A tres años de la Ley de Amnistía, ¿cómo vamos?

Adriana Muro Polo

Este abril se cumplieron tres años de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía a nivel federal. Esta legislación quizás sea el único destello de aquellas rotas promesas de pacificación de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y del texto del Plan Nacional de Desarrollo que apuntaba hacia el diseño de una política de verdad, justicia y reparación para el país.

El contenido de la ley se basó en la premisa de que el sistema de justicia penal y el poder punitivo del Estado han impactado de forma desproporcionada a grupos históricamente discriminados en contextos de pobreza, vulnerabilidad y exclusión. La Ley se redactó como una oportunidad de otorgar la amnistía y restituir el derecho a la libertad a personas bajo dichos contextos por conductas del fuero federal relacionadas con aborto, actividades enmarcadas el mercado ilícito de drogas, robo simple y sedición. Desde Elementa, hemos dado seguimiento a la actuación de la Comisión de Amnistías y presionado para impulsar una efectiva rendición de cuentas sobre las personas que se han visto beneficiadas a través de esta normativa.

El corte a marzo de 2023 según la base de datos publicada por la Unidad de Apoyo de Justicia de la Secretaría de Gobernación, arroja que se han presentado 2,301 solicitudes para obtener el beneficio de amnistía de las cuales, 1,256 han sido rechazadas y 1,045 han sido procedentes. No obstante, solo 249 personas han obtenido el beneficio, de las cuales 56 ya se encontraban en libertad cuando se les otorgó el mismo. Es decir, efectivamente se ha restituido el derecho a la libertad a 193 personas a través de este mecanismo. De este total, siguen sin ser claras las medidas de reinserción social en favor de las personas beneficiadas. Dichos números muestran que el alcance de la ley ha sido bastante limitado en comparación con la población penitenciaria a nivel federal y que hay un reto de socialización en la población penitenciaria para potencializar la implementación de la Ley y tener un efecto reparador a gran escala.

Asimismo, estas cifras dan cuenta que no hay claridad sobre los mecanismos y tiempos de toma de decisión que involucran tanto a la Comisión de Amnistías de la Secretaría de Gobernación, como al Poder Judicial. Esto se observa en los cientos de solicitudes procedentes que, a pesar de estar admitidas, aún no derivan en puestas en la libertad ya que están a la espera de que un juez o jueza resuelva hacer efectivo o no el beneficio. Esta falta de transparencia y claridad en cuanto a los tiempos de análisis de las solicitudes, revictimiza y mantiene en la incertidumbre a las personas que cumplen con los requisitos que prevé la ley y apuestan por este mecanismo de excarcelación para salir de prisión. Esto se evidencia, por ejemplo, frente al elemento subjetivo de la situación de pobreza, pues el 89.7 % de las solicitudes de amnistía procedentes se encuentran en dicho supuesto. ¿Cómo evitar que los vicios del sistema judicial que les encarceló se trasladen a los mecanismos de reparación para recuperar su libertad?

Estas primeras cifras a su vez nos han permitido desde Elementa analizar el impacto de esta legislación en las personas privadas de la libertad por diversas conductas relacionadas con el mercado ilícito de drogas. Específicamente para fortalecer el argumento de que la mayoría de las personas involucradas en los eslabones más expuestos de la cadena son personas en contextos de vulnerabilidad.

Hasta el corte de marzo de 2023, el 67.1 % de las solicitudes para obtener el beneficio de amnistía han sido de personas privadas de la libertad por delitos de drogas y el 98.7 % de las amnistías otorgadas también son por dichos delitos. De las solicitudes que procedieron, el 81.8 % son por transporte de sustancias psicoactivas, seguida de posesión en distintas modalidades e introducción al país, tres conductas que están muy lejos de las redes de macrocriminalidad del mercado. En todas las modalidades, la cannabis ocupó el primer lugar de las solicitudes. Estas cifras visibilizan, otra vez, la urgencia de retomar el liderazgo regional, ignorar las narrativas tóxicas desde la mañanera, destrabar el proceso legislativo e impulsar una regulación que despenalice las conductas relacionadas con la producción, comercialización y uso de dicha sustancia.

La implementación de la Ley Amnistía también tiene dos deudas importantes de acuerdo a los artículos transitorios. La primera corresponde a la Secretaría de Gobernación, que tiene el deber de promover que los estados expidan leyes locales de amnistía para delitos del fuero común. Esto es fundamental pues delitos bajo la figura de narcomenudeo, robo y aborto son competencia de dicho fuero. A tres años de la amnistía, solo 12 estados del país cuentan con una ley local y no todas están armonizadas con la ley federal, en varias de estas entidades aún no hay mecanismos activos de implementación. Si se busca realmente un efecto reparador en favor de los grupos que prevé la ley federal es necesario que la amnistía aterrice en los contextos locales.

La segunda deuda está en cabeza del poder legislativo. El quinto transitorio de la ley establece que, dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la misma, el Congreso de la Unión deberá revisar los delitos sujetos a amnistía y valorar sus elementos configurativos. Han pasado 2 años y medio y desde ninguna de las cámaras se ha realizado un ejercicio de reflexión sobre el contenido de los delitos. Una revisión juiciosa por parte del Congreso se puede traducir en cambios y adecuaciones a estos delitos para frenar el el ingreso de personas en situación de vulnerabilidad a las cárceles.

La Ley de Amnistía en contenido y objetivos es una buena práctica a nivel regional, especialmente frente a los contextos de criminalización por delitos de drogas en países productores y de tráfico. A tres años de su entrada en vigor queda el reto de que sea una prioridad para el poder ejecutivo, pero también para el Congreso y para el Poder Judicial. De los tres poderes de gobierno depende reparar a quienes la pobreza, la prohibición y la discriminación ha vulnerado su proyecto de vida y su libertad.

* Adriana Muro Polo (@adrianawall) es directora ejecutiva de @ElementaDDHH.