Corrupción en programas gubernamentales de México revela ASF
Diego Gastélum
En el último informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública 2022, se han revelado serias irregularidades en la gestión de dos programas gubernamentales clave en México: Jóvenes Construyendo el Futuro y el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), administrado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). Los hallazgos revelaron también que más de 200 servidores públlicos recibieron becas sin cumplir los requisitos.
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, diseñado para proporcionar oportunidades de capacitación a la juventud desempleada y no escolarizada, ha sido objeto de graves irregularidades. Según la ASF, en la última evaluación de la Cuenta Pública, se descubrió que más de 200 servidores públicos, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación, recibieron becas por un total de 5 millones 110 mil 902 pesos.
Estos beneficiarios no cumplieron con el requisito básico de no estar trabajando ni estudiando en el momento de su registro, lo que plantea serias dudas sobre la eficacia y la integridad del proceso de selección.
Sin embargo, no es la primera vez que el programa ha sido objeto de escrutinio. Auditorías anteriores revelaron casos impactantes de pagos a beneficiarios fallecidos, capacitaciones en empresas inexistentes y múltiples registros patronales irregulares en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Investigadores “no vivos” cobraron en Conahcyt
Por otro lado, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Conahcyt, destinado a apoyar a investigadores eméritos, ha sido implicado en una presunta malversación de fondos. La ASF descubrió que se realizaron pagos por un total de 2 millones 835 mil 177 pesos a cinco investigadores eméritos sin verificar si seguían con vida. El Conahcyt carecía de un Padrón de Beneficiarios actualizado, lo que permitió que 172 investigadores “no vivos” recibieran pagos en 2022, de los cuales 99 aparecieron inexplicablemente como “vivos” en el primer trimestre de 2023.
Además, se ha detectado un posible daño a la Hacienda Pública por un monto alarmante de 18 millones 837 mil pesos, atribuido a pagos indebidos y pagos excesivos. Estos incluyen pagos a investigadores sin comprobantes de su adscripción a instituciones educativas, pagos a beneficiarios de investigadores fallecidos sin evidencia de dependencia económica y pagos sin convenios firmados que justifiquen dichos desembolsos.
Este escándalo de malversación de fondos y fraudes en programas gubernamentales ha suscitado una preocupación generalizada sobre la rendición de cuentas y la transparencia en la administración de recursos estatales en México. Las autoridades competentes deben abordar urgentemente estas irregularidades y garantizar la implementación de medidas estrictas para prevenir futuros abusos y garantizar una gestión responsable y transparente de los fondos públicos.
