Defender la autonomía del INE es defender la democracia
Lorena Villavicencio
En próximos días iniciará en la Cámara de Diputados una de las discusiones más importantes para nuestro país: la reforma constitucional en materia electoral. A diferencia de otras por las que hemos transitado, será la primera vez que una iniciativa que implica la modificación de 18 artículos constitucionales no cuente con el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas en el recinto parlamentario.
El afán por perfeccionar nuestra joven democracia nos ha llevado a transitar por diversas reformas constitucionales, todas antecedidas por una reflexión plural, generosa, tendiente a resolver las fallas del sistema electoral.
En ese contexto, buscando superar el ominoso pasaje de la elección fraudulenta de 1988, se propuso una gran reforma electoral en 1996, que sustrajo al poder ejecutivo de la organización de las elecciones a través de la ciudadanización del órgano electoral. Así arribamos al Instituto Federal Electoral (IFE), encabezado por José Woldemberg, el cual contribuyó a fortalecer a una institución garante del ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía. Fue sin duda la época dorada del IFE, integrado por consejeros ciudadanos con un perfil que garantizó un desempeño institucional, el cual se logró por el respaldo unánime de los grupos parlamentarios de todos los partidos políticos de la LVI legislatura del Congreso de la Unión.
En ese entonces como ahora había otros temas pendientes como el sistema de fiscalización de los partidos políticos, el peso del dinero en la democracia y el origen de esos recursos. Pero había claridad en los diputados y diputadas que lo importante era lograr la plena autonomía del IFE. Dejarlo a salvo de cualquier intervención indebida de los partidos políticos y gobiernos. Todas las reformas electorales se debatieron ampliamente por la sociedad y los partidos políticos, siempre con el propósito de fortalecer al árbitro electoral y la democracia.
La propuesta de reforma electoral que está sobre la mesa fue promovida unilateralmente por el presidente con la intención explícita de evitar un supuesto fraude. Es indispensable conocer cuáles son los elementos que sostienen esa suposición, porque las últimas elecciones han sido ejemplares en lo que se refiere a la organización del proceso en todos los estados del país, el reclutamiento y capacitación de representantes de casillas, en el conteo de resultados que aseguraron el voto libre y secreto de los electores. Seguramente el tratamiento que se ha dado a las expresiones ahora acotadas para quienes tienen un cargo público han molestado al presidente. Pero aunque le resulte difícil de creer, “la ley es la ley” y se tiene que respetar. Más aún cuando toda esta sobre-regulación de los medios de comunicación fue resultado de la elección del 2006, donde arreciaron las campañas sucias en contra de su candidatura. Hecho que repudiamos muchos de los que hoy defendemos al ahora Instituto Nacional Electoral (INE).
Las elecciones de 1988 y de 2006 cimbraron nuestra frágil democracia, pero hubo nuevas reformas que atajaron el catálogo de conductas que atentaron contra el ejercicio libre del voto. Por ello no podemos aceptar el argumento de que ésta reforma electoral es de carácter preventivo, para evitar un supuesto fraude. El INE en su actual integración ha dejado saldo blanco en los comicios que han realizado. Más de trescientas elecciones en diferentes estados y dos consultas ciudadanas.
En las últimas dos elecciones federales ha ganado Morena de manera abrumadora, se ha respetado el voto de la ciudadanía, la participación paritaria de las mujeres, se ha sancionado a partidos políticos que rebasaron topes de campaña o simplemente no rindieron los informes de gastos de campaña. Es un acto de mezquindad no reconocer el esfuerzo titánico que esta institución ha hecho acompañado por millones de ciudadanos que cuidaron la libertad y secrecía de nuestro voto . No existe ningún elemento o dato que pueda pronosticar una elección fraudulenta.
Hoy le corresponde al presidente que ganó su legitimidad en las urnas, cuidar que el árbitro electoral mantenga su credibilidad.
En un contexto de grave polarización, una elección organizada por una institución cuestionada, desacreditada o inexperta pone en riesgo el futuro democrático del país. Si no, veamos lo que está pasando la CNDH, la cual decidió someterse por voluntad propia a la decisión presidencial, renunciando a sus atribuciones como garante de los derechos humanos de quienes habitamos en este país. Millones de ciudadanos no queremos que el INE se refleje en el espejo de la sumisión, del sometimiento, del encono o de cualquier forma de autoritarismo.
Proponer que los consejeros electorales sean electos por los ciudadanos a través del voto directo es desconocer la naturaleza administrativa especializada de un órgano electoral. Elegirlos así convertirá a los consejeros electorales en rehenes de quienes los propongan. ¿Quién organizará esa campaña onerosa para elegirlos, el mismo INE en el que no confía? ¿Quién financiará estas campañas? Seguramente los partidos políticos y los gobiernos.
Por qué no esperar a que se dé el relevo de los consejeros electorales y se proponen cuatro personas por consenso, como se hizo con los últimos cuatro consejeros que se integraron al INE.
Por qué forzar una reforma que no es necesaria, y que dejará seriamente cuestionado al árbitro electoral.
La batalla por la autonomía y profesionalización del INE, así como establecer condiciones equitativas para emparejar el piso entre los competidores en las contiendas electorales, permitió la alternancia en los gobiernos a nivel federal y en todos los estados y municipios. Nunca olvidaré la alegría de quienes habitamos en la capital del país cuando elegimos en 1997 por primera vez a nuestro jefe de Gobierno.
Por qué eliminar a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), que otorgan certeza al proceso de organización no sólo por su experiencia y profesionalización, sino porque éstas instancias se conformaron al margen de los gobernadores en turno, quienes eran los que tripulaban las elecciones en los estados.
Qué rápido se olvidaron quienes militamos en la oposición y hoy son gobierno, de las condiciones que enfrentamos en diversos estados cuando los órganos electorales eran manejados por los gobernadores en turno.
Ahora hay un servicio profesional de carrera que ha mejorado la calidad de nuestros procesos electorales, que actúa con independencia y autonomía. Ambos principios son indispensables para que el árbitro pueda sostener el régimen democrático de nuestro país.
Lograr que los votos alcanzados por un partido se correspondan con el número de curules en las cámaras, se puede alcanzar si se establece el mismo número de diputados de mayoría relativa y de representación proporcional, tal como ocurre en otros países. Desaparecer a los diputados de mayoría relativa fortalece a las burocracias partidistas, restándoles cercanía con la ciudadanía. Rompe cualquier vínculo del representante popular con sus representados, ya que privilegia la lealtad a las dirigencias partidistas por encima de los principios y programas partidarios. La reelección pierde sentido, porque a la ciudadanía no le corresponderá premiar a sus representantes o castigarlos a través de su voto, porque lo harán las dirigencias partidarias. Seguramente esta propuesta surge de quienes le tienen fobia a los disensos naturales que se dan al interior de los partidos políticos en un régimen democrático.
La propuesta de quitarle a los partidos políticos el financiamiento público para actividades ordinarias y solo dejarles el recurso público para campañas, suena bien. Pero esto convertirá a los partidos políticos en meras franquicias para postular candidatos, acudiendo a recursos económicos de cualquier origen.
Se salva la propuesta del voto electrónico, la cual puede ser integrada en una próxima iniciativa de reforma electoral meditada y consensuada.
En pocas palabras, estamos frente a una reforma electoral que tiene dedicatoria y está motivada por la fobia, lo cual pone en riesgo la autonomía de la institución garante de la democracia paritaria como es el INE.
Defiendo al INE porque no niego las causas en las que estoy comprometida, ni mi historia.
Me niego a ser cómplice de una reforma que implica el regreso del partido único o el partido hegemónico, donde nuestra democracia puede quedar capturada o sepultada por la voluntad de un solo hombre o un partido político. No hay democracia posible sin un árbitro autónomo.
* Lorena Villavicencio (@SLVillavicencio) fue diputada federal de la Legislatura de la Paridad (LXIV Legislatura), presidenta de la Asamblea Legislativa (tercera legislatura), senadora suplente, feminista, abogada, activista y promotora de derechos humanos, fundadora de Mujeres de Hierro A. C. e integrante de Rebeldes Con Causa.
