Jueces federales frenan al Juez de Control ilegítimo
Álvaro Aragón Ayala
La conspiración judicial sostenida con montajes legaloides operados por la Fiscal General de Justicia, Sara Bruna Quiñónez, y el Juez de Control ilegítimo, Adán Alberto Salazar Gastélum, contra los funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, comienza a desarticularse, pero, perversamente, al no funcionarle sus primeras demandas para destituir y encarcelar al Rector Jesús Madueña Molina, el gobernador Rubén Rocha Moya prefabrica otras querellas.
Los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Distrito le siguen dándo la razón jurídica a la Universidad al decretar con firmeza suspensiones definitivas contra las vinculaciones a proceso del Rector emitidas sin poseer ninguna prueba por el Juez de Control. Los Jueces Federales también ampararon a la UAS contra acciones de la Auditoría Superior del Estado por considerar que no tiene facultades para auditar a la Casa Rosalina.
LA VENGANZA DEL GOBERNADOR
La asonada judicial contra la UAS tiene su origen en el enojo del gobernador Rubén Rocha Moya quien montó en cólera porque la comunidad universitaria le rechazó la Ley de Educación Superior del Estado violatoria a la autonomía universitaria, con la que tenía (y tiene) planeado tomar por asalto a la Casa Rosalina, apoyándose en los diputados de Morena del Congreso Local y en la Secretaría de Educación Pública y Cultura, como órgano que “administraría” las finanzas de la institución.
Así, en venganza, el mandatario estatal y su secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, se metieron de lleno, coordinados con la Fiscalía de Justicia, el Congreso del Estado, la UIEPES y el SATES, en el armado de expedientes penales y en el desarrollo de un proceso de criminalización y linchamiento público de los funcionarios de la UAS para amparados en el escándalo justificar la instalación de demandas ante un solo Juez de Control, conocido ya como Juez de Consigna o ilegítimo, por pretender, por órdenes del gobernador, destituir y encarcelar a los funcionarios universitarios.
JUEZ ILEGÍTIMO AL DESNUDO
A partir de agosto del 2013, las vinculaciones a proceso, las sentencias y las órdenes de aprehensión, entre otras resoluciones emitidas por Adán Alberto Salazar Gastélum, carecen de validez jurídica porque él no se ajusta a las exigencias que la ley plantea para desempeñarse como Juez de Control legítimo ya que ejerció simultáneamente las tareas de funcionario del Supremo Tribunal de Justicia y ministro de culto religioso, en flagrante violación a la Constitución y a la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público.
La ley establece que los ministros de culto religioso no pueden ser servidores públicos. Sin embargo, en agosto del año 2013 Adán Alberto Salazar Gastelum comenzó a oficiar como ministro de la Iglesia Cristiana Manantial de Vida pese a que desempeñaba el cargo de Juez de Control del Supremo Tribunal de Justicia. Entonces, desde esa fecha, a octubre del 2023, todas las resoluciones del funcionario judicial carecen de legalidad. Más todavía: por desempeñar la función de Juez de Control violando la Ley, Adán Alberto Salazar, podría ser demandado por ejercicio indebido o ilícito de la función pública y de trasgredir, además, la Ley Federal de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos.
SE CAE LA PRIMERA VINCULACIÓN
El pasado 22 de septiembre el Rector Jesús Madueña Molina recibió el beneficio del Juzgado Primero de Distrito que, por considerar ilegal aplicarle el delito de abuso de autoridad (no permitir que se auditara fuera de la ley a la UAS), le concedió la suspensión definitiva en relación a la vinculación a proceso decretado el 21 de agosto por el Juez de Control ilegítimo Adán Alberto Salazar.
El 5 de octubre el Juzgado Octavo de Distrito concedió otra suspensión provisional, en el que se ordena a las autoridades estatales que no podrán violentar la presunción de inocencia del Rector y los universitarios y abstenerse de realizar declaraciones que conlleven la transgresión del principio de inocencia, indicación que se hizo extensiva para que las autoridades responsables adscritas a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa guarden la secrecía de las denuncias en contra de Jesús Madueña Molina y sus colaboradores.
OTRO AMPARO A FAVOR
El Juzgado Tercero de Distrito, con Culiacán, concedió la suspensión al amparo presentado por la defensa del Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, en contra del auto de vinculación a proceso que se dio el pasado 14 de septiembre en su contra, imputado junto con el Comité de Adquisiciones de la Casa Rosalina, cayendo así el montaje de la “compra de las tortillas” fabricado por el gobernador.
El Juez Adán Alberto Salazar vinculó de manera ilegal a proceso al Rector y el resto de los funcionarios universitarios ya que se demostró que en la Ley no existe la licitación para adquirir los bienes objeto de investigación/acusación por tratarse de alimentos perecederos, además de otras pruebas como fue la cancelación de 703 facturas y de que las compras hechas no excedían el monto para realizar licitación pública, entre otras pruebas.
JUEZ ATADO POR LA LEY
El Juez de Control Adán Alberto Salazar está pues atado de manos, ya que en los dos casos -el del presunto abuso de autoridad, fabricado por no dejarse auditar por la Auditoría Superior del Estado los recursos federales, federalizados y propios, y por el “caso de las tortillas” con el que Rubén Rocha armó todo un escándalo- no podrá llamar a comparecer al Rector ni a los funcionarios universitarios, en tanto no se resuelva en definitiva los juicios de amparo, lo cual deberá ocurrir en sendas audiencias constitucionales, en la cuales los Jueces de Distrito establecerán si la UAS tiene la razón de manera definitiva o la tiene el Juez Penal que dictó los autos de vinculación a proceso.
