PAN, detrás del financiamiento a García Luna, socio del Cártel de Sinaloa
Nancy Flores
Detrás del ascenso político y financiero de Genaro García Luna está el Partido Acción Nacional (PAN). El socio del Cártel de Sinaloa y mano derecha de Felipe Calderón –encontrado culpable de narcotráfico en el juicio en una Corte federal del Distrito Este de Brooklyn, Estados Unidos– escaló primero a la Agencia Federal de Investigación, creada por el gobierno panista de Vicente Fox, y después con Calderón asumió una secretaría de Estado: la de Seguridad Pública. Al tiempo, el exfuncionario empezó a amasar su fortuna malhabida. Incluso su esposa Linda Cristina Pereyra declaró en el juicio que fue gracias al seguro de separación individualizada que le pagó la AFI, como compraron una de las residencias de lujo que poseen en México.
El PAN no sólo es responsable de que en México haya operado un narco-Estado entre 2001 y 2012, sino también del desfalco multimillonario que cometió García Luna. En el gobierno panista de Calderón, dos entidades federales suscribieron 10 contratos con empresas involucradas en el entramado de corrupción de García Luna, por 316 millones 675 mil 995 dólares. Todas las contrataciones fueron por adjudicación directa. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, además el propio Partido Acción Nacional le hizo una transferencia el 24 de abril de 2015 vía SPEI –transferencia interbancaria dentro del mercado financiero mexicano– a Glac Security Consulting Technology Risk, propiedad de la familia García Luna, por 1 millón 160 mil pesos.
Es la prueba de que el PAN es uno de los financiadores de García Luna, de acuerdo con lo que reveló el pasado 9 de marzo Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera: “hay una cosa que llama mucho la atención, sobre todo por lo que se ha dicho en relación con García Luna: aquí tenemos una operación del 24 de abril de 2015 SPEI –quiere decir una transferencia interbancaria dentro del mercado financiero mexicano– del Partido Acción Nacional hacia GLAC Security Consulting Technology Risk, que es propiedad de García Luna y de la familia de García Luna, [por] 1 millón 160 mil pesos, moneda nacional”. En aquel momento el presidente del partido era Gustavo Madero Muñoz, y el secretario general, José Isabel Trejo Reyes.
Durante la conferencia presidencial de ese día, el funcionario indicó que “el conecte comercial que había entre Acción Nacional y GLAC Security, encabezado por García Luna, no era ajeno a la relación con su partido, que es lo que se dice insistentemente. Se han dicho muchas cosas en descargo de responsabilidades políticas evidentes, pero no solamente hay responsabilidades políticas evidentes, sino también hay vínculos que ya no son de tipo que tiene que ver con ideas, con planteamientos, con lo que sea, sino ya algo mucho más cercano al grado de tener un vínculo comercial, digamos, un acto comercial que de todas maneras pues queda ahí para la historia como todas las demás”.
La crítica del titular de la UIF se deriva de los deslindes que hicieron los militantes del PAN. Por ejemplo, el pasado 23 de febrero –dos días después de que García Luna fue declarado culpable de los cinco cargos imputados en la Corte federal del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York–, Marko Cortés afirmó en un video que el exsecretario de Seguridad Pública nunca militó en el partido. “Él con nosotros no tiene nada que ver”, aseguró Marko Cortés antes de que se revelara que en 2015 se dio la operación comercial entre el PAN y GLAC.
Acerca de esta transacción financiera por 1 millón 160 mil pesos, Pablo Gómez dijo que en este caso no se afirma “que hay de seguro un delito; en este caso existe una relación económica, no sabemos de qué naturaleza, entre Acción Nacional y la empresa madre de la trama corrupta [GLAC], que es lo fundamental: hubo una relación financiera concreta”.
Al respecto, el titular de la UIF cuestionó: “¿qué significado tiene? El fiscal [general de la República, Alejandro Gertz] que tiene toda esta información es el que tiene que hacer la investigación. Vamos a decir, la UIF no hace investigaciones, recibe información y la analiza, y está a la disposición de las entidades que la necesitan: desde luego el gobierno, el Ministerio Público en todos sus niveles, tanto federal como local, la Procuraduría Fiscal, la Secretaría de la Función Pública, en fin, todo el entramado del Estado que requiere de información de inteligencia financiera, esa es la función”.
Gómez aseguró que toda esta información ya fue entregada a la FGR, pero explicó que “el producto de inteligencia no es una prueba ante un tribunal en ninguna parte del mundo; es, digamos, uno de los elementos con el que funciona el sistema mundial de inteligencia financiera. Qué bueno que no lo es porque debe intervenir el Ministerio Público y convertir la información de inteligencia, que es exacta y proviene de la fuente original, convertirla a través de la autorización del juez o del mandato judicial en prueba plena en un tribunal de justicia. Es así cómo funcionan las cosas”.
La empresa familiar GLAC
La Unidad de Inteligencia Financiera documentó que la empresa GLAC Security Consulting Technology Risk Management, SC, es propiedad directa de García Luna. Ésta fue constituida en México el 12 de septiembre de 2014, y tiene registrada como actividad/giro: seguridad privada, servicios de asesoría y estudios técnicos de arquitectura e ingeniería (incluso diseño industrial).
Sobre su corporativo, la UIF detalló que los accionistas son: Genaro García Luna con el 85 por ciento de las acciones y Linda Cristina Pereyra Gálvez (su esposa) con el 15 por ciento. Mientras que sus apoderados son: Edgar Anuar Rodríguez García, Jesús Alejandro Barajas Rodríguez, Gloria García Luna y Esperanza García Luna (hermanas del exsecretario de Seguridad Pública).
Respecto de su actividad financiera, la Unidad reveló que de 2015 a 2019 recibió 136 millones 290 mil 858.84 pesos, de los cuales destacan los siguientes ordenantes:
-57 millones 986 mil 666.60 pesos, del gobierno de la Ciudad de México, de los cuales 31 millones 320 mil pesos fueron pagados en 2017 mediante tres cheques interbancarios y 26 millones 666 mil 666.60 pesos pagados en 2018 mediante Speis, con motivo de un supuesto reconocimiento de adeudo.
-20 millones 200 mil pesos de Operadora Grupo Gas Mart, S de RL de CV, empresa que recibió 42 millones 82 mil 734.90 pesos de Nunvav, Inc (Grupo Weinberg).
-2 millones 637 mil 204.97 pesos de Genaro García Luna.
-4 millones 700 mil 400 pesos de GL and Associates Consulting, LLC (Grupo García Luna).
-800 mil pesos de Linda Cristina Pereyra Gálvez.
Además, se informa que de 2013 a 2019 envió recursos por 101 millones 500 mil 663.44 pesos, de los cuales destacan los siguientes:
-50 mil dólares y 16 millones 959 mil 657.40 pesos a GL and Associates Consulting, LLC (Grupo García Luna).
-1 millón 815 mil 811 pesos a Gloria García Luna.
-528 mil 371.17 pesos a Genaro García Luna.
-130 mil 900 pesos a Linda Cristina Pereyra Gálvez.
-125 mil pesos a Facundo Rosas Rosas en 2019 (excolaborador de García Luna y firmante en los contratos de Policía Federal).
-65 mil pesos a Esperanza García Luna.
-35 mil 735 pesos a Luz María García Luna.
Los 10 contratos del gobierno de Calderón
Otra de las conexiones financieras relevantes documentadas por la UIF corresponde a los 10 contratos que el gobierno de Calderón dio a las empresas de la red de corrupción de García Luna. La Unidad de Inteligencia documentó que a la empresa Nice System se le asignaron tres contrataciones, por 69 millones 100 mil dólares en total, por parte de la Policía Federal cuando su titular era Rodrigo Esparza Cristerna.
Además, esa institución dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, asignó a la empresa Nunvav, Inc, un contrato por 2 millones 500 mil dólares. En una de esas contrataciones intervino Luis Cárdenas Palomino, entonces titular de la División de Seguridad Regional y mano derecha de García Luna, reveló Pablo Gómez.
Posteriormente a la misma empresa Nunvav, Inc, se le asignaron cinco contratos por parte del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a cargo entonces del comisionado Eduardo Enrique Gómez García, con la participación de Gonzalo Villarreal Guerra como coordinador general de los centros federales. El monto ascendió a 233 millones 75 mil 995 dólares.
Y el último contrato se asignó por la Policía Federal, cuando al frente de ésta se encontraba Maribel Cervantes Guerrero. Fue por 12 millones de dólares.
A estos contratos se le agregan otros 19 que obtuvo García Luna mediante su red de corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En total, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador calcula que el daño patrimonial a la nación supera los 745 millones 879 mil dólares (unos 14.1 mil millones de pesos). Tras pasar por distintos sistemas financieros –incluidos los paraísos fiscales de Curacao, Letonia, Panamá y Barbados, el dinero se concentraba en Florida, Estados Unidos.
En esa entidad, García Luna, su familia y sus socios poseían más de 19 propiedades y al menos 42 automóviles y motocicletas de lujo. Las residencias y vehículos ya fueron asegurados como parte de la demanda civil del gobierno mexicano ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida: caso 2021-021562-CA-01. Éste se entabló por las presuntas violaciones a las leyes de Remedios Civiles para Prácticas Criminales; Uniforme de Transferencias Fraudulentas de Florida, y por los supuestos delitos de conversión y enriquecimiento ilícito por fideicomiso construido. Ésta no sólo acusa a Genaro García Luna, su esposa Linda Cristina Pereyra Gálvez y sus socios, sino también a las empresas Nunvav, Inc; Nunvav Technologies, Inc; y Gull Holding Enterprises, Inc, entre otras.
De acuerdo con la investigación de la UIF, el fraude a la Hacienda Pública ocurrió mediante al menos 30 contratos ilegales asignados en el sexenio de Calderón desde la Policía Federal y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, que dependían del propio secretario de Seguridad Pública; y en el sexenio de Peña, desde el Cisen y el OADPRS; además, desde el gobierno capitalino en la época de Miguel Ángel Mancera, específicamente a través de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Las contrataciones favorecieron a cuatro empresas: Nunvav, Inc; Nunvav Technologies, Inc; Nice Systems, Ltd; y GLAC.
Entre las pruebas que ha presentado la UIF, en nombre del Estado mexicano, se encuentra un rastreo pormenorizado de los movimientos financieros de García Luna, otras siete personas –Linda Cristina Pereyra Gálvez (su esposa), Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro– y 44 empresas. Todos, identificados como parte de la red de corrupción del exfuncionario y aliado del Cártel de Sinaloa.
En este seguimiento, a la autoridad hacendaria también le llamó la atención que García Luna viajó con frecuencia a Estados Unidos y Colombia, mientras que Linda Cristina Pereyra visitó de forma recurrente Estados Unidos y España.
En el presunto caso de peculado, para la UIF las compañías que tuvieron una participación más relevante son Nunvav, Inc, y Nunvav Technologies, Inc. Éstas concentraron 26 de los 30 contratos ilegales, por un monto global de 675 millones 268 mil 906.92 dólares.
En rebeldía, García Luna, Pereyra y los Weinberg
El exsecretario de Seguridad Pública y mano derecha del expresidente Felipe Calderón, así como su esposa Linda Cristina Pereyra Gálvez, “junto con otras personas del entorno más íntimo de García Luna, fueron citadas a la Corte [de Florida, Estados Unidos], no concurrieron al juicio y se les pasó el tiempo. Están en una situación como de rebeldía”, explicó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez.
Se trata de todas las personas físicas y morales demandadas civilmente por el gobierno de México, entre ellos: Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro; así como las empresas Nunvav, Inc; Nunvav Technologies, Inc; y Gull Holding Enterprises, Inc, entre otras.
En la conferencia presidencial del 9 de marzo, Pablo Gómez indicó que esa situación de rebeldía “no se considera desacato porque no tienen obligación de concurrir. La persona que es demandada por la vía civil que no concurre pues está implícitamente admitiendo frente a ese tribunal que las cosas son como el demandante las dice. […Y] ninguno de los dos concurrió”.
El titular de la UIF expuso que a pesar de que García Luna ya estaba detenido cuando todavía tenía tiempo de concurrir a la Corte de Florida, “lo pudo haber hecho a través de sus abogados. Sus abogados y ellos decidieron no concurrir”.
