La expulsión de los conspiradores
Álvaro Aragón Ayala
Si los tribunales federales decretan la inconstitucionalidad de la Ley de Educación Superior del Estado -LESE- por violar la autonomía universitaria, los escenarios en Morena y en el gobierno del Estado darán un viraje de 160 grados. La abrogación o derogación de la ley tendría un impacto en las entrañas del Congreso y perjudicaría los proyectos políticos de diputados que buscan ser reelectos o bien aspiran a ser postulados candidatos a diputados federales, Senadores o a alcaldes.
A lo sumo, en mes y medio, los jueces y magistrados tendrán una resolución definitiva sobre la inconstitucionalidad o la anticonstitucionalidad de la ley. Los jueces de distrito ya han emitido más de 200 amparos definitivos contra la Ley de Educación Superior del Estado por considerarla violatoria de la autonomía universitaria e irruptiva en los procesos académicos y financieros que únicamente son competencia de la Casa Rosalina por su autonomía.
Diputados del Congreso Local filiales a Morena y el PRI elaboraron la Ley de Educación Superior del Estado trasgrediendo el artículo 3° Constitucional fracción VII constitucional y la Ley General de Educación Superior. El gobernador avaló y publicó dicha ley. Entre los diputados que impulsan la LESE sobresalen Feliciano Castro Meléndrez, jubilado universitario, y los maestros en activo de la UAS, Sergio Mario Arredondo, José Manuel Luque Rojas y Juana Minerva Vázquez González.
En una primera instancia, los diputados de Morena que fungen todavía como maestros en activo de la máxima casa de estudios podrían ser puestos a disposición del Consejo Universitario, de la Comisión de Honor y Justicia de la UAS y del propio sindicato de Académicos, para procesar su expulsión de la Casa Rosalina por traición y por conspirar contra las autoridades de la Casa Rosalina para buscar su encarcelamiento.
La inconstitucionalidad de la Ley de Educación Superior del Estado obligaría al propio gobernador a recapitular su discurso, pues ha dicho que dicha ley no viola la autonomía de la UAS, y a modificar la actitud agresiva de los diputados de Morena y del PRI que participan en la campaña de descrédito de la Casa Rosalina y sus autoridades. Debido al rechazo universitario a la LESE el gobierno emprendió una cacería política contra los funcionarios universitarios.
En el proceso electoral, al despejarse las dudas sobre la legalidad o ilegalidad de la Ley de Educación Superior, los ciudadanos estarían en condiciones de no votar por los candidatos de Morena por haber fraguado y participado en el complot contra la UAS y usar la ley de marras para criminalizar a las autoridades de la institución de enseñanza superior. Quedaría roto, a la luz de la opinión pública, el principio morenista de no mentir y no traicionar.
Los saldos político-electorales para Morena serían catastróficos porque al decretar los tribunales federales la inconstitucionalidad de la Ley de Educación Superior, legisladores locales y federales, senadores, la propia dirigencia estatal de este partido, quedarían exhibidos como mentirosos y abusivos por hacer uso ilegal del Congreso Local para aprobar una “ley fuera de la ley” con el propósito de tomar por asalto a la UAS.
