¿Duermen bien los fiscales anticorrupción?
Hiroshi Takahashi
Las Fiscalías Anticorrupción, comenzando por la encabezada por María de la Luz Mijangos, carecen en su mayoría de los recursos económicos, materiales y humanos para combatir de manera efectiva los actos de corrupción, de ahí que ni siquiera el 5 por ciento de los casos denunciados ante esas instancias llega ante un juez, y ya ni hablar de los asuntos en los que se logra una sentencia, que no alcanzan el 1 por ciento.
En la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum; Morelos, de Cuauhtémoc Blanco; Nayarit, de Miguel Ángel Navarro, y Oaxaca, de Alejandro Murat, las fiscalías anticorrupción ni siquiera reportaron presupuesto para los ejercicios 2021 y 2022.
En tanto, en Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas el proceso para el nombramiento de los titulares impide garantizar la autonomía, debido a que éstos son designados por los fiscales generales.
Según lo evaluado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, resulta preocupante que en entidades como Campeche de Layda Sansores; Guerrero, de Evelyn Salgado; Tabasco, de Carlos Manuel Merino, y otra vez Oaxaca, tengan tan solo dos policías cada una para atender los temas anticorrupción.
Mientras que la mayoría de los estados disminuyeron considerablemente el número de efectivos dedicados a esta tarea a pesar de que, de acuerdo con datos del INEGI, hasta el 86 por ciento de los mexicanos identifican a la corrupción como la segunda problemática más importante del país, tan solo por debajo de la inseguridad.
Lo anterior se puede entender si se toma en cuenta que, de las 19 mil 289 investigaciones abiertas por delitos de corrupción en todo el país en este año, solo el 4.3 por ciento han avanzado hasta el escritorio de algún juez, y tan solo nueve dependencias han logrado dictar al menos una sentencia contra los infractores.
Aunque la presente administración ha hecho del combate a la corrupción una de sus principales banderas, la realidad es que el margen de operación de las fiscalías es en extremo limitado si se toma en cuenta que, en total, las 29 existentes acumulan un presupuesto de apenas 800 millones de pesos para realizar sus labores; lo que, para dimensionar, es menor en 36 millones al que tendrá el recién creado AIFA para operar el próximo año y no es siquiera el 1 por ciento del recurso que en 2022 se ejecutará en la Refinería Dos Bocas.
El caso de la Fiscalía Anticorrupción de Mijangos Borja no es distinto, pues fuentes consultadas por este espacio confirmaron que el mencionado estudio no fue muy bien recibido, debido a que la independencia de la Fiscalía General de la República no es precisamente una de sus características.
Es más, se sabe que, durante un par de semanas, cuando en la agenda estaban diversos temas de altísima relevancia por implicar a funcionarios y exfuncionarios de primer nivel, a la abogada egresada de la Universidad Iberoamericana se le invitó a tomar unas muy plácidas vacaciones.
