No habrá ‘nearshoring’ sin resolver conflicto armado mexicano

Ricardo Raphael

La coordinación entre los gobiernos de Estados Unidos y México para enfrentar a las empresas criminales que operan en ambos territorios atraviesa por uno de sus peores momentos. Una palabra define la relación bilateral en temas de seguridad: desconfianza.

El día de ayer el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, se reunió en Washington con el secretario de Estado, Antony Blinken, para organizar la agenda de discusión que tendrá lugar en enero próximo en el marco de la cumbre de Líderes de América de Norte donde estarán presentes los jefes de Estado de Canadá, Justin Trudeau, de Estados Unidos, Joe Biden, y el anfitrión mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Sin bien van a incluirse asuntos migratorios y comerciales, no será posible seguir postergando la discusión respecto de la seguridad de la región. La llamada “Norteamérica competitiva”, será una quimera si las empresas criminales continúan imponiendo su desafío constante.

En los últimos cuatro años ha crecido el tráfico de drogas, particularmente de fentanilo. En la misma proporción se ha multiplicado el consumo de opiáceos en el país vecino, así como el poder de las organizaciones que operan este negocio en ambas naciones.

Al mismo tiempo que México desplazó a China como principal socio comercial del la Unión Americana, también lo hizo como principal proveedor de opioides. En este negocio el nearshoring, es decir la relocalización en México de unidades económicas industriales antes ubicadas en Asia, sucedió más rápido.

Entre otros, los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Noreste y la Nueva Familia Michoacana han multiplicado laboratorios donde el fentanilo se transforma para la venta al menudeo dirigida al mercado estadunidense.

El ingreso estimado, proveniente de este sector, es de aproximadamente 10 mil millones de dólares anuales, (alrededor de 200 mil millones de pesos). En Estados Unidos se distribuye el producto, pero hay evidencia de que, en ese país viven también los altos directivos de las empresas criminales.

La multiplicación del poder económico ha significado obviamente un crecimiento notable en el poder político y territorial. Las noticias mexicanas informan todos los días sobre la violencia que recorre el país, desde Zacatecas pasando por Guerrero, Colima, Guanajuato, Tamaulipas, Chiapas, Estado de México, Sonora, Chihuahua, Baja California, Sonora o Jalisco.

Este jueves el reportero Rubén Mosso reveló para MILENIO información en manos de la Defensa Nacional sobre el control que tiene la Nueva Familia Michoacana en por lo menos cuarenta municipios pertenecientes a Guerrero, Michoacán y el Edomex. Los principales líderes de esta organización son los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascaga, conocidos por sus respectivos alias como El Pez y El Fresa.

La libertad y, sobre todo la impunidad, con que operan estos sujetos y, según Mosso, sus 38 lugartenientes, solamente pueden explicarse por la renuncia de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, particularmente del Ejército y la Guardia Nacional, para confrontar a dicha organización.

Este es solo uno de muchos ejemplos aportados para ilustrar la derrota del Estado mexicano frente al poderío criminal. En el otro extremo del país, a finales de noviembre, Nuevo Laredo tuvo que suspender clases porque la ciudad amaneció aterrada por el sonido de roncas balaceras. El consulado de Estados Unidos cerró sus puertas y varias industrias dedicadas a la maquila conminaron a sus trabajadores para que se quedaran en casa.

En las mismas fechas un grupo criminal asesinó al general José Silvestre Urzúa, jefe de la Guardia Nacional en el estado de Zacatecas y a principios de diciembre perdió la vida el juez Roberto Elías Martínez, en la capital de esa misma entidad, a manos de dos gatilleros.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, Arturo Nahle, declaró al día siguiente que lo que estaba ocurriendo en Zacatecas no era un problema meramente local. Estos actos de violencia –dijo en entrevista con la periodista Gabriela Warkentin– deberían entenderse como la consecuencia de una confrontación de grandes proporciones entre empresas criminales transnacionales que, en esta ocasión, escogieron Zacatecas como escenario para su guerra.

México está viviendo un creciente conflicto armado interno y estas empresas criminales imponen su imperio sobre los poderes constitucionales. Son hoy más ricas que hace cuatro años y también tienen un control mayor del país. También han aumentado su capacidad para extorsionar a la economía legal, así como su influencia para corromper autoridades electas.

En este contexto, el discurso de la “Norteamérica competitiva” es una mera quimera. No será posible si antes no se logra pacificar México y, sobre todo, si no se puede imponer el gobierno de la Constitución sobre las muy grandes extensiones donde hoy gobierna el poder criminal.

A este problema, que es enorme, se añade otro todavía peor. La razón por la que estas empresas criminales de talla transnacional han crecido tanto es porque los gobiernos mexicano y estadunidense han fracasado para oponer un frente unificado, a pesar de que se trata de un fenómeno que tiene un pie en el norte y otro en el sur de la misma frontera.

El sentido común dictaría perfeccionar la coherencia de la cooperación entre los dos gobiernos y, sin embargo, hoy la desconfianza bilateral es mayúscula. Ciertamente no funcionó la guerra contra las drogas, orquestada desde el año 2008, a partir del Plan Mérida. Se realizó una inversión multimillonaria y se perdieron incontables vidas con esta política. Pero el consumo de drogas en los Estados Unidos no se detuvo, el tráfico de armas desde ese país a México se multiplicó y la violencia mordió como no había sucedido nunca en muchas regiones mexicanas.

A partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia mexicana se dio por terminado el Plan Mérida para colocar en su lugar un marco nuevo, llamado “bicentenario” para la seguridad, la salud pública y la seguridad de las comunidades.

En los hechos, desde 2021, que fue echado a andar, lo que ha privado entre las instituciones de ambos países es la no cooperación. Del lado mexicano además se suma una defensa de la soberanía nacional que suena fuerte en el discurso, pero que en la realidad implica negar la naturaleza transnacional de estas organizaciones criminales.

El tema de la desconfianza y la fracasada cooperación tendría que ser abordado durante la reunión de líderes de América del Norte del próximo mes de enero. De lo contrario, será mera retórica la pretendida profundización de la integración económica en Norteamérica.
https://www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-zoom/no-habra-nearshoring-sin-resolver-conflicto-armado-mexicano