El cuento de la ‘seguridad nacional’

Dario Celís

EL ÚLTIMO CAPÍTULO del decretazo sobre el Tren Maya está revestido de “seguridad nacional”, aunque raya en el autoritarismo, la ilegalidad y el dispendio de dinero.

Los expertos difieren sobre el alcance de las atribuciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de infraestructura, argumentando seguridad nacional.

Solo el agua está considerada como tal y tampoco está claro si en la Ley de Obra Pública la Secretaría de la Defensa puede subcontratar a empresas privadas en una actividad que no es propia de su función.

De acuerdo con los especialistas, en ningún momento el Tren Maya podría considerarse estratégico para la provisión de bienes o servicios públicos.

Además, el Ejecutivo federal no puede declarar unilateralmente lo que es o no una cuestión de seguridad nacional.

Caso contrario, el agua potable es un derecho humano y por tal razón en 2002 el Poder Judicial de la Federación la declaró una cuestión de seguridad nacional.

No es ninguna novedad el tema de la sustentabilidad de la península de Yucatán, pues en 2018 el mismo Poder Judicial estipuló que todas las personas o comunidades tienen garantizado el derecho humano a la consulta previa para temas de carácter medioambiental.

Aquí hay una diferencia entre los actos jurídicos, que ocurren solo en papel, y los actos que se materializan, como sería, por ejemplo, quitar un árbol.

Según la Ley de Obras Públicas, las dependencias que realicen obras y lo contratistas deberán apegarse a las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal.

Además, deberán tramitar y obtener de las autoridades los dictámenes, permisos, licencias y la propiedad o los derechos de propiedad.

El Ejército estaría obligado a celebrar contratos con sus proveedores, los cuales serían revisables tarde o temprano.

Asimismo, dependencias y contratistas deben apegarse a las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción, rijan en el ámbito federal, estatal y municipal.

Además, quien ejecute el proyecto deberá tramitar y obtener de las autoridades los dictámenes, permisos de uso de suelo, licencias, así como la propiedad o los derechos de propiedad.

Por todo lo anterior la Secretaría de la Defensa, que comanda Luis Cresencio Sandoval, estaría violando la suspensión otorgada por el juez de distrito.

Pero quien debe o no cuestionar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) es la parte quejosa, afectados con un interés jurídico o legítimo.

Y el juez, escuchando a ambas partes, quejosos y gobierno, determinará si se cumple con tal requisito o no, en forma preventiva, evitando que existan daños irreparables.

El juez no puede actuar por su cuenta decidiendo si la MIA es buena o no, sino atender la Ley de Amparo y decidir si existe la afectación al interés público y existe la apariencia del buen derecho.

Aquí la pregunta sería quién no tendría un “buen derecho” al medioambiente.

POR CIERTO QUE de los últimos contratos que registró la 4T, se encuentra la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales, construcción de la plataforma y vía del Tren Maya y las adecuaciones carreteras del tramo que va de Chiná, al sur de Campeche, y Campo de Tiro, al norte. Hablamos de un negocio de 4 mil 23 millones de pesos, que se adjudicó directamente a Mota-Engil, de José Miguel Bejos. Fue resultado de las modificaciones que se hicieron al Tramo 2. Además del modelo de adjudicación directa para un muy oneroso contrato, destaca que el periodo de los servicios adquiridos por el Fonatur, de Javier May, concluye el 31 de diciembre de 2026, es decir: tres años después de la fecha en que se tiene programada la inauguración de la obra.

ESTADOS UNIDOS PASÓ a las acciones en aras de salvaguardar las inversiones de sus empresas en suelo azteca en materia energética. Hoy la Representación Comercial, que comanda Katherine Tai, inicia consultas formales de cara a la implementación del esperado panel Estado-Estado contra México por las constantes y sistemáticas violaciones al TMEC en que ha incurrido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A partir de hoy la Secretaría de Economía, que lleva Tatiana Clouthier, tiene 30 días para realizar esas consultas y luego otros 75 para ofrecer una solución. De lo contrario, el gobierno de Joe Biden podrá iniciar el panel. Lo interesante será ver si el gobierno de Canadá, que encabeza Justin Trudeau, se sube también a la demanda.

LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA de compras de gobierno CompraNet, operada por la Secretaría de Hacienda, cumplió ayer cuatro días de permanecer fuera servicio, con lo que se calcula que han dejado ya de concursarse unos dos mil contratos de las dependencias de gobierno y, peor aún, se mantienen en opacidad los resultados de las licitaciones o adjudicaciones operadas en las últimas horas. La versión que corre en las oficinas de Rogelio Ramírez de la O es que la tecnología colapsó ante una saturación de los servidores, aunque de los mismos rumbos surge la idea de que los registros se dieron de baja temporalmente, para blindar modificaciones a contratos del Tren Maya.

LE DECÍA QUE el liquidador de Crédito Real, Fernando Alonso de Florida, tendrá en sus manos la responsabilidad de cobrar las carteras y vender ordenadamente los activos para hacer frente a pasivos por casi 54 mil millones de pesos. En ese sentido, capta reflector el blow-out del 6 de junio pasado, donde se divulgó que no habrá pago a los accionistas y que el rango para los bonitas será de 15 a 25 centavos. Así, se estima que los bancos garantizados saldrán adelante sin mayor problema y que se podría cubrir buena parte de la deuda quirografaria de bonistas y bancos, eso sí, sin esperanzas para que el negocio de Crédito Real continúe en marcha.

El Financiero