.
La Fiscalía General de Justicia no indaga la desaparición de cientos de personas ni sobre los cadáveres hallados en fosas ocultas, bajo la justificación que pudieron ser muertos derivados de ajustes de cuentas con el narco o de “equivocaciones” o confusiones de identidad que motivaron “esfumar” de la faz de la tierra a tal o cual individuo. La conexión de los desaparecidos con actividades ilícitas es el argumento al que más se recurre para no investigar y dar con el paradero de los “perdidos”.
La toma de posesión de Sara Bruna Quiñónez de la Fiscalía General del Estado, por emanar del proyecto de la Cuarta Transformación, había alimentado y revivido la esperanza de familiares víctimas de la delincuencia. Se creyó que abriría investigaciones para esclarecer los asesinatos de alto impacto, los feminicidios y las desapariciones de cuando menos tres gobiernos estatales anteriores.
Pero no únicamente no “descongeló” las carpetas de investigaciones de cientos de delitos que obran en el archivo muerto de la Fiscalía de los gobiernos de Quirino Ordaz Coppel, Mario López Valdez y Jesús Aguilar Padilla, sino que se le están acumulando los crímenes cometidos durante el gobierno de Rocha Moya. Sara Bruna es ya una copia fiel, en su versión femenina, de Juan José Ríos Estavillo.
Al igual que otros Fiscales o Procuradores de Justicia, a Sara Bruna Quiñónez le queda el argumento de la falta de recursos para encubrir su falta de resultados, pretexto al que siempre se ha recurrido para ocultar la inoperancia de la Fiscalía y los miedos y compromisos que impiden profundizar en las investigaciones o para detener y judicializar a criminales peligrosos fáciles identificar y capturar.
En el engranaje de la “pax narca” o la simulación de un Sinaloa tranquilo, la Fiscalía General de Justicia cumple bien el papel de no importunar con investigaciones quisquillosas a los pistoleros al servicio del narco o a los cerebros de proditorios asesinatos. Así que los sicarios pueden operar como si se tratara de escuadrones de la muerte con la seguridad de que nadie los molestará.
En ese contexto, la Fiscal Sara Bruna Quiñónez, dada su responsabilidad histórica, por representar el proyecto de la Cuarta Transformación en materia de procuración e investigación de delitos, tiene la obligación de no mentir y de informar a la sociedad, al gobernador Rubén Rocha y al Congreso Local en qué está gastando entonces el presupuesto de la dependencia estatal.
El ejercicio de transparencia y la comparecencia es clave para que la Fiscal hable con la verdad, aclare sus miedos que la “paralizan” e indispensable para destapar una supuesta cloaca en el manejo de los recursos o del patrimonio del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Estado de Sinaloa, vía para dotar de más recursos a la dependencia estatal.
Que no sea el viejo pretexto de la falta de dinero, ese viejo argumento, el que impida aclarar e informar el por qué no está funcionando la Fiscalía General de Justicia, el por qué hay cientos de crímenes no investigados y porque sí se judicializan o se abren carpetas de investigación, a veces nada más para simular, en torno a asesinatos de personajes que por su estatus social, económico, artístico, universitario o periodístico conmocionan a la opinión pública.
