Porque el juicio no lo es todo
Luis Octavio Vado Grajales
Cuando a usted le cometen lo que estima una injusticia, ¿su primer pensamiento es demandar a quien se la causó? Probablemente la respuesta sea “no”, y más bien, prefiera llegar a un arreglo que evite el desgaste propio de un juicio.
Esta es, creo, una realidad cotidiana.
Si así sucede, entonces el estado debe, de alguna manera, hacerse cargo de abrir la posibilidad de que existan formas de resolver los pleitos de una manera que no requiera la intervención judicial. No porque podamos vivir sin justicia, organizada en tribunales, sino porque no todos los conflictos deben (o pueden) llegar ante los tribunales.
Así, los medios alternativos de resolución de conflictos se convierten no en sustitutivos de la acción judicial, sino en una de las opciones que deben existir para que las partes de un litigio encuentren una solución del mismo adecuada a sus necesidades.
No estoy hablando de algo extraño. En pleitos laborales, mercantiles, civiles, familiares, penales, electorales (por ejemplo, asuntos internos de los partidos) o comunitarios, la legislación ya permite que las partes resuelvan sus discrepancias mediante una conciliación o una mediación.
Resolver los conflictos a través del diálogo, con el apoyo de una persona que, sin juzgar, les ayuda a definir los contornos del litigio, y encontrar las soluciones posibles.
Para que esto pueda funcionar de mejor manera, me parece que debemos pensar en una serie de acciones:
Primera, una política nacional orientada al fomento de los medios alternativos. Reconociendo su existencia, los potencie mediante reformas legales y adecuaciones institucionales.
Segunda, modificar la formación abogadil en las universidades. Materias como negociación, mediación y conciliación deben ser obligatorias, enseñándose desde una perspectiva práctica que, con fundamentos teóricos, permita a las y los futuros juristas el desempeñarse adecuadamente en estas formas de resolución de litigios.
Tercera, generar una formación especializada para quienes se dediquen de manera profesional, ya sea en la función pública o en la práctica privada, a la operación de los medios alternativos. Esto permitirá contar con cuadros que sepan realizarlos con pleno respeto a los derechos y, además, de forma eficaz.
Cuarta, la aplicación de estos mecanismos con una perspectiva tanto de género como de protección de grupos vulnerables. No se trata de empoderar a quien ya tiene una posición privilegiada, sino de lograr, con estos medios, una sociedad más equitativa.
Quinta, potenciar la dimensión cívica del diálogo. No se trata de pensar igual, sino de aprender a convivir con distintas formas de entender el mundo; por tanto, debemos desarrollar formas de interacción social que privilegien el respeto por la diferencia dentro de la misma sociedad. Aquí figuras como la mediación pueden cumplir una función exitosa.
En suma, los medios alternativos de resolución de conflictos ya existen. Ampliarlos y mejorar su operación nos permitirán una mejor convivencia, con justicia y paz.
