La locura de Rocha: busca destituir al Rector porque no le pasó el control de la UAS

Álvaro Aragón Ayala
 
Desde su toma de posesión, el gobernador Rubén Rocha Moya trazó un plan: tomar por asalto la Universidad Autónoma de Sinaloa a costa de lo que sea, tope en lo que tope. Para lograr su objetivo creó la Ley de Educación Superior o “Ley Rocha”, la cual creyó que le abriría las puertas para apoderarse de la Casa Rosalina, pero sus cálculos fallaron y ahora utiliza a la Fiscalía General de Justicia y a un juez de control del Supremo Tribunal de Justicia para consumar su propósito.

Primero, antes de lanzar su Ley de Educación Superior, Rocha Moya pidió al Rector Jesús Madueña Molina que transitara con él, que le cediera el control de la UAS, que violara la autonomía y pasara al gobierno estatal, al Congreso Local y a la SEPyC, el dominio académico, administrativo, financiero y político de la Universidad. El Rector se negó y el gobernador de inmediato lo colocó en la lista de sus enemigos.

Después, con la publicación de Ley de Educación Superior, violatoria a la autonomía universitaria, Rocha creyó que tenía ya en su poder a la UAS, pues conjeturó que le serviría para construir una Ley Orgánica Externa de la máxima casa de estudios que contemplara la inmediata destitución del Rector; de paso cesaría a todos los directores de preparatorias, escuelas y facultades para cambiarlos por miembros del “cártel de jubilados”.

Sin embargo, otra vez sus cálculos fallaron: la comunidad universitaria interpuso más de 150 amparos indirectos para frenar la aplicación de la “Ley Rocha”. Los Jueces de Distrito concedieron casi de inmediato 150 suspensiones definitivas contra la Ley de Educación Superior por considerarla violatoria a la Constitución y a la Ley General de Educación Superior y lesiva a la autonomía de la UAS. El gobernador quedó inhabilitado para aplicarla y anulado para crear una nueva Ley Orgánica de la Universidad.

Las dos acciones, una, la petición realizada para que le pasara el control total de la UAS a su gobierno, parada en seco por el Rector, y la fracasada intención de aplicar la Ley de Educación Superior, Rocha, desquiciaron al mandatario estatal, quien en caliente puso precio a la cabeza de Jesús Madueña Molina y al resto de los funcionarios de la Universidad. “Nadie me va a detener”, espetó el gobernador para demostrar que está dispuesto a todo con tal de adueñarse de la Casa Rosalina.

¿Cuánto y qué ofrece Rocha Moya por la cabeza del Rector y los funcionarios de la UAS? ¿Cuál o cuáles son los premios que ofreció a quienes le entreguen en charola de plata la testa de Madueña Molina y el de todas las autoridades universitarias? Sólo los más cercanos al mandatario estatal lo saben. El caso es que a raíz del no rotundo que recibió como respuesta cuando pidió que le entregara la UAS y a raíz de la derrota en torno a la “Ley Rocha”, intensificó la cacería y los ataques mediáticos contra el Rector y sus funcionarios.

De este modo, pues, simultáneamente a la intensa persecución informativa, al linchamiento público y a la criminalización desatada en los medios de comunicación por quienes reciben millonarios contratos de “publicidad” gubernamental, Rocha Moya instruyó al Congreso Local, a la Auditoría Superior del Estado, a la Fiscalía General de Justicia y a la Unidad de Investigación Patrimonial y Económica, para que se dieran a la tarea de prefabricar una serie de delitos contra el Rector y un grupo de funcionarios universitarios. El invento de ilícitos se convirtió, entonces, en el sello del gobierno estatal.

Rocha Moya ahora tiene depositadas sus esperanzas -es su sueño enfermizo- en el Juez de Control, Adán Alberto Salazar Gastélum, quien instruido por el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, ex titular del Supremo Tribunal de Justicia, tratará por todos los medios a su alcance de destituir al Rector Jesús Madueña Molina, al abogado general Robespierre Lizárraga Otero y a los miembros del Comité de Adquisiciones, bajo la máxima de que él, el gobernador, es dueño plenipotenciario de todo y de todos, y de que nadie le puede negar un capricho ni oponerse a sus planes.

Es por la frecuencia de la titular de la Fiscalía General de Justicia, Sara Bruña Quiñonez, uno de los cerebros en los inventos de delitos contra la UAS, y por voz propia, sí, la del gobernador, por la que sonoramente se ha vuelto a revelar el plan de destitución del Rector. La orden de cesarlo y de ser posible encarcelarlo fue girada al Juez de Control quien está cumpliendo a pie juntillas la encomienda. Rocha Moya se frota las manos por quitarle el rango de Rector a Jesús Madueña. Quienes le siguen el juego y lo acompañan en esta canallada violan la Constitución y atentan contra los derechos humanos, la presunción de inocencia y el debido proceso.

Ya Rubén Rocha Moya puso entonces precio a la cabeza del Rector y a las de los funcionarios universitarios y actúa de manera vulgar, ilegal, manipulando las estructuras de las dependencias estatales que se supone son autónomas, pero cuyos titulares, sumisos, lambiscones, hincan su rodilla y obedecen ciegamente sus indicaciones esperando cobrar la recompensa que ofrece por la testa de Jesús Madueña y sus colaboradores. Sólo los tribunales federales y el pueblo de Sinaloa frenarán la infamia rochista
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