Se cayó montaje del gobernador. Tribunal ordena restituirle la alcaldía a Jesús Estrada
Richard Lizárraga Peiro
Odiado, perseguido y criminalizado por el gobernador Rubén Rocha Moya, el morenista Jesús Estrada Ferreiro fue arropado por la justicia federal-electoral, que determinó que debe ser reinstalado de inmediato como presidente municipal de Culiacán, cargo que ejerce de manera ilegal Juan de Dios Gámez Mendívil.
Estrada Ferreiro es víctima de una conspiración política-judicial en la que las cabezas más visibles son Rubén Rocha Moya, diputados de Morena y del PRI conocidos como “morenistas por contrato”, la Fiscal de Justicia, Sara Bruna Quiñonez, y el Juez de Control Adán Alberto Salazar Gastelum. Fue el gobernador el que fraguó la destitución de Estrada.
Efectivamente. En modo dictador, Rubén Rocha Moya maquinó un complot -al igual como lo hace contra la UAS-, para tumbar de la presidencia a Jesús Estrada para cedérsela a Juan de Dios Gámez Mendívil, ahijado del gobernador, quien ya en funciones de alcalde se adueñó de toda la obra pública municipal y se la entregó a los hijos de su padrino.
Antes y después de junio del 2022 en que fue retirado del cargo, Estrada Ferreiro fue criminalizado por Rubén Rocha y los diputados y fue víctima de una persecución “informativa” ordenada desde el Tercer Piso del gobierno estatal. Incluso, para “aflojarlo” el gobernador ordenó llevar a cabo movilizaciones “ciudadanas” contra Ferreiro.
Este sábado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló a favor de Jesús Estrada Ferreiro y ordenó su reinstalación inmediata como presidente municipal de Culiacán. Por mas de un año, amparado por Rubén Rocha, Juan de Dios Gámez ha ostentado el cargo de manera ilegítima.
El Tribunal Federal revocó la resolución del Tribunal de Sinaloa, controlado por el gobernador, y ordenó la reinstalación del recurrente en el cargo de presidente municipal de Culiacán, Sinaloa.
Jesús Estrada fue electo alcalde, por segunda ocasión, en el 2021. Sin embargo, en 2022 el gobernador decidió “tronarlo” y le construyó varios delitos, acciones en las que participaron diputados del Congreso Local y la Fiscalía General de Justicia en colusión con el Juez de Control Adán Alberto Salazar Gastélum.
