La ministra Esquivel usa a menor como arma arrojadiza
Ricardo Raphael
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mossa vuelve a dar de qué hablar. O más bien, procedió penalmente para que no se hable de ella ni de su privilegio. Acaba de denunciar a una serie de periodistas y medios de comunicación que dieron a conocer un par de imágenes de ella y su familia durante sus días de descanso, esta Semana Santa, en Whistler, Canadá.
Sin haberlo pretendido, la ministra detonó una disputa de derechos que merece mucha atención en esta época, donde por obra de las redes sociales se ha vuelto tenue la frontera entre lo público, lo privado y lo íntimo, y también donde las libertades de prensa y expresión se hallan constantemente en tensión con otros derechos.
Primero la anécdota y luego la discusión de fondo. El martes 4 la periodista Lourdes Mendoza subió a Twitter un mensaje y un par de fotografías relacionados con la ministra Esquivel y su familia. El comentario decía:
“¡¡Extra!! ¿dónde anda la ministra plagiaria de la @SCJN? Pues donde la gente neoliberal acostumbra viajar en estas épocas… Sí, anda esquiando en familia en Whistler! Sí, con su marido Rioboo, el constructor favorito de @lopezobrador_. Qué bueno que ellos son diferentes. ¿Será que se escapó para meditar y de retache renunciar?”
Acompañando este mensaje aparecen dos imágenes, el de una mujer seguida por un hombre que, sólo por el mensaje, es posible suponer que se trata de la ministra Esquivel y su marido. Y un segundo retrato, tomado en una plaza donde la misma mujer y el mismo hombre caminan a cierta distancia y ella va acompañada por un menor. En ambas imágenes es prácticamente imposible distinguir los rostros de ese elenco.
El mismo día la publicación referida alcanzó más de un millón de visualizaciones y un número abultadísimo de comentarios. Este evento ocurrido en las redes sociales debió molestar mucho a la ministra, porque el viernes 7 presentó una denuncia acusando de agresión a Lourdes Mendoza y otros medios y periodistas que replicaron su comunicación. En ella, Esquivel exige, entre otras cosas, la no reproducción de las imágenes, así como la eliminación de este material, no solamente de la red social donde fue publicado sino también de todos los dispositivos que hayan recibido los mismos datos.
La maestra Fidelina Pérez Miranda, juez de control del Poder Judicial de la CDMX, otorgó velozmente medidas de protección contra los periodistas Lourdes Mendoza, Ciro Gómez Leyva y Melissa Damián Arellano, y también contra las empresas Grupo Imagen, Grupo Fórmula y La Silla Rota.
La denuncia sostiene que la libertad de expresión ejercida por estos profesionales de los medios debe subordinarse a otros derechos de mayor jerarquía. Destaca sobre todo el interés superior del menor cuya silueta aparece en una de las imágenes divulgadas.
Afirma la ministra Esquivel que con esa publicación se puso en riesgo la vida, la integridad y la intimidad del niño.
Más allá de la anécdota, este procedimiento penal iniciado por Esquivel abre un debate constitucional muy importante sobre la libertad de expresión cuando ésta entra en colisión con la privacidad y la intimidad.
En este caso, el punto obligado de partida es el hecho de que tanto la ministra Esquivel como el ingeniero José María Riobóo son figuras públicas. Así lo decidieron ambos cuando avanzaron en su profesión, ella al llegar a la cima del Poder Judicial mexicano y él, al convertirse en uno de los constructores que más negocios tiene con el Estado mexicano.
No hay ningún delito que perseguir respecto de la captura y/o divulgación de imágenes donde aparezcan dos personajes públicos caminando en un lugar público. Ellos abrieron la puerta para que el ojo exterior visitara su intimidad cuando, consciente y voluntariamente, eligieron la carrera profesional que hoy ostentan. La doctrina jurídica está cargada de conclusiones al respecto y cabe suponer que la ministra Esquivel la conoce de sobra.
El texto que acompaña a los mensajes tampoco podría calificarse como una agresión a las libertades o los derechos de las personas señaladas. Sin embargo, la ministra Esquivel afirma que el mensaje de Lourdes Mendoza incita al odio y también la denigra, difama, discrimina y humilla mediáticamente. Como quien saca un conejo de la chistera afirma, además, que todo lo anterior ocurre de manera derivada contra el menor.
Este punto es harto debatible. El ejercicio libre de la expresión puede irritar el ánimo de las personas aludidas, pero es una exageración suponer que, per se, promueve el odio, discrimina, humilla o difama. En el presente, llamar a alguien “neoliberal” se ha vuelto en México un recurso tan de uso corriente como acusarle de tener malos gustos. Tampoco hay nada de extraordinario en exigir a Esquivel, entre los miles de veces que ha sucedido, que renuncie a su cargo por el presunto plagio de sus tesis de licenciatura y doctorado.
Si hoy un juez concediera razón a la ministra con estos argumentos, mañana tendría que procederse contra medio país, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, que todos los días usa el adjetivo “neoliberal” para designar a sus adversarios, al tiempo que reclama congruencia a quienes tratan al dinero como si fuera su Dios.
Resulta por otro lado evidente que el mensaje redactado por Mendoza no tiene como destinatario al menor. No hay cómo argumentar que la periodista quiso imputar al niño una eventual pertenencia a la Cuarta Transformación o pretendió denostarlo por tener hábitos neoliberales. Las alusiones son claramente dirigidas a la ministra y a su marido.
En este contexto, la ministra Esquivel hizo algo muy cuestionable en la denuncia. Sabiendo que sus alegatos no tendrían sustento legal si a la libertad de expresión de la periodista oponía sus propios derechos, fabricó una ficción jurídica muy cuestionable. Se sacó de la manga el artículo 77 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que define como violación a la intimidad de un menor “cualquier manejo directo de su imagen … que permitan su identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión”.
En este caso ninguno de los tres supuestos se cumple: 1) no hay manejo directo de su imagen sino de la de los adultos; 2) la fotografía no permite la identificación del menor porque su tamaño lo hace irreconocible y; 3) Lourdes Mendoza no usó un medio concesionado para divulgar el retrato.
La paradoja jurídica de este asunto radica en que, sin la denuncia penal de Esquivel contra estos periodistas, difícilmente el público hubiera sido capaz de identificar al menor que camina junto a ella. Esquivel habría de denunciarse a sí misma por propiciar la identificación de su hijo. Al usarlo para defender lo indefendible fue la ministra quien, en todo caso, lo expuso a las veleidades encarnizadas del ojo público.
