En 27 Batallón de Infantería, Comando Regional de espionaje con Pegasus

Nancy Flores

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) descubrió la existencia de un Comando Regional de Inteligencia alojado dentro del 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –ubicado en Iguala, Guerrero–, que antes, durante y después del crimen de Ayotzinapa –septiembre de 2014, en el gobierno de Enrique Peña Nieto– se destinó al espionaje de comunicaciones por medio del malware Pegasus. Los objetivos de esa vigilancia que hasta ahora se han documentado fueron estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos e integrantes del cártel Guerreros Unidos.

El Informe Ayotzinapa IV. Situación actual del caso a los 8 años de los hechos  señala que “a pesar de que Sedena certificó al GIEI que dicho centro no existía, el CRFI Comando Regional de Inteligencia Zona Norte Iguala existía para septiembre de 2014 (alojado dentro del 27BI), y hacía labores de monitoreo, interceptación y registro de llamadas, pues existe registro de todo esto”.

Agrega que se verificaron directamente varios mensajes del CRFI en la información que se posee, donde había varias transcripciones y mensajes que contenían información de esta naturaleza. Además, los expertos internacionales realizaron investigaciones que les permiten concluir que sí se hacían interceptaciones a través de medios como el programa Pegasus.

A nivel mundial, este malware desarrollado por la empresa israelí NSO Group es considerado uno de los más invasivos y con mayor capacidad de romper sistemas de seguridad y encriptación de comunicaciones.

El informe del GIEI –presentado el pasado 29 de septiembre– indica que la Secretaría de la Defensa Nacional ha negado de forma reiterada “la existencia de estos mensajes del CRFI, alegando que no se encuentran o que no existen, aspecto que no responde a la verdad”.

Ello podría responder al hecho de que la institución militar no tiene facultades legales para realizar intervenciones de conversaciones telefónicas, por mensajería instantánea y/o correos electrónicos. Sin embargo, a pesar de que ninguna ley la faculta para esas labores, Contralínea documentó que desde el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, la Sección Segunda de la Sedena compró las licencias de dicha plataforma. Los contratos se firmaron entre septiembre de 2010 y finales de 2012 e implicaron un gasto superior a los 8 mil millones de pesos.

Para activar y operar dicha plataforma de espionaje, la Secretaría de la Defensa acondicionó un edificio completo en el Campo Militar Número 1. De acuerdo con los documentos a los que Contralínea tuvo acceso, la instalación del sistema se hizo en tres fases, y por ello se firmaron 18 contratos (15 de estos fueron para obras, servicios y bienes relacionados). Y gracias al GIEI, ahora se sabe que al menos en el 27 Batallón de Infantería también se acondicionó un área para su operación.

En México, está demostrado que el malware Pegasus se ha utilizado no sólo para espiar a los normalistas rurales y a los miembros del crimen organizado, sino también a luchadores sociales, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, políticos y periodistas. Incluso, la plataforma fue usada para espiar a los propios miembros del GIEI y al abogado Vidulfo Rosales, defensor de derechos humanos que ha acompañado a los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos forzosamente desde el 26 de septiembre de 2014. 

En su cuarto informe, el GIEI reitera que –para la investigación del caso Ayotzinapa– es fundamental el acceso a toda la documentación generada por el Comando Regional de Inteligencia Zona Norte Iguala. La solicitud, indica, se le hizo “recientemente y de manera personal al presidente Manuel López Obrador”.

El GIEI agrega que “descubrió varios mensajes CRFI cuya existencia se niega. Todos estos documentos no han sido proporcionados, así como los GAOI [documentos generados por los Grupos de Análisis de Orden Interno] mencionados en el III informe, deben ser entregados a la investigación siempre y cuando se pueda garantizar que esta se pueda seguir de manera independiente y autónoma, de acuerdo a los estándares internacionales de investigación”.

El cuarto informe subraya el descubrimiento de mensajes que forman parte de textos cifrados oficiales que fueron encontrados por el GIEI en la revisión documental de archivos de la Sedena, “parte de los cuales también fueron filtrados anteriormente, el 1 de octubre de 2021. Como se documentó en nuestro informe Ayotzinapa III, existían interceptaciones respecto de los integrantes de Guerreros Unidos para los meses en que ocurrió la desaparición de los estudiantes, datos que muestran que se estaban llevando a cabo durante los hechos e inclusive días después. Ninguna de estas informaciones e interceptaciones fue incluida en el expediente de la PGR ni se investigó. Su aparición fue parte de la búsqueda de información realizada por el GIEI en los archivos de Sedena”.

Requerimientos del GIEI

Respecto de todo este espionaje, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes señala que es necesario “aclarar de dónde provienen esas interceptaciones y contar con el texto completo de las mismas, donde se habla de un supuesto traslado de los jóvenes a una cueva y de la existencia de fosas donde habrían sido dejados sus cuerpos. Estos datos son fundamentales para nuevos procesos de búsqueda y aclarar responsabilidades”.

Asimismo, indica que se debe “determinar si esas interceptaciones, cuyo texto parcialmente se encuentra en documentos de la Sedena, tienen algo que ver o no con los textos de chat presentados en el informe de la Covaj [Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa] en su informe de 18 de agosto de 2022”.

Y recuerda que, “meses antes de septiembre de 2014, las autoridades de Sedena, Semar, Cisen, Policía Federal tenían información de la existencia del grupo de Guerreros Unidos, de sus presuntos integrantes y de sus lazos con diferentes autoridades especialmente locales. Existía información permanente en Sedena de las actuaciones de estos grupos, rastreo de sus actividades y numerosos mensajes que dan cuenta de dicho seguimiento. Además, existía un seguimiento y actividades de inteligencia sobre la escuela de Ayotzinapa y los estudiantes, en relación a la preparación de las actividades de conmemoración de la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre”.

Una de las principales pruebas que aporta el cuarto informe del GIEI al respecto, es una orden militar (GAOI/5062) que se emitió el 20 de septiembre de 2014. Esta pedía a todos los batallones de la 35 Zona Militar –en particular al 27 y 41 batallones de Infantería– realizar un seguimiento minucioso de los normalistas rurales de Ayotzinapa y de la situación de orden público.

De acuerdo con el GIEI, la orden “instruía el seguimiento de los eventos que alteren el orden público, dando expresas instrucciones para verificar y ampliar la información de los actos que alteren el orden público durante la semana del 21 al 26 de septiembre de 2014. Baste ver la transcripción parcial de este documento: ‘referencia Transcripción 35ª/zona Militar Chilpancingo a Cmte. 27 BI Iguala Guerrero’ lo siguiente: ‘…con fundamento en el art. 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; …hace de su conocimiento que esta fecha se depositó en el directorio de ese mando territorial, carpeta (y) de la S. ·2 (INTLJ EMDN, la agenda de eventos del 20 al 26 sep. 2014; por lo que agradeceré a usted realizar las siguientes acciones:

“I. Ordenar que los grupos de análisis dé orden interno O.E. región, zonas y guarniciones militares, en seguimiento a los eventos que se citan, verificando y ampliando la información sobre los actos programados que se desarrollen en esa región militar a su mando. II. Alimentar con la información obtenida, las bases de datos del ‘Sistema Penlink’, de conformidad con mi Msje. FCA [formato cifrado arcano] No: 67S1 del 21 ago. 2012, así como del programa ‘Memex’, como se ordenó en FCA. No. 25130 de 12 mar. 2013. Dicha agenda, se considera de importancia al brindar un panorama de: la problemática existente a nivel nacional, regional y local, ya que alerta sobre posibles actividades que alteren el orden público para que en caso de que se requiera se establezca coordinación con autoridades civiles. Agradeciéndole informar oportunamente al suscrito a través del S2 (Int) SM de otros eventos que se presenten y no se encuentren agendados. Firma comandante del 35 ZMN.”

Al respecto, se agrega: “tal y como se ordenó, aparece registro de las actividades que se desplegaron desde el 20 de septiembre de 2014, como se puede leer en los GAOI/5068, 5070 o 5177 (este último de las 6 am del 25 a las 6 am del 26 de septiembre de 2014) ‘Reporte de interés diario del 21 de septiembre de 2014’ girado a la IX Región por la 35 Zona Militar”.

Tres tipos de espionaje

Acerca de las intervenciones telefónicas que coinciden con el crimen de Ayotzinapa, el GIEI afirma que existieron tres tipos de monitoreos e interceptaciones de las que existe evidencia y que se deben proporcionar a la investigación:

1. Las existentes en el proceso judicial contra líderes de Guerreros Unidos en Chicago, hechas por la DEA.

2. Las realizadas por la Defensa Nacional mediante la plataforma Pegasus, de las que “existe constancia por textos transcritos de dichas interceptaciones en documentos de la Sedena, los mensajes CRFI. Dichos textos son parciales y no se ha tenido acceso al conjunto de esta evidencia, lo cual es clave para analizar los hechos, los responsables y el posible paradero de los desaparecidos”.

“3. Las presentadas por el informe de la Covaj, capturas de pantalla de chats presentadas entre miembros de Guerreros Unidos, familiares, miembros del Ejército y fuerzas de seguridad, cuya fuente y análisis necesita aún un cotejo de expertos y peritaje tecnológico de telefonía.”

Contralínea