Un lastre la auditora Emma Guadalupe Félix para el gobierno de Rubén Rocha
Álvaro Aragón Ayala
La recomposición política-administrativa y el diario ejercicio de gobierno estatal vinculado necesariamente al Poder Legislativo descarnaron a dos personajes que por su ineficiencia y silvestre manejo político representan el rostro negativo de la Cuarta Transformación ya que sus conductas los colocan como la antítesis de un gobierno democrático y de la división de poderes y contrarios al quehacer vertical en materia de fiscalización y rendición de cuentas en Sinaloa.
Los dos actores que erosionan la imagen de la 4T abrevan del presupuesto del Congreso Local. A saber: por su ferviente deseo de ser visto como alfil y cancerbero del Poder, el presidente de la JuCoPo, Feliciano Castro Meléndrez, actúa como “porro” legislativo, en tanto que Emma Guadalupe Félix Rivera, titular de la Auditoría Superior del Estado, procesa su quehacer como si se tratara de un instrumento de deshonra de personajes incómodos al llamado régimen estatal “transformador”.
No hay, en verdad, una sola jugada política que les salga quirúrgicamente bien. Todas impactan en menor o mayor medida en el Tercer Piso del gobierno del Estado. Ya es “normal” que, por fallas de origen y destino, las auditorías que se practican al presidente municipal de Mazatlán, Guillermo -El Químico- Benítez Torres y otros alcaldes e instituciones que manejan recursos públicos, hayan perdido anticipadamente peso y credibilidad. Igual sucede con otras amenazas de auditorías lanzadas con vituperio por Feliciano Castro Meléndrez. Quiérase o no, ya tienen la marca de la venganza política.
Para nadie es un secreto que Emma Guadalupe Félix mantiene un estatus impresionante de descrédito político y público, lo cual genera la percepción social, nada errada, de que la Auditoría Superior del Estado sigue protegiendo la corrupta administración del ex gobernador Quirino Ordaz Coppel y de que, ahora, en la 4T, es un ente para fabricar auditorías a modo o por consigna política. Con esa imagen no le sirve ya al gobierno de Rubén Rocha Moya quien que no tiene motivo para pagar entuertos de funcionarios ni las culpas del pasado ni razón para tolerar a una empleada del Congreso Local que no es suya.
Ciertamente: es altamente perjudicial para la vida democrática de Sinaloa y atentatorio a la rigidez y normatividad de la práctica de rendición de cuentas que por anticipado se sospeche o se tenga la certeza de que el resultado de las auditorías de la ASE dependan de una consigna o capricho personal o de una venganza política contra tal o cual personaje. A ese nivel de distorsión llegó ya el ejercicio de fiscalización. La imagen de la ASE ha sido degradada por Feliciano Castro y Emma Guadalupe Félix a Tribunal de la Inquisición.
HERENCIA DEL PASADO; NO ES ROCHISTA
Emma Guadalupe Félix Rivera es pieza del “engranaje” que todavía aceita y opera el ex gobernador Quirino Ordaz Coppel en el Congreso Local, es la pieza clave del entramado corrupto que le facilitó el saqueo del erario estatal. Se puede asegurar que Emma ha corrido con suerte, pues por una jugada presidencial encaminada a desarticular al PRI y la alianza PRI-PAN-PRD, Quirino -su padrino político- fue “perdonado” y designado Embajador de México en España.
La protección temporal de Quirino Ordaz orientó la permanencia de Emma Guadalupe Félix en la Auditoría Superior del Estado y paralizó los planes de combate a la corrupción en Sinaloa de la Cuarta Transformación, perjudicando obviamente al gobierno de Rubén Rocha. La coyuntura la aprovechó Feliciano Castro para “hermanar” con Emma Guadalupe Félix y armar jugadas políticas que, por rupestres, erosionan, paradójicamente desde el Poder Legislativo, la imagen del gobierno estatal.
LAS REVELACIONES DE LOS DIPUTADOS
Sobre Emma Guadalupe Félix pesan las acusaciones de los diputados de Morena de la 63° Legislatura que la vincularon a los despilfarros y desvíos de recursos e incluso a una serie de actos de rapiñaje atribuidos al gobernador saliente Quirino Ordaz Coppel, quien hizo y deshizo con el presupuesto de egresos del estado ante el silencio y la complicidad de la auditora.
En febrero del 2022, con una radiografía completa de la ASE y el perfil de Emma Guadalupe Félix Rivera, el presidente de la Comisión de Hacienda de la 64° Legislatura, Marco Antonio Zazueta reveló que la Auditoría ha estado protegiendo a funcionarios corruptos, atendiendo las indicaciones de su jefe Quirino Ordaz Coppel. “En las comparecencias la auditora únicamente responde lo que quiere, le saca la vuelta a las preguntas y aparte ningunea a los diputados, por lo que destacó que la auditora debe de ser destituida”, puntualizó.
El diputado Adolfo Beltrán Corrales dijo que “estamos viendo la posibilidad de acelerar la salida de la auditora independientemente de que haya regulaciones o reformas para hacer realmente de la ASE un órgano técnico con plena autonomía. Eso es lo que dice la Constitución, pero se ha tergiversado esto: en estos momentos la Auditoría no le sirve ni al Congreso ni a los sinaloenses”.
Los diputados Cecilia Covarrubias, Adolfo Beltrán, Gene René Bojórquez y Marco Antonio Zazueta miembros de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas, sostuvieron que la ASE no le sirve al Congreso ni a la ciudadanía.
LA ORIENTACION DE LAS AUDITORIAS
Creyéndose “protegida” por la amenaza de que llevaría ante los tribunales una denuncia por violencia política en razón de género lanzada para frenar las denuncias en torno a su ineficaz desempeño, y bajo la tutela de una “negociación” de Quirino Ordaz dañina para el gobierno estatal de la Cuarta Transformación, Emma Guadalupe Félix Rivera ha seguido al frente de la ASE, pese a que la falta de credibilidad en las auditorías que practica generan un ambiente tenso en todos los círculos políticos y sectores activos de Sinaloa.
Operando de la mano de Feliciano Castro Meléndrez, la presencia de Emma Guadalupe Félix y de la ASE en el desafuero del otrora alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quedó atrapada por la sospecha. Es grave, a la vez, que el resultado de la auditoría practicada a Guillermo -El Químico- Benítez, alcalde de Mazatlán, haya ya arraigado dos versiones: si el saldo es desfavorable al presidente municipal dirán que el gobernador Rubén Rocha Moya no lo quiere y si es favorable se le acusará de que lo protege.
De ese tamaño es la desacreditación del trabajo de la Auditoría Superior del Estado. No es un organismo confiable para la sociedad ni para los actores políticos; no goza de credibilidad. Perdió la dote de buena fe. Ganó a pulso la imagen de instrumento para cobrar venganzas políticas. Así, le genera más negativos o prejuicios al gobierno estatal que positivos y lo aleja de la figura de un gobierno democrático, respetuoso de la ley y de la autonomía del Poder Legislativo y de los ayuntamientos de Sinaloa.
EL PRESUPUESTO DE LA AUDITORÍA
La Auditoría Superior del Estado gastó 564 millones de pesos del 2017 al 2021 (en el ejercicio fiscal 2021 manejó un presupuesto de 137 millones) pero ha sido incapaz por complicidad, corrupción e irresponsabilidad, de realizar auditorías de fondo que consoliden denuncias para recuperar dinero robado y encarcelar a los funcionarios corruptos.
Protegido por la Auditoría, el hermano del ahora ex gobernador, Juan Carlos Ordaz Coppel operó a su antojo toda la obra pública; controló del 2017 al 2021 no solo la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno Estatal, sino que dominó las áreas de construcción y mantenimiento de las secretarías del gabinete estatal. El “carnal de los moches” designó incluso como director de construcción de la Universidad Autónoma de Occidente a Joel García Regalado, quien fungió como director de Obras Públicas en Mazatlán durante de la administración del priista Fernando Pucheta.
Pese al dineral que cuesta sostener a la ASE y a sus más de 300 empleados, la estructura no fue suficiente para que detectara las transas de Juan Carlos Ordaz Coppel en la empresa PREECASIN, la cual, del 2017 al 2019, reportó un gastó de mil 227 millones de pesos en la aparente construcción de obras mediante el mecanismo de la subcontratación, para cubrir el teje maneje de los saqueos como “compras simples”.
Félix Rivera nunca detectó al hermano de Quirino Ordaz pese a que Juan Carlos comenzó a asignar desde enero del 2017, de manera personal y directa, los contratos de las obras públicas a todo lo largo y ancho de Sinaloa a una red de constructoras a las que les cobraba el “moche” del 20 por ciento del costo total de las obras.
Juan Carlos Ordaz Coppel “gestionó” en octubre -mes en el que su hermano Quirino Ordaz entregó la gubernatura- el pago de 485 millones de pesos para liquidar 13 obras inconclusas, adeudos que de acuerdo a la calendarización y el avance de las construcciones correspondía liquidar en los meses de enero, febrero, marzo y abril por la administración de Rubén Rocha. El hermano de Quirino apresuró el pagó para cobrar el “moche” que topó en poco más de 95 millones de pesos.
La Auditora Superior del Estado no averiguó el porqué Quirino Ordaz gastó más de mil 900 millones de pesos del 2017 al 2019 en publicidad y propaganda, encuestas y estadísticas falsas, cuando el presupuesto que le autorizó en esta área el Congreso Local apenas si superaba los 70 millones de pesos para ese trienio. En sí, pues, el andamiaje de la ASE fue diseñada para ocultar los latrocinios del ex gobernador y su hermano Juan Carlos Ordaz Coppel.
Con estos antecedentes y cartas credenciales nadie confía en la honorabilidad como auditora de Emma Guadalupe Félix Rivera ni tampoco cree en los resultados de sus “investigaciones” contables…
