Arancelazo

Kimberly Breier*

A principios del año 2019 las caravanas de migrantes que viajaban hacia el norte, en cifras mensuales de detenciones en la frontera suroeste de Estados Unidos, superaban las 140 mil personas (sin tomar en cuenta a los que no contaban con un registro “fugitivos”). Esto representaba una emergencia tanto humanitaria como de seguridad que ambos países debían atender.

El Presidente Donald Trump tomó la decisión de presionar a México para que hiciera más por conseguir mejores resultados, imponiendo un arancel del 5% a todos los productos procedentes de México que entrarán a Estados Unidos. Este arancel se habría aplicado cada vez que una mercancía mexicana cruzara la frontera, de modo que cualquier producto cuyo ensamblaje requiriera múltiples cruces fronterizos habría sido arancelado varias veces.

Se celebraron varias reuniones interinstitucionales en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) sobre la estructura del arancel, y quedó claro que comenzaría con un 5% y aumentaría un 5% cada mes que no disminuyeran las cifras de detenciones en la frontera. El Presidente Trump estaba preparado para que el arancel aumentará hasta un 25% sobre todos los productos mexicanos que entrarán a Estados Unidos.

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Todo el peso de esta negociación cayó sobre mí, después de una reunión en la que había quedado claro que el arancel iba a destruir el sector automovilístico estadounidense en Michigan, Ohio y otros estados, debido a que muchas piezas cruzan la frontera varias veces durante el proceso de montaje. El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) no tenía capacidad para distinguir entre las mercancías que cruzaban varias veces.

Esto quiere decir que el primer día de aplicación del arancel, algunos productos podrían haber tenido un arancel muy superior al 5%. Pero eso no es todo. Hubo un largo debate en Estados Unidos sobre la definición de “mercancía mexicana” porque parecía incluir también las exportaciones de petróleo mexicano a las refinerías de Texas.

Y aún hay más.

Si bien el T-MEC se firmó a finales del 2018, no había recibido la aprobación del Congreso de Estados Unidos en junio de 2019, cuando se produjeron estas conversaciones de alto riesgo sobre la frontera. De hecho, múltiples miembros del Congreso estadounidense que se oponían a la amenaza arancelaria del Presidente estaban haciendo sus propias amenazas de que no votarían para apoyar el nuevo acuerdo comercial si se imponía un arancel a México.

Y el Congreso mexicano tampoco había ratificado el T-MEC a principios de junio de 2019. El acuerdo comercial que había sido objeto de duras negociaciones durante casi dos años, que forma la columna vertebral de la cooperación económica de América del Norte, estaba en juego.

En lo que a mí respecta, el fracaso no era una opción.

Lo que necesitábamos en aquel momento era una serie de medidas creativas que supiéramos que serían legales, eficaces y humanas para hacer frente a la oleada de inmigración.

Las medidas acordadas se recogen en un comunicado de prensa e incluían la aplicación de la MPP en toda la frontera suroeste, México recibiría a los migrantes para esperar la resolución de sus solicitudes de asilo, y con ello la teoría era que el número de migrantes descendería precipitadamente (así fue), al darse cuenta los migrantes de que no serían liberados en Estados Unidos tras presentar una solicitud de asilo.

En particular, el sistema de asilo estadounidense se mantuvo totalmente abierto y a disposición de los migrantes. México también enviaría refuerzos a su frontera sur con Guatemala, para hacer cumplir la ley mexicana, y tomaría otras medidas que considerara necesarias.

Quienes querían adoptar una postura inflexible y dejar que la relación bilateral se fuera por un precipicio -yo creía en aquel momento que había gente en ambos lados que aplaudía ese resultado- subestimaban las consecuencias, tanto políticas como económicas para ambos países.

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El cálculo del presidente Trump siempre pareció ser que Estados Unidos podría soportar el dolor económico que causaría su arancel por más tiempo que México, incluso si México tomaba represalias con un conjunto de aranceles mexicanos sobre los productos estadounidenses. Probablemente tenía razón, pero el dolor habría sido sustancial.

Y lo que es más importante, las víctimas de esa batalla económica habrían sido el pueblo estadounidense y el mexicano, los puestos de trabajo, las cadenas de suministro, y la competitividad. Nada bueno habría salido de ello.

Mi opinión era, y sigue siendo, que teníamos que hacer lo necesario para evitar el arancel y encontrar una solución creativa para abordar el aumento de los flujos migratorios que, incluso hoy, es un tema ineludible en las relación bilateral para los presidentes de cualquiera de los dos países.

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La parte mexicana lo vio claro

México enfrentaba amenazas sin precedentes no sólo de un vecino del norte, sino del país que recibe alrededor del 80% de sus exportaciones.

El Secretario Marcelo Ebrard sabía lo que estaba en juego, sabía que el Presidente Trump hablaba en serio, había hablado con el Vicepresidente Mike Pence, así como con el Secretario de Estado Mike Pompeo. Sabía que esto era difícil, conocía los riesgos, e hizo lo que tenía que hacer por su país y por el pueblo mexicano en ese momento. Y lo que es más importante, México también demostró que podía dejar de lado las emociones, compartir la responsabilidad y encontrar soluciones que fueran las mejores para el pueblo mexicano.

Respeto profundamente la forma en que México manejó esta situación tan difícil. Se necesitan servidores públicos comprometidos para dejar a un lado el egoísmo y hacer lo que hay que hacer por el bien común, y eso es lo que hizo México aquel día. Me alegro de que lo hiciera.

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*Kimberly Breier, ex secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental. Fue la principal negociadora del Departamento de Estado en las conversaciones entre Estados Unidos y México sobre inmigración de junio de 2019.