“El Factor Inzunza” colapsa el gobierno de Rubén Rocha
Álvaro Aragón Ayala
A dos años de su instauración, el gobierno morenista de Sinaloa entró a un acelerado proceso de debilitamiento y descrédito institucional causado por “El Factor Inzunza”, la desestabilización interna de la administración y el uso manoseado de las leyes y el derecho como instrumentos de coacción y represión. Rubén Rocha Moya construye un estado antidemocrático, misógino y antifeminista, atrapado por los escándalos porno o eróticos y sostenido por los delgados hilos de la judicialización de la política, práctica que colapsa por la corrupción del Poder Judicial.
Orientado por Enrique Inzunza Cázarez, hasta ahora secretario general de Gobierno, Rubén Rocha ejerce en modo autócrata las funciones de gobernador con la idea, todavía, de que el activismo judicial, auspiciado desde las entrañas de su administración, lo ayudará a controlar todo, aunque tenga que romper las bases del incipiente sistema democrático estatal. Así, pues, de la judicialización de la política, Rocha pasó al estado de la amenaza y el terror.
El gobernador quedó atrapado en las redes de la “asesoría legal” y antipolítica de Enrique Inzunza y envuelto en escándalos porno o eróticos que sacuden el Tercer Piso del Gobierno Estatal y el campamento de campaña de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo. El principal cerebro de la judicialización de la política en la esferas estatal y municipal está metido en un verdadero brete. El repudio social en su contra es evidente. Hasta en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador pregunta por qué no lo ha cesado Rubén Rocha, qué le sabe, qué le debe o a qué le teme.
Rocha Moya, apoyado por Inzunza Cázarez, circula en la dimensión represiva del derecho, propia de los Estados autoritarios, donde el sistema jurídico se encuentra al servicio del poder criminal del Estado, caracterizándose por: a) el énfasis que pone en el control social y en el orden; b) el uso de razonamientos legales ad hoc -esto es, condescendientes con el poder-; c) el uso extendido que hace de la coerción; y d) la subordinación que efectúa del derecho a los poderes políticos.
Siempre agarrado de la mano derecha de Enrique Inzunza, claro, en su pose no erótica, el gobernador involucionó la práctica de la política en Sinaloa y regresó al derecho a su etapa más primitiva, en sí, pues, a su fase cavernícola, metiendo el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo en el carril de la represión y persecución, intentando colocar en la indefensión política a quienes ha ubicado como sus opositores por no dejarse avasallar o por negarse a rendirle pleitesía. “Yo soy el gobernador”, es la máxima que con frecuencia blande.
Rocha Moya creyó que, comprando los medios de comunicación y a periodistas, otorgándoles millonarios contratos de publicidad, su quehacer autócrata y el uso retorcido de las leyes y el derecho para aplastar instituciones y actores políticos, serían difundidos como acciones de un gobierno demócrata y humanista, pero ha incurrido en tantos atropellos, en tantos abusos, que es imposible ocultar el rostro despótico de su gobierno. Es difícil revertirle mediáticamente los estragos que le ha causado a su administración el uso faccioso de las instituciones públicas.
Sobre el gobierno de Rubén Rocha no hay duda que pesa el peor de los descréditos. “El Factor Inzunza” es letal para la imagen del propio mandatario estatal, quien no termina de cesar y nombrar nuevos funcionarios en áreas claves, reflejo del caos y la desestabilización de su gobierno. Toda tipo de acusaciones en contra sus protegidos adquirieron ya el nivel del escándalos nacionales y Adán Alberto Salazar Gastélum, en quien tiene depositadas sus esperanzas de criminalizar a sus opositores, desempeña fuera del marco legal las funciones de Juez de Control.
La ruta de la judicialización de la política mantiene, pues, al gobierno de Rubén Rocha Moya en el centro de una debacle gubernamental-institucional, hundiéndolo en problemas de gobernabilidad toda vez que en vez de solucionar los conflictos los hace crecer, destilando mentiras y más mentiras y blandiendo el garrote judicial amenazando a los ciudadanos con el poder que ha acumulado que, para desgracia para él, no le ha servido para construir un buen gobierno, sino para destruir todo lo que toca.
