Sinaloa se convulsiona: inestabilidad política e inseguridad
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
Se revelan los productores del campo y ponen en jaque la situación política estatal. Los precios de garantía en el maíz y el trigo y la solución del conflicto contra la UAS y el combate a la inseguridad son punto de equilibrio en el retorno de la tranquilidad ciudadana.
La inseguridad pública se vuelve crónica; es una asignatura que se le hace engrudo al gobierno del Estado. Los hechos delictivos se multiplican y no hay estrategia policial que los pare. La impunidad es el reflejo de una situación inestable en el gobierno, por lo que urge que se reconsideren determinaciones políticas inoperantes y que se privilegie el diálogo para arribar a soluciones porque el Estado se desmorona.
Los asesores le están fallando al Gobernador. Carecen de formación política en el gobierno y las recomendaciones que le sugieren no han sido las más afortunadas porque lejos de orientar lo desorientan. Los brotes de inconformidad aparecen por todo el Estado.
Los asesores lo llevaron a un conflicto estéril contra la Universidad Autónoma de Sinaloa que hasta le han negado a la Casa Rosalina el derecho a la presentación de denuncias ante la Fiscalía Estatal. La justicia por lo que se ve, es selectiva y discriminatoria.
Dijo la Fiscal a los medios de comunicación y se escuchó también en el recinto judicial el pasado martes de esta semana, ante la impugnación presentada por la Casa Rosalina, que para recibir una denuncia debería cumplirse con un protocolo de revisión por un periodo de veinticuatro horas, para resolver si se recibía o no.
Sin embargo, la mentira quedó evidenciada, porque la denuncia presentada por la Titular de la Auditoría Superior del Estado fue recibida, sin importar cumplir con ese protocolo, mucho antes de concluir la diligencia de auditoría del pasado treinta de marzo. Lo mismo ocurrió con las supuestas denuncias de trabajadores de la UAS ¿Mejores pruebas para demostrar la persecución política contra las autoridades de la UAS?
La procuración de justicia se ha convertido en Sinaloa en un instrumento de represión para proteger los intereses aviesos del Estado. El conflicto contra la Casa Rosalina es el pretexto para huirle a los delincuentes que tienen en jaque al Estado, porque atreverse a detenerlos es poner en riesgo su seguridad personal por quebrantar los compromisos pactados en lo oscurito. En las acciones policiales solo se conocen aseguramientos de armas y droga, pero ¿casualmente? siempre sin detenidos.
Los brotes de inconformidad son bastantes que deben obligar al Gobernador a revisar las estrategias de conducción del Estado porque por otro lado también se le manifiestan los familiares de personas desaparecidas, denunciando que son amenazadas si continúan insistiendo en sus demandas para exigir que aparezcan vivos y sanos sus familiares.
Muchos de ellos son madres de personas afectadas por la delincuencia. Se sospecha que pueden estar involucrados miembros de las corporaciones de policía en esas desapariciones forzadas, pero aun así el reto lo enfrentan y siguen firmes en exigir la aparición de sus hijos y familiares.
El problema político contra la UAS representa un hecho que puede hacer estallar movimientos de inestabilidad política y social que no conviene que sigan creciendo en contra del gobierno. El reposicionamiento de agrupaciones políticas en momentos de crisis para el gobierno, tampoco le abonarían a la tranquilidad ciudadana porque las voces colectivas ya manifiestan su fastidio por los frentes de conflicto que el propio Estado ha iniciado y que pueden desencadenar hechos que no desea la población porque al final sería la más afectada.
Los cambios en el gobierno le urgen al gobernador, los amigos que tiene en la dirección gubernamental al parecer le resultaron inmaduros e incapaces para formar un gobierno fuerte y confiable para la sociedad en general. Un gobierno que no cumple con las expectativas ciudadanas debe entenderse que es un gobierno fallido.
