Orden constitucional en suspenso
Gabriel Reyes
Autoridad es aquella instancia o entidad que puede hacer efectivas sus determinaciones. Más allá de vanas declaratorias de ley, es esa cualidad la que le define e identifica; quien se diga investido de imperio, pero carezca de tal atributo, miente. El desdibujamiento institucional ha sido paulatino, pero incesante, a grado tal, que hoy resulta obligado el hacer un alto camino y reflexionar sobre el particular.
Sin recato alguno, el presidente acusa desde palacio nacional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cobijar los peores intereses, e, incluso, de estar al servicio de quienes, de manera indebida e irregular, pretenden hacerse de privilegios y prebendas. No ha sido una expresión aislada, sino existe ya un contundente y frontal discurso en contra de la cabeza del Poder Judicial de la Federación, a pesar de que el acusador es quien más integrantes de su pleno ha designado.
Hemos visto con sorpresa, a lo largo de esta administración, lances y retos que descalifican y cuestionan al más alto tribunal de la nación. Ya no se trata sólo de expresiones, sino de acciones que, de manera directa, desacatan; se insubordinan y rebelan a lo decidido por quienes integran el pleno de la SCJN. A veces, dejando de hacer, o bien, arrogantemente, reiterando decisiones, así como empleando mecanismos, instrumentos u ordenamientos que, en todo caso, resultan equivalentes a lo reprobado judicialmente. Sí, existe una pertinaz y contumaz rebeldía a lo que se resuelve.
La Constitución es clara y precisa, al señalar que, el supremo poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en tres, asignando tareas a cada uno de los poderes, los cuales, siguiendo la tradición francesa, gobiernan al país desde el siglo XIX. Pasando por encima del acuerdo fundacional, el discurso presidencial objeta, cuestiona y desaprueba la labor de quienes tienen encomendado por el constituyente definir lo que se apega, o no, al texto constitucional, asumiendo, de manera tajante, que las metas fijadas por el movimiento que encabeza el tabasqueño, no sólo son inobjetables e incuestionables, sino también inaplazables. El presidente no sólo espera, sino que exige, que el proceder de los ministros promueva e impulse los aviesos objetivos que él ha trazado.
La confrontación ha desbordado a los poderes, la narrativa articulada por el Ejecutivo Federal ha permeado a sus colaboradores, así como a los oficialistas legisladores, quienes no sólo critican y menosprecian la labor jurisdiccional del Poder Judicial Federal, sino que, ya se manifiestan en abierto en desacato de lo ordenado, como ha sucedido, recientemente, en el Senado de la República, tratándose de la designación de integrantes del órgano de gobierno del INAI.
A pesar de que García Luna ya ha sido apresado por una autoridad del exterior, siendo allá sometido a la jurisdicción y sentenciado, la FGR pretende perseguir al que ya no está huyendo, para que sea sumariamente sentenciado aquí. Sí, ha iniciado una valiente cruzada en contra de quien tendrá, por mucho tiempo, las manos atadas. Para su infortunio, ni así han podido igualar los cartones. Ante la insubstancialidad de la acusación cursada, basada en dichos y recortes periodísticos, los jueces no han tenido más remedio que desestimar las fantasiosas acusaciones que, si bien es cierto, podrían tener visos de veracidad, éstas pretenden asirse, ingenuamente, de la condición criminal acreditada por otros, es decir, proceden suponiendo que el estatus delictivo conduce mecánicamente a condenas, sin observar el debido proceso de ley. Han pasado cinco años, y no existe una sola sentencia relevante, dictada tras sustanciar juicio, en materia de corrupción o preservación del patrimonio nacional.
De forma que el Ejecutivo Federal, sus dependencias y demás auxiliares sólo aceptan y reconocen las sentencias que les favorecen y acomodan, colocando en el terreno de lo delictivo aquellas que no lo hacen. Se dice abiertamente, en la narrativa oficial, que el poder que dirime las controversias de todo orden, está capturado por grupúsculos que manipulan la ley a discreción, resultando, al decir de quien encabeza el gobierno, un agente estatal de nula credibilidad.
Al expresarse así del complejo aparato que administra justicia a nivel federal, pone en tela juicio la confiabilidad y respetabilidad de las sentencias, ya que el señalamiento no se concreta a decisiones aisladas. El claro tenor de las consideraciones expuestas en el púlpito presidencial tiene como finalidad descalificar el carácter; honestidad y rectitud de los juzgadores, y no asuntos o circunstancias, como casos aislados. Denuesta y pone en evidencia, en lo individual y por diversas razones, a quienes deciden, al más alto nivel, las controversias y disputas que se suscitan en territorio nacional.
La parte dogmática de la Constitución, esa, que contiene las garantías individuales, con un garante anulado, es letra muerta.
Esta semana el titular del Ejecutivo Federal ha hecho burla y escarnio de las decisiones del INE. Marcado el tono y ruta, no tardarán en seguirle los partidos y todo aquel que tenga algún interés en los procesos comiciales por venir. No sólo omite, sino que antes de incumplir lo ordenado, se ha mofado del responsable constitucional de velar por la equidad en los procesos electorales. El desacato ha tomado un cariz de descalificación, guante que cruza la mejilla del árbitro, esperando a que ponga la otra.
Por ello, la pregunta obligada es saber si la SCJN, el INE, el INAI, la COFECE, y otras más, tienen a su alcance los instrumentos, medios y capacidad para hacer cumplir sus determinaciones, o bien, si el pacto constitucional se ha desvanecido.
Si la Corte ya no emite sentencias respecto del sector público, sino meras recomendaciones, que quedan a la buena voluntad de los funcionarios, los mexicanos, particularmente los justiciables, albergaremos una válida preocupación, al ver, cómo cada vez es más frecuente que las sentencias que confieren el amparo y protección de la justicia federal queden sujetas a prolongados procesos de insumisión y desacato, dando paso, con el transcurso de los años, a resoluciones que dan por ejecutado lo que no se ha cumplido. Esto es, haciendo nugatorio el efectivo acceso a la justicia, sí, anulando irremediablemente el convencional medio de defensa al alcance de los particulares. Claudicar, para evitar disputas, no es solución que restaure el orden.
Los derechos fundamentales tienen hoy un lugar de privilegio en el seno del debate público, pero, si el garante constitucional es, por designio presidencial, objeto de descalificación y desconocimiento, esto es, si las autoridades remisas quedan colocadas por encima de quien administra justicia, la esencia misma de la Carta Fundamental se habrá esfumado.
