Nubarrones que inquietan la tranquilidad social sinaloense

Alfonso Carlos Ontiveros Salas

El conflicto que inició el Gobierno del Estado contra la Universidad Autónoma de Sinaloa, con la publicación de Ley de Educación Superior que viola la autonomía y el régimen de gobierno de la Casa Rosalina, puede ocasionar quebrantos para la estabilidad política y social.
Los resultados en la defensa jurídica de la Casa de Estudios Rosalina siguen sumando éxitos primero con los amparos admitidos y después con las suspensiones provisionales y definitivas que le han sido concedidas.
Los actos de provocación y violatorios a las suspensiones otorgadas por los tribunales de amparo, por el Ejecutivo Estatal y del Congreso del Estado, traerá consecuencias que no se quisieran, pero los actos de intimidación se repiten y habrá que disciplinarlos.
Las denuncias y los delitos que se invocan no se configuran y los intentos de entrar a revisar los ingresos propios de la Universidad por el Estado no se podrá concretar por esas vías. Lo saben bien. Es un asunto de las autoridades fiscalizadoras federales.
Los actos ilegales se repiten continuamente. El Gobierno Estatal ha exigido a la Fiscalía Estatal que utilice a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, que sin denuncia previa ha exigido información que jurídicamente es violatoria de derechos fundamentales. En otro espacio de opinión se dará cuenta de estas observaciones.
Los escenarios se complican para las autoridades estatales. El desfile del primero de mayo fue un aviso que no debe desdeñarse ya que la Universidad demostró que está preparada para enfrentar acciones de tipo político y no solo las que se ejercen ante los tribunales.
En la sesión del H. Consejo Universitario del pasado cinco de mayo se acordó organizar una gran marcha estatal en esta ciudad de Culiacán, para exigir que se detengan los actos de hostigamiento contra miembros de la administración universitaria entre ellos el Rector, y decirles a los señores del gobierno, que no se permitirá que los brazos represivos del Estado dañen la autonomía universitaria o que afectan la libertad personal de sus autoridades.
Las condiciones del conflicto suben de nivel y pueden desatarse consecuencias que en nada abonarán a la tranquilidad de las familias sinaloenses, porque los universitarios se muestran decididos a detener y enfrentar con todo el abuso y el autoritarismo estatal.
Las autoridades encabezadas por el Gobernador deben ser ejemplo de respeto, pues no es propio usar expresiones denigrantes cuando se refieren al Rector de una Institución que educa y líder en Sinaloa en la calidad de la enseñanza que imparte.
El diálogo para conciliar debe ser la premisa para llegar a los mejores acuerdos, los que ayuden a consolidar la paz, la cultura y el bienestar de los jóvenes sinaloenses. La Ley de Educación Superior de Sinaloa tendrá que reformarse y quitar toda amenaza a la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El objetivo, no tiene reversa.
La consulta para reformar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa será de su comunidad universitaria y no con la descarriada intromisión del Congreso del Estado al imponerlo en la combatida Ley de Educación Superior de Sinaloa, que viola su autonomía.
Por si el conflicto con la UAS no fuera poco, se le suma el de los productores de maíz y trigo que se revelan ante un gobierno insensible en resolver la demanda de mejores precios de garantía, ante una escalada de inseguridad que sigue amenazando la tranquilidad social de las familias sinaloenses. Levantan personas, roban y asesinan sin que se castigue a los responsables. El respeto a la vida se ha perdido. Los últimos hechos violentos lo confirman.
La elección del 2024 se acerca. Los votos no serán los esperados por Morena. El reposicionamiento de las agrupaciones políticas preocupa porque es señal de riesgo para los que ejercen el control político del Estado.