Control de precios, por decreto
Alejandro Jimenez
En enero, la inflación general anual en el país llegó a un nivel de 7.91%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Se trata del nivel más alto desde octubre del año pasado, cuando se alcanzó un nivel de 8.41%, así como una aceleración respecto al mes previo, que registró una tasa de 7.82%..
Los alimentos aumentaron 12.90% anual en enero de 2023. El precio de la tortilla de maíz presentó una variación anual de 16.24% y es el tercer genérico con mayor incidencia anual. La harina de trigo tuvo un incremento anual de 29.83%. El pan de caja tuvo un incremento de 19.43% anual.
Y eso, a pesar de existir un acuerdo como el Paquete contra la inflación y la carestía (PACIC), de control voluntario de precios, promovido por el Presidente de la República ante empresarios. Con él y con su segunda versión, se buscaba reducir en 8% el precio de los 24 productos de la canasta básica con la exención del pago del impuesto de importación y del cumplimiento de trámites sanitarios. Y nada.
Un día el Presidente en su mañanera, molesto, dijo que iba a hablar con los de Walmart, porque “no estaban controlando sus precios”. Como si el asunto de los precios fuera algo que se puede manejar a discreción.
Este problema de entendimiento de la economía, por parte del Presidente, que cree que los precios dependen de la buena voluntad de las personas y no de complejos factores económicos y de producción, también se refleja en el chantaje al que ha expuesto a la industria aérea, para que bajen sus precios o de lo contrario se autorizará el cabotaje para que líneas aéreas puedan hacer vuelos comerciales dentro del país, usando además a la próxima línea aérea del Ejército como ariete.
“Pues una vez que haya competencia todos bajarán sus precios”. Suena bien, pero inocente. ¿Quién le dijo al presidente que las aerolíneas extranjeras tienen costos de producción menores que las mexicanas y son más baratas?
Paradójicamente, quien sí tiene facultades para incidir en los precios de los boletos es el gobierno federal. De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, firmado por Pablo CasasLías, la Ley de Aviación Civil y su Reglamento, otorgan facultades a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)), para regular las tarifas aéreas.
“Por ello, no se justifica el discurso enfático del Ejecutivo federal en el sentido de que su determinación de crear una aerolínea a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como, permitir que líneas aéreas extranjeras realicen cabotaje dentro del territorio nacional, reducirá el costo de los boletos de avión.
“En la referida regulación tarifaria, la SICT puede establecer tarifas específicas para la prestación de los servicios, así como mecanismos de ajuste y períodos de vigencia.
“La SICT puede negar el registro de las tarifas fijadas por los concesionarios o permisionarios, si las mismas implican prácticas depredatorias, monopólicas, de dominancia en el mercado o de competencia desleal
“En la determinación de las tarifas aéreas, dice el estudio, convergen diversos elementos, entre los que destacan: costo de turbosina; tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) y; costos propios de operación de la aerolínea
“Respecto del costo de la turbosina, de no ser que el Estado determine la aplicación de subsidios al mismo, se fija a nivel mundial por la ley de la oferta y la demanda del petróleo.
“En relación con los costos de la aerolínea, los mismos son determinados según las necesidades operativas, administrativas, financieras, etc; que cada aerolínea dentro de su modelo de negocio, necesita realizar a efecto de poder volar cada una de las aeronaves con que cuente.
“En el caso de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), que es la contraprestación que más impacta en el costo del boleto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó, ilegalmente, que la TUA a pagar por el uso de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se actualice considerando el incremento que observe el “Índice de Precios al Consumidor para el Total de los Consumidores Urbanos (Consumer Price Index for All Urban Consumers. All Items), publicado por el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América”. Lo que evidentemente, es inconstitucional, ya que atiende a disposiciones supranacionales.”
Es decir, el gobierno tiene en sus manos las herramientas para bajar los precios de los boletos de avión, por lo que no tendría que acudir a presionar a las empresas aéreas mexicanas (casi todas en quiebra).
En este caso el gobierno no quiere sacrificar ningún ingreso, pero sí exige a las empresas que reduzcan sus exiguas ganancias. La estrategia es suicida para la industria nacional, por donde se le vea.
