El abuso: las casetas y Slim
José Luis López Duarte
Quién sabe por qué, pero como si fuera una empresa productiva (sujeta al mercado), Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), todos los años incrementa sus tarifas de acuerdo al índice inflacionario del año anterior, y como 2022 terminó con un 7.8 por ciento de inflación, pues ¡Pácatelas! Eleva en todo el país sus tarifas con ese porcentaje, pero hubo cuatro concesionarios privados, entre ellos Carlos Slim, quien compró en una ganga la MAXIPISTA Culiacán – Mazatlán, y construyó los tramos y libramientos de Nayarit, convirtiendo el cruce por Sinaloa y Nayarit en los peajes más caros del país, con un costo de un mil pesos en Sinaloa y 600 pesos en Nayarit, donde existe una distancia de 800 kilómetros, prácticamente se paga dos pesos por kilómetro por cada vehículo que lo transita, lo mismo que promedia el gasto de gasolina en el mismo tramo.
De por sí todas las casetas de peaje de las carreteras en nuestro país, por su naturaleza de servicio público, son un fraude convertido en negocio, cuando en todos los casos ninguna rebasa en su operación y mantenimiento el 20 por ciento de sus ingresos ¿Qué empresa puede presumir esa relación costo-beneficio?
Eso es en general, pero en el caso concreto de Sinaloa, si se compara con muchos tramos carreteros en zonas más agrestes y que resultaron más caras que las que construyeron aquí, ninguna en sus casetas de peajes y tramos carreteros que cubren son más caras que aquí.
No hay pues ninguna razón, primero para que CAPUFE cada año suba el peaje de las carreteras, segundo, la mayoría de las carreteras son propiedad del gobierno y las que no están concesionadas, que se supone las primeras cubren sus gastos de operación y mantenimiento con los presupuestos, ya sean federales o estatales, y las concesionadas deben tener un régimen acorde con el carácter de que son parte de la infraestructura pública y no son propiedad privada, por lo que no debieran convertirse en super negocios a expensas de todos, sobre todo los automovilistas que no se explican qué producto venden, que cada vez cuesta más.
Y peor para los sinaloenses, cuando la MAXIPISTA, prácticamente para tomarla el gobierno de Sinaloa, el 2010, cuando le correspondía bajo decreto 62 de 1990, el gobierno de Felipe Calderón (BANOBRAS) y el de Jesús Aguilar (DEP), sin los trámites y consultas que correspondían, se la vendieron a Carlos Slim en 280 millones de dólares, cuando en los mercados estaba valuada en mil 500 millones de dólares.
Por eso también ya no se sabe si reír o llorar, cuando escuchamos a diputados, como Feliciano Castro o Ricardo Madrid, que sin ningún rubor se toman de la mano para aprobar un crédito de 750 millones de pesos al gobierno del Estado, cuando saben que la MAXIPISTA le pertenecía por ley a Sinaloa y “La Costera” (Benito Juárez) es del gobierno de Sinaloa, que “produce” mil millones de pesos anuales y uno se pregunta ¿Para qué piden prestado?
Por último, si bien todos han rechazado los incrementos de Carlos Slim en la MAXIPISTA, ninguno ha reparado en que tampoco debe subir La Costera, ni las de la México 15, porque no hay razón económica, simplemente.
Y si enfocamos todo en el contexto de la crisis y específicamente de la inflación, que es una variable que desestabiliza la economía y los mercados financieros, los gobiernos federales, estatales y municipales no debieran elevar los precios de sus servicios, como tampoco son impuestos, porque simplemente los 10 billones de pesos que recibe el erario en los tres niveles de gobierno, tienen un efecto inflacionario en caso 30% de toda la economía, un golpe más a los consumidores que provoca reacciones en cadena y uno se pregunta ¿Cuándo se va a contener la inflación y estabilizar la economía? Y ya no pregunto qué harán con los saques al erario.
