Ni mano dura, ni mano blanda, ¿hay otra vía para frenar el crimen en Latinoamérica?
EFE
“Mano dura” para coaccionar o “mano blanda” para negociar. Estos son los dos enfoques opuestos que actualmente aplican distintos gobiernos de Latinoamérica para frenar al crimen organizado en una región que concentra la mayor tasa de homicidios del mundo, y que se pregunta si realmente puede existir una tercera vía para acabar con esta problemática.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es el principal abanderado del modelo de “mano dura”: ha reducido drásticamente los homicidios mediante la suspensión de algunas garantías constitucionales y una política de encarcelamientos masivos.
“Es un modelo que presupone la ausencia del Estado de Derecho”, lamenta en una entrevista con EFE Mariano de Alba, un asesor del International Crisis Group, dedicado al estudio de los conflictos, que participó este jueves y viernes en Bruselas en el foro social previo a la cumbre de mandatarios de la UE y la CELAC (la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) del 17 y 18 de julio.
De Alba afirma que, en el enfoque de “mano dura”, el Ejecutivo lo controla todo, “no hay jueces que revisen la legalidad de los arrestos” y a menudo afloran las ejecuciones extrajudiciales.
“Las fuerzas de seguridad empiezan a matar indiscriminadamente, sobre todo a jóvenes, para generar temor, y que eso haga que los grupos criminales detengan sus actividades”, explica.
Para De Alba, otro presidente con “mano dura” es Nicolás Maduro en Venezuela, un país donde, según dice, hay gente inocente que termina pagando como “justos por pecadores” cuando las fuerzas de seguridad “entran en ciudades de escasos recursos y asesinan a mansalva”.
Ni mano dura ni mano blanda, ¿hay otra vía para frenar el crimen en Latinoamérica?
Aunque el experto admite que esta estrategia coercitiva “da claramente mucho más réditos electorales”, desde el International Crisis Group avisan que a largo plazo los grupos criminales acaban reorganizándose y evitan la represión estatal, a menudo mediante la connivencia de funcionarios públicos.
En cambio, negociar con los grupos del crimen organizado es la estrategia que, según Mariano de Alba, han desplegado en Colombia y en México los presidentes Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de que mediante el acuerdo las bandas “dejen de matar a gente” y se abran a deponer las armas.
“Pero también hemos visto que una parte de los grupos utilizan esas negociaciones para rearmarse y para fortalecerse”, avisa el experto del International Crisis Group.
Y añade: “Nosotros creemos que debería haber un tercer modelo que no sacrifique ni el Estado de Derecho ni el respeto por los derechos humanos, pero que al mismo tiempo sea efectivo a la hora de detener los homicidios y la violencia en general”.
Para frenar al crimen organizado, De Alba propone una tercera vía basada en tres pilares: sistemas de justicia independientes, desarrollo económico y cooperación internacional.
“Y ahí es donde entra en juego la Unión Europea (…) El momento demanda que los países del Norte reconozcan que ellos también son parte del problema, porque son los países consumidores de droga”, asevera este jurista experto en Derecho internacional.
A su juicio, “una coordinación entre los países donde se fabrica la droga y los países donde mayoritariamente se consume” es imprescindible para atajar al narcotráfico, uno de los motores del crimen organizado y la violencia armada en Latinoamérica.
De Alba cree que la cooperación con la UE va a ser decisiva, en un momento en el que, según dice, los Estados Unidos están “dando por pérdida la batalla contra las drogas” y “empiezan a enfocarse más en soluciones internas en su país”.
Esta aproximación aislacionista tampoco casa con el diagnóstico de la organización Transparencia Internacional, que alerta del carácter “transfronterizo” de los grupos del crimen organizado.
La experta en flujos financieros de la entidad, Maira Martini, subraya que, en muchos casos, el dinero ilícito de los grupos del crimen organizado termina blanqueándose con empresas fantasma o mediante la compra de propiedades ubicadas en países occidentales.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), más de 2.9 millones de latinoamericanos han sido asesinados en lo que va de siglo, lo que significa que alrededor de uno de cada tres homicidios que ha habido en el mundo desde el año 2000 se han producido en una región, la de América Latina y el Caribe, que representa al 8% de la población global.
