Gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña destrozaron la educación
Urbano Barrera
El neoliberalismo destruyó la educación como bien público: terminó con el precepto constitucional de la educación como un derecho inalienable, irrenunciable, universal, permanente e inherente a toda persona, por el sólo hecho de existir. La convirtieron en un aparato reproductor de desempleados, migrantes en busca de oportunidades laborales, sujetos individualistas y egoístas, afirma el doctor en ciencias sociales y políticas por la Universidad Iberoamericana, Oscar Barrera Sánchez.
Agrega que en los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, la educación fue reducida a un servicio, los estudiantes a consumidores, los docentes a prestadores de servicio y la escuela a una empresa en quiebra. Cancelaron la educación integral y de calidad que permite desarrollar capacidades analíticas, reflexivas, participativas, creativas y transformadoras de la realidad.
El también maestro en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en teología por la Universidad Católica Lumen Gentium explica que “la educación es un derecho humano consagrado en la Constitución Política de México, como en declaraciones suscritas por el Estado mexicano en dicha materia”.
Por el contrario, en los sexenios pasados se vinculó con el modelo económico neoliberal, auspiciado la teoría del capital humano, cita y parafrasea al economista estadunidense Theodore William Schultz.
“La educación, desde la última década del siglo XX ha sido entendida como capacitación laboral. Esto se puede leer claramente en los planes nacionales de desarrollo de Felipe Calderón y Peña Nieto, en los cuales la educación estaba destinada a la productividad y la competitividad económica, lo cual favorecería un esquema de crecimiento económico, pero no de desarrollo. La diferencia entre el desarrollo y el crecimiento es que el primero busca el bienestar de la población y el bien común, mientras que el segundo sólo persigue el fortalecimiento macroeconómico sin importarle la calidad de vida de las personas”, explica el doctor.
Y aunque en 2011 la educación se reconoció como derecho humano en la Constitución, indica que “desafortunadamente existen varios problemas relacionados con el ejercicio pleno de este derecho y la mayor parte de ellos están relacionados con la pobreza, la falta de igualdad y equidad en la distribución de los capitales económico, cultural y social, discriminación, exclusión, violencia, sexismo, entre otros”.
Por ejemplo, en México la cobertura sólo se ha logrado para la educación básica (preescolar, primaria y secundaria), pero esto no es sinónimo de permanencia, trayectorias educativas adecuadas y egresos oportunos. “Es sabido que en las zonas rurales e indígenas, donde se encuentran los mayores rezagos educativos, una importante cantidad de estudiantes trabajan apoyando en actividades de siembra, construcción, del hogar, e incluso migrando a otras zonas del país lejanas de sus comunidades, como es el caso de los niños y las niñas jornaleros migrantes”, exhibe.
En los casos de la educación media y superior, la cobertura no se logra, lo que deja en condiciones económicas y sociales desfavorables a adolescentes y jóvenes; lo que conlleva mayor pobreza, situaciones de riesgo y embarazos no deseados, la criminalización de la juventud y la reproducción de esquemas adultocéntricos.
El investigador indica que el Estado tiene la obligación jurídica, moral y pública de desarrollar acciones estratégicas que aseguren el derecho a la educación para toda la población. Ello, en cuanto a entender la educación como un bien público implica reconocer las obligaciones del Estado y las acciones que favorezcan la calidad de vida de cada una de las personas y, al mismo tiempo, la construcción de ciudadanía que permita configurar sociedades justas, basadas en el respeto a la dignidad humana, los derechos humanos, la igualdad sustantiva, la perspectiva de género, la justicia distributiva, económica y social, la valoración de la diversidad sexual, cultural y social.
“El Estado debió y debe favorecer una educación integral y de calidad que permita desarrollar capacidades analíticas, reflexivas, participativas, creativas y transformadoras de la realidad. Sólo en esa medida la educación realmente será un bien público y no un aparato reproductor de desempleados, migrantes en busca de oportunidades laborales o sujetos individualistas, egoístas, que sólo velen por sus intereses y no por el bien común”, considera el doctor Barrera Sánchez.
De esta manera, indica, la educación no debe equipararse a capacitación, como se ha concebido desde la década de 1980. La educación es un derecho humano que debe favorecer las óptimas condiciones de vida de las personas, las comunidades y los pueblos.
El Estado tiene la obligación de dar educación a toda su población. No obstante, la moral neoliberal de las últimas décadas ha generado una violación por acción, omisión y/o aquiescencia, generando la falsa creencia de una corresponsabilidad entre sociedad y gobierno. Las cuotas escolares, las jornadas de arreglos a la infraestructura de los salones son ejemplos de una falsa corresponsabilidad social, considera.
En la educación superior, en las universidades públicas, el cobro de cuotas, derechos de uso de equipos de cómputo, aportaciones voluntarias son ejemplos de acciones ilegales e ilegitimas del Estado y las autoridades universitarias para violentar el derecho a la educación.
Avances desde el nivel curricular
El autor del libro Formación cívica y ética sostiene que a nivel curricular, ha habido varios esfuerzos para favorecer los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con alguna discapacidad, diversidad sexual, cultural y social y grupos indígenas. Asignaturas de la educación primaria y secundaria como formación cívica y ética, historia, geografía, lengua materna, lenguaje y comunicación han favorecido no sólo el conocimiento conceptual, sino el respeto, aprecio, valoración y defensa de los derechos de todos estos grupos. En el caso de formación cívica y ética se promueven los derechos individuales y colectivos.
Sin embargo, en el caso de la educación media superior y superior, estos saberes, conocimientos, aptitudes y valoraciones se diluyen por priorizar la adquisición de conocimientos formales o el desarrollo de técnicas. Ello porque son escasas las asignaturas que promueven estos temas, y a ello se suman elementos extraescolares, como los medios de comunicación, las redes sociales y las relaciones de amistad.
Esto, en conjunto con la separación de licenciaturas y posgrados por género reproduce los estereotipos, condiciones y roles asignados a mujeres y hombres, el individualismo y la falta de sentido de pertenencia a la comunidad, con la falta de educación formal en estos temas, han proscrito estas temáticas a la conciencia social y no a un desarrollo de la sociedad.
Educación y violencia
En el imaginario colectivo se piensa que la educación incidiría en reducción de la violencia, pero el doctor Barrera Sánchez plantea que desafortunadamente no se ha logrado vincular. “En el primer caso, debe pensarse como un ejercicio de ida y vuelta, dialéctico. Quizá debemos plantear la pregunta a la inversa ¿la violencia al interior de los hogares es determinante para la educación y para la convivencia? Éste es un problema que tiene que ver con la falta de políticas, programas y acciones gubernamentales que, en conjunto, con la educación deben actuar para promover mejores condiciones estructurales, de género y culturales en las familias.
“En el caso del papel de la educación para reducir la violencia en el contexto social es importante mencionar que la educación formal, escolarizada, se ha convertido en una serie de conocimientos para pasar las materias, pero que poco sirve ante la realidad, las necesidades y los modelos de vida onerosos que promueven los medios de comunicación, donde se puede obtener fácilmente bienes materiales, principal motor social”, señala.
Además, observa que las nuevas generaciones se guian por las redes sociales, los modelos de cantantes de reguetón y música de banda que en sus letras y videos promueven estilos de vida que no necesariamente reducen la violencia.
Junto con ello, expresa, “la cultura del fast, de la inmediatez, de lo efímero, se convierte en la principal razón de aspiración social, al costo que sea necesario. Los ideales de la educación emancipadora, liberadora y para la esperanza se ha esfumado en la mayor parte de las personas, debido a que la violencia estructural del capitalismo es cada vez mayor y sólo deja ciertos tiempos y espacios para darse a la experiencia y la expresión emocional que, en la mayor parte de los casos, implican situaciones de violencia y agresión ante la frustración de vivir en un mundo tan asfixiante al que ya no da respuesta educarse, formarse, tener una licenciatura, maestría o doctorado”.
Asegura que la vieja idea de movilidad social se ha terminado y la violencia estructural capitalista han aniquilado todo sueño y esperanza de estudiar para vivir mejor. Ahora un profesionista sólo sobrevive con su salario.
Construcción de la paz por medio de educación
El catedrático de la de la Universidad Marista explica que el papel de la educación entendida como formación humana integral es indispensable para alcanzar una paz verdadera, la cual no sea sinónimo de evitación de conflictos. Por el contrario, la educación para la paz implica el reconocimiento y valoración de la dignidad del Otro como diverso, el autoreconocimiento de sí como Otro ante los demás y la búsqueda de la justicia, la igualdad y la libertad para todos por igual. De esto depende la paz como base para el desarrollo humano, social y económico. Un crecimiento conjunto, cooperativo y sostenible.
Sin embargo, la educación, desde la última década del siglo XX, ha sido entendida como capacitación laboral. Esto se puede leer claramente en los planes nacionales de desarrollo de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en los cuales la educación estaba destinada a la productividad y la competitividad económica, lo cual favorecería un esquema de crecimiento económico, pero no de desarrollo, indica.
La diferencia entre el desarrollo y el crecimiento es que el primero busca el bienestar de la población y el bien común, mientras que el segundo sólo busca el fortalecimiento macroeconómico sin importarle la calidad de vida de las personas.
Así, establece, “sólo una sociedad que educa para el ejercicio de la dignidad y los derechos humanos, así como de las libertades fundamentales y la justicia social y económica pueden alcanzar la paz y el desarrollo. Un Estado que busca generar mano de obra funcional a los intereses de los grandes capitales jamás logrará la paz.
La educación, en cada uno de los niveles educativos, permite el desarrollo de ciertos conocimientos formales y habilidades, lo cual posibilita ingresar al mercado laboral y obtener un salario que permita vivir de manera decorosa.
Sin embargo, desde la década de 1970 y, muy específicamente, en México a partir de 1980, hasta ahora, priva la influencia del modelo económico neoliberal, el cual auspiciado en la teoría del capital humano, ha generado la promoción de ideología centrada en que los estudiantes al egresar de la educación secundaria opten por una educación técnica, lo cual permite al Estado no gastar en educación universitaria y que cada uno de los estudiantes ingrese al mercado laboral como obreros calificados, lo cual sirve para ajustar los salarios y el pago al cada vez mayor trabajo no calificado e informal.
En el caso de la educación media superior y superior es tan evidente que el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dictan recomendaciones para eliminar licenciaturas sociales y humanísticas, por considerarlas improductivas, destaca.
La injerencia de estos organismos económicos internacionales en la educación superior llegó al punto de “recomendar” al Estado mexicano que se privatizaran y cada estudiante pagara por la educación superior, limitando el ingreso, la trayectoria y el egreso de los estudiantes más pobres y enviándolos a trabajos con menor salario, mientras que los estudiantes con mayor capital económico, cultural y social, permanecieran en las universidades, asegurando mejores trabajos e ingresos. Esto hubiera provocado una mayor brecha socioeconómica, mayor pobreza e insatisfacción social.
No hay problema en que la educación permita obtener un empleo, el problema radica en que el Estado, en medio de la economía del conocimiento, limite el derecho a la educación de las personas para su beneficio y el de las grandes empresas nacionales y trasnacionales.
Por tanto, plantea, “Hay una deuda pendiente en materia educativa, en todos los niveles. Se debe recordar que la educación no sólo implica la asistencia a los centros escolares, sino que las y los alumnos deben tener asegurados alimentos, ropa, salud seguridad social, ambientes libres de cualquier tipo de violencia, materiales educativos, transporte, recursos económicos, lo cual convierte el problema educativo en un asunto que debe favorecer a las y los estudiantes y sus familias”.
A su vez, el Estado debe asegurar el derecho humano a la educación a toda persona, que habite o pase por territorio nacional. Es importante señalar que la educación no debe ser un botín de guerra y usufructo económico y político del gobierno en turno. Uno de los principales problemas es que los planes y programas de estudio se cambian según la ideología del gobierno en turno, lo cual impide que los docentes se formen adecuadamente y, en el peor de los casos, generaciones de estudiantes que tienen visiones mezcladas de una misma temática, indica.
Ante este paradigma, sostiene el maestro en filosofía: “la evaluación educativa debe llevarse a cabo bajo un esquema en el que los resultados sólo sirvan para detectar los problemas del Sistema Educativo Nacional en su conjunto, generar estrategias de mejora e innovación y la rendición de cuentas del Estado ante la sociedad. Se debe asegurar que quien realice estas evaluaciones del aprendizaje, de la enseñanza, la gestión y la infraestructura no debe utilizarse de manera facciosa, ya sea para castigar o premiar a grupos políticos en el sector educativo. A su vez, se debe evitar caer en actos de corrupción con el uso de los resultados educativos, como lo hizo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) con las pruebas del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) que, bajo una simulada autonomía constitucional, el órgano de evaluación modificó los resultados para favorecer al gobierno federal en el periodo neoliberal.
Sin embargo, el actual gobierno federal sigue realizando este tipo de evaluaciones en la educación básica y medio superior, bajo el mismo nombre, de forma velada, aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció contra estas evaluaciones, no aparecen en su Plan Nacional de Desarrollo y tampoco se exponen esquemas claros para su aplicación, expone.
Se debe dotar, de forma gratuita, a todas y todos los estudiantes y docentes de computadoras, internet y capacitación para su uso para que se utilicen las tecnologías de información y comunicación (TIC), para el aprendizaje y el conocimiento (TAC) y para el empoderamiento y la participación (TEP).
Asimismo, en la educación media superior y superior, el gobierno mexicano debe asegurar la cobertura de todos los egresados de la educación secundaria, bajo esquemas que favorezcan las habilidades de cada estudiante y no con esquemas de exámenes de selección que provocan ampliar las brechas entre los estudiantes de origen más pobre de aquellos de clase media o ricos, como ha ocurrido en las últimas décadas (desde 1996) con el proceso llevado a cabo por la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS) y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), aporta.
El fortalecimiento de la educación socioemocional y de tutoría en la educación media superior y superior deben ser permanentes para detectar de forma oportuna los problemas que viven las y los adolescentes y jóvenes, las situaciones de riesgo que pueden enfrentar y que afectan su trayectoria escolar.
Así, indica el doctor Barrera, en la educación superior se debe asegurar el ingreso de todos los estudiantes y generar opciones formativas públicas, gratuitas y populares de calidad, donde los docentes sean expertos en su materia.
También urge que la educación pública evite la elitización, los cobros ilegales y, por el contrario, asegurar que todos los estudiantes concluyan satisfactoriamente sus estudios de licenciatura.
En el caso de las y los docentes, se debe favorecer la formación permanente de sus habilidades para la enseñanza; contribuir con el desarrollo de su vocación; ampliar los salarios y tiempos de impartición de clase y planeación didáctica; darles mayor participación en la construcción de los programas académicos y; participar en evaluaciones que den cuenta de sus necesidades, sin carácter punitivo, sino, esencialmente, formativo.
En los estudios de posgrado, ampliar los programas de excelencia académica y las posibilidades de movilidad al extranjero. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) debe tener mayor control, ya que programas como el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) se ha convertido en una mafia de académicos en la cual hay un intercambio de citaciones, “refritos” y autoplagios de publicaciones y compadrazgos para obtener recursos académicos, expresa.
