Reingeniería recaudatoria subnacional en México

Roberto Ballinez

Si bien, el desempeño de la economía mexicana se mantiene expuesta a un buen número de factores (internos y externos) que muestran un comportamiento volátil, los últimos datos financieros y económicos registrados han demostrado su buena resiliencia. De hecho, esto ha provocado que actores nacionales e internacionales hayan mejorado las expectativas de crecimiento de nuestro país (de 1.5% en promedio a principios de año a un 2.5%).

Una vez superada la etapa de recuperación, la actividad económica empieza a mostrar los primeros signos de estabilización. El Indicador Global de Actividad Económica creció 3.4% anual en el periodo de enero a abril, mientras que la inflación mensual de junio registró una variación anual (en su índice general) a la baja (5.06%). Nuestra economía sigue beneficiándose de la buena dinámica que se registra en el de sector servicios, que representan alrededor de dos tercios del PIB y de un constate flujo de inversión. Pese a un ambiente de altas tasas de interés, el consumo privado avanzó en marzo 2.5% (en términos trimestrales), lo que se explica en gran medida por las transferencias monetarias otorgadas por el Gobierno, una buena dinámica del empleo, así como por el efecto de las remesas.

Ahora bien, hay que tener claro que todos estos datos son producto de la comparación con el trimestre anterior o con el mismo trimestre del año pasado, pero ¿qué hay si volteamos a ver el avance que tiene nuestra economía con relación al Paquete Económico aprobado para 2023?

Sin el afán de minimizar ninguno de los buenos datos que ha arrojado nuestra economía en el primer cuatrimestre de 2023; con relación a las finanzas públicas del país, hay que decir que el desempeño de los ingresos tributarios no está en línea con las metas aprobadas en la Ley de Ingresos. Si la recaudación federal es menor, entonces las transferencias que hace el Gobierno a las entidades subnacionales también son menores a las del Presupuesto de Egresos. El dato acumulado del Ramo 28 (enero a mayo) es 1.6% mayor contra el mismo periodo de 2022, pero este se encuentra 7.1% por debajo respecto al PEF23. Para el Fondo General de Participaciones (FGP), el acumulado de enero a mayo está -2.2% contra el mismo periodo de 2022 y -9.2% si lo comparamos con el PEF23.

Si bien la brecha contra el PEF pasó de doble dígito negativo en enero a solo uno en mayo, existe cierta incertidumbre sobre el efecto de esta situación en los programas presupuestales de los estados y municipios. Particularmente, si pensamos que ya han transcurrido los principales meses de recaudación. Esta desviación, entre los ingresos federales efectivamente transferidos y los presupuestos que los subnacionales aprobaron a finales de 2022, podría con el paso de los meses presionar su liquidez.

Dejando de lado el tema sobre si el Paquete Económico para 2023 fue algo optimista y sobre el efecto compensatorio que tendría el uso de los recursos captados a través de una segunda potenciación del FEIEF, la pregunta relevante para mí en este momento es ¿qué están haciendo o qué podrían hacer los subnacionales para paliar esta reducción en sus ingresos?

Ante esto, teóricamente existen solo tres estrategias: contratar nueva deuda; ejercer mayor control sobre el gasto; o incrementar la recaudación. En el primer caso, las altas tasas de interés deberían desincentivar a que los encargados de las finanzas subnacionales contraten nueva deuda. En el segundo caso, se podría recurrir a recortes en el gasto corriente en el orden marcado por la Ley de Disciplina Financiera en su artículo 15, reduciendo el gasto en comunicación social o percepciones extraordinarias de los servidores públicos, aunque esto podría ser insuficiente. En contraste, si bien el gasto en obra pública es más flexible, esto significaría el recorte en la inversión en infraestructura y en la provisión de servicios públicos. La tercera estrategia, en mi opinión, puede ser una amarga medicina, pero con beneficios permanentes.

Eficientizar la recaudación, crear nuevos impuestos o cobrar más con aquellos que ya existen podría equilibrar la menor entrada de recursos vía ingresos federales. Incluso, si el estado o municipio robustece su poder recaudatorio, y con ello la fuente de sus ingresos propios que son de libre disposición, esto computaría a favor de los coeficientes de distribución de las participaciones federales.

En mi opinión, el aumento en la recaudación propia no necesariamente debe pasar por el aumento de las tasas impositivas, sino muchas veces está ligado a la ampliación de la base gravable implementando nuevas tecnologías e incorporando al mercado informal, así como identificando actividades que puedan ser grabables como aquellas que tienen un impacto en el medio ambiente (impuestos cedulares e impuestos verdes).

En este sentido, se debe fomentar el uso de más y mejores tecnologías de información para digitalizar y actualizar los sistemas catastrales con el fin de mejorar la recaudación del impuesto predial, crear nuevos impuestos como los ecológicos, establecer cobros a las plataformas digitales de hospedaje, actualizar los padrones vehiculares y, en la medida de lo posible, establecer programas de fiscalización como los del Gobierno Federal (ABC: aumentar la eficiencia recaudatoria, bajar la evasión y elusión fiscal y el combate a la corrupción).

Según PwC México, actualmente hay 14 entidades federativas con al menos un tipo de impuesto ecológico. Entre los impuestos verdes que se han establecido a nivel estatal están los enfocados en gravar la extracción de materiales del subsuelo, la emisión de gases contaminantes en la atmósfera, emisión de contaminantes en el agua y la disposición final de residuos.

Desde mi punto de vista, estos esfuerzos pueden ser viables dado que la economía en general está mostrando un desempeño favorable, lo cual podría aumentar la capacidad de pago de los contribuyentes (personas físicas y morales). En paralelo, si en el transcurso del año la economía llega a crecer el 3.0% que estima la SHCP, esto beneficiaría a los recursos federales que reciben los estados y municipios.