Pederastia clerical: lanzan llamado para que en estados no prescriban los delitos

Diana Lastiri y Gerardo Farell

Las víctimas de pederastia por parte de integrantes de la Iglesia católica u otros cultos religiosos no sólo son invisibilizadas sino que la mayoría jamás obtendrán justicia debido a que el paso del tiempo jugó en su contra.

En octubre pasado el Poder Legislativo publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto de reforma al Código Penal Federal que establece que los delitos sexuales cometidos contra menores de edad ya no tendrán tiempo de prescripción, con lo que se busca garantizar que las víctimas obtengan justicia sin importar cuándo alzaron la voz para denunciar a sus agresores.

Este tipo de disposiciones pueden ser aplicables a nivel local cuando los códigos de los estados así lo establezcan, como en el caso del Código Penal para la Ciudad de México.

Sin embargo, debido a que por principio general del Derecho la ley no puede ser aplicada en efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, muchas de las agresiones sexuales que han ocurrido en colegios religiosos, seminarios o las propias iglesias o templos, no podrán ser procesadas con base en la imprescriptibilidad recién establecida en el Código Penal Federal.

Sin registros

Proceso verificó que actualmente ninguna autoridad lleva un registro de las víctimas de este delito que, regularmente, denuncian cuando ya son adultas, mientras que las únicas estadísticas de los agresores que existen son controladas por la Iglesia católica.

Mientras que, legalmente, las víctimas sólo tienen dos vías para acceder a la justicia: la penal o civil y la canónica, que consiste en denunciar ante el Vaticano, explicó en entrevista Napoleón Guzmán, abogado y director de la organización Spes Viva, dedicada a la defensa de los niños y adolescentes víctimas de pederastia clerical.

Por la vía penal las investigaciones se siguen por los delitos de abuso y violencia sexual o pederastia, pero el jurista señaló que en algunos códigos locales estos delitos sí prescriben.

“Cuando te cometen un delito de abuso y violencia sexual se tiene que presentar la denuncia penal ante la fiscalía local y en muchos de los casos los códigos penales locales tienen un plazo de prescriptibilidad muy corto, por lo cual si tú fuiste víctima a los 18 años y decides denunciar, no sé, a los 26, pues lo más probable es que ya prescribió el delito”, indicó.

Mientras que en la vía civil se pueden entablar demandas por daño moral derivados de abuso de poder, manipulación y maltrato psicológico, entre otros, pero también los códigos civiles de los estados establecen ciertas limitantes para poder iniciar estas acciones.

El litigante recordó que la organización Spes Viva lleva diversos casos en el estado de Chiapas en el que 80% de los delitos que se cometieron ya están prescritos.

“Son distintas víctimas exreligiosas que estaban en conventos y de todos los delitos en materia de abuso y violencia sexual 80% ya prescribieron. En todos los casos hubo manipulación, abuso de poder, maltrato psicológico, entre otros. Se quiso proceder legalmente contra los agresores por encubrimiento y nos dimos cuenta de que el Código local de Chiapas sí lo contempla como un delito, pero únicamente en actos de robo”, explicó.

Códigos penales limitados

“Imagínate lo limitado que están muchos códigos penales en distintos estados, lo que es muy notorio en los estados del centro y el sur del país, que son códigos muy arcaicos que quizás no se redactaron o se estructuraron pensando en la situación social o cultural que vivía esa entidad, en particular hace 20 o 30 años”.

Comentó que la reforma al Código Penal Federal sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra los menores de 18 años daba la esperanza de que los cambios se aplicarían también en los códigos penales locales, que es donde se juzgan este tipo de delitos, pero que para que ello se logre se requiere más trabajo legislativo.

“Creo que lo que prosigue es que exista una voluntad política a nivel Ejecutivo y que se pueda hacer un trabajo en los distintos congresos locales para que, si bien no repliquen esta reforma, al menos hagan una revisión exhaustiva de sus códigos penales locales y hagan las modificaciones adecuadas para que el delito de abuso y violencia sexual no prescriba”, añadió.

Si las víctimas deciden denunciar por la vía canónica el agresor puede ser destituido, la víctima puede solicitar la reparación del daño y la Iglesia puede acceder a dar una disculpa pública, precisó el abogado.

Sin embargo, acusó que la propia Iglesia católica pone trabas en estos asuntos, pues cambia de congregación a los padres agresores o los envía fuera del país, lo que también dificulta su localización en los casos civiles o penales que se llegan a entablar.

“La denuncia canónica se presenta ante las instancias correspondientes y lo tiene el Estado del Vaticano. Cuando ellos ya tienen conocimiento de que se presentó una denuncia en contra de X o Y sacerdote, por poner un ejemplo, muchas de las ocasiones lo que hacen es que los mueven de seminarios o incluso los sacan del país, por lo cual, cuando quieres proceder penalmente, pues es muy difícil, casi imposible, porque no hay manera de notificarles, ni siquiera se tiene conocimiento del paradero de la persona”, dijo.

Reparación

“Realmente en cuanto a disculpa pública y reparación del daño, sí es muy común que veas esto en otros países con otro tipo de desarrollo, me refiero a Estados Unidos, España, etcétera, pero en México te puedo decir que es un caso de 10%, es decir, es un porcentaje mínimo donde la Iglesia quiere hacer una reparación del daño económica o acepta ofrecer una disculpa pública. ¿Qué se busca en muchas ocasiones?: que cuando es un agresor que ha generado la misma conducta delictiva ante varias personas, pues que se le sustituya del cargo, ¿no?, porque de alguna forma interpretamos que de esa manera ya no va a seguir cometiendo el crimen”, agregó.

Precisó que en México son comunes los casos en los que las víctimas optan por aceptar una reparación del daño monetaria bajo la condición de no proceder legalmente contra sus agresores, principalmente en la capital y en el Estado de México.

El abogado enfatizó que las víctimas de pederastia clerical son personas con altos índices de ansiedad y depresión, que no están estables emocionalmente, lo que también puede generar que los procesos legales sean largos, porque muchas veces ni siquiera están decididas a proceder legalmente.

El pasado 27 de julio la Bishop Accountability dio a conocer una lista de obispos, arzobispos, cardenales y superiores religiosos que en México han encubierto los abusos sexuales de sacerdotes.

La lista de 16 integrantes de la Iglesia católica incluye a Silvia López Pérez, fundadora y exsuperiora general de las Discípulas de Jesús Buen Pastor, señalada por tres miembros de su congregación por permitir que el exsacerdote Salvador Valadez Fuentes cometiera abusos sexuales durante décadas.

También destaca el nombre del cardenal Norberto Rivera, quien fue señalado por encubrir al obispo José Luis Fletes Santana, acusado de abusos sexuales a menores en 2003, y los casos de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, y Nicolás Aguilar Rivera.

La historia de Ana Lucía

El pasado 3 de julio, Fernando Martínez, exintegrante de los Legionarios de Cristo, a quien en 2020 la Iglesia católica le retiró el estado clerical al considerarlo culpable de varios delitos de abuso sexual, murió en Italia a los 84 años.

Su congregación emitió a finales de 2019 un documento que detallaba que los abusos sexuales iniciaron en la Ciudad de México en 1969 y continuaron hasta la década de los 90.

Una de sus víctimas fue Ana Lucía Salazar, a quien abusó sexualmente en el año 1991 dentro del Instituto Cumbres en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

En entrevista con Proceso, Salazar explicó que, como ocurre con el resto de las víctimas de pederastia clerical, el entonces sacerdote se ganó su confianza y afecto para después agredirla.

Más de 30 años después, el 3 de julio pasado, Martínez falleció en una residencia de los Legionarios de Cristo en Italia, y aunque Ana Lucía no recibió justicia, actualmente dedica gran parte de su tiempo a visibilizar y exigir justicia por otras víctimas cuya historia puede ser diferente.

“Él abusó de mí a los 8 años en las capillas del colegio, dentro de las instalaciones del mismo y en el horario escolar al que yo asistía, que era el matutino”, recordó.

Ganar la confianza

“Ellos tienen prácticas de grooming donde se ganan tu confianza y tu aprecio para cometer los abusos y con base en esa relación que tú tienes con la persona, obviamente asimétrica, tú eres chiquita, no entiendes absolutamente nada de sexualidad, ni tienes interés romántico, ni nada por el estilo, sin embargo, sí tienes un afecto importante como para que te cuestiones a ti misma lo que te está pasando, si es bueno o malo, y eso es lo que te mantiene en silencio, porque no comprendes que lo que estás viviendo es un abuso y por eso te quedas callada”.

Aunque en su momento pudo decirle a sus padres lo que le estaba ocurriendo en la escuela y ellos le creyeron, nunca pudieron actuar legalmente contra el agresor.

“Les dije que el padre era malo, que me hacía cosas que no me gustaban y que si podían hablar con él, y al indagar un poco más sobre lo que me había pasado, mis papás fueron a las instalaciones del colegio, mi papá golpeó a Fernando Martínez, pero toda su red hizo lo único que saben hacer bien alrededor del mundo: ‘desactivaron’, digamos el protocolo en estos casos para callar a las víctimas y poderlas reclutar para que no denuncien ante las autoridades”, explicó.

“Mis papás no interpusieron ninguna demanda ni denuncia, les dio miedo ingresar un proceso en la fiscalía porque, de entrada, ellos eran muy poderosos en Cancún, todavía son dueños de la prelatura Cancún-Chetumal y el obispo Jorge Bernal, que murió el 12 de julio de este año y que fue despedido con todas las condecoraciones como si hubiera sido un santo, cuando el señor era un encubridor de pederastas, se encargó de decirle a mis papás, de coaccionarlos para que no denunciaran ante las autoridades pertinentes”.

Ana Lucía Salazar acusó que las organizaciones clericales regularmente prometen a las víctimas hacerse cargo de este tipo de asuntos, pero las disuaden para denunciar bajo el argumento de que en las procuradurías o fiscalías los van a tratar mal o pueden lastimar más a los niños abusados.

Farsa

“Ellos reclutaban a las víctimas para que no interpusieran ningún tipo de proceso y les prometían ingresar un proceso clerical. Claro, todos los procesos clericales son una farsa, porque son una forma de que la gente en lugar de denunciar ante las autoridades pertinentes, se metan en el mundo donde ellos son juez y parte y donde el máximo castigo que les pueden dar a esos abusadores sexuales, a sus pederastas, es quitarle la sotana, el estado clerical, entonces ésa es una forma de encubrimiento y es un modus operandi que tiene la Iglesia a nivel internacional para que los casos no avancen”, contó.

“En mi caso ellos ya sabían qué decir, porque no era el primer caso que tenía Fernando Martínez; él violaba niños, niñas y adolescentes desde 1969”.

En el año 2019, los Legionarios hicieron público un informe en el que identificaron a 33 sacerdotes y 71 seminaristas que abusaron sexualmente de menores de edad en las últimas ocho décadas, entre ellos se encontraba Martínez.

Ese mismo año Salazar hizo pública su denuncia contra Fernando Martínez y ha buscado que su caso sirva de ejemplo de cómo operan las redes de pederastia clerical para que se puedan prevenir y denunciar los delitos cometidos contra otros menores de edad.

“Las víctimas somos invisibles porque, aparte de todo, somos víctimas de un delito con muy poca visibilidad, porque dentro del espectro de la violencia sexual infantil tenemos que, en primer lugar, sus agresores están en su círculo familiar o su entorno más cercano. El porcentaje minoritario sucede en otros espacios, como en los colegios o mientras están en clases particulares, pero sobre la pederastia clerical no se habla socialmente porque la sociedad también encubre a los pederastas”, lamentó.

Reprochó que muchas veces las víctimas de pederastia clerical son revictimizadas por parte de la sociedad mediante los mismos discursos que utilizan los sacerdotes que abusan sexualmente de los niños y adolescentes, culpándolos de provocar lo que les pasó y de mantenerse en silencio durante mucho tiempo.

Acusó que pese a que se han hecho denuncias públicas sobre los abusos sexuales que se cometen dentro de los colegios religiosos del país ninguna autoridad, como la SEP o las fiscalías, revisa a congregaciones como la de los Legionarios de Cristo, que actualmente mantiene colegios y seminarios menores.

Prescripción

La agresión de Ana Lucía ocurrió hace más de 30 años, por lo que los delitos cometidos en su contra ya prescribieron. En iguales condiciones están otras 9 víctimas de las que ella ha conocido los casos y que fueron abusadas cuando ella también fue agredida en el Instituto Cumbres.

“Normalmente las víctimas hablamos 30 años después, según los estudios internacionales en casos de pederastia. Yo hablé cuando era niña, pero cuando vi y me di cuenta de que no pasaba nada, pues me volví a callar y cuando volví a hablar fue porque me di cuenta de que ese señor seguía tan campante y nunca obtuvo ni siquiera el castigo que le habían dicho a mis papás que iba a obtener, entonces ahí fue donde yo como que desperté y dije ‘esto no puede estar así’. Sabía que mi caso estaba prescrito, pero al menos no se iba a escapar de la denuncia pública”, comentó.

Por ello, también ha señalado públicamente a quienes encubrieron a su agresor y le ayudaron a mantenerse impune hasta el día de su muerte, como Aurora Morales, prefecta de Disciplina en 1991 en el Instituto Cumbres, en Cancún, a quien identifica como la responsable de sacar a los niños de clase para llevarlos a confesarse a la capilla, lugar donde ocurrían los abusos.

“Fernando Martínez tenía otros cómplices, que fueron quienes lo venían moviendo de lugar en lugar desde 1969, es decir, la congregación, porque ellos ya sabían que no pasaba nada, porque desde los años 50 Maciel tenía denuncias dentro de la Iglesia y el papa Juan Pablo II lo protegía. Ellos ya contaban con el proteccionismo internacional del Vaticano”, dijo.

Fernando Martínez fue una de las 60 víctimas identificadas de abuso sexual de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, quien dejó esta práctica como un ejemplo dentro de la organización.

Debido a que actualmente la Iglesia católica no ha modificado sus estructuras internas de denuncia, Analú Salazar considera que el papa Francisco también se convirtió ya en un cómplice de los clérigos que cometen pederastia clerical.

“Jamás han entregado como institución a un abusador sexual. Cuando yo denuncié a Fernando Martínez, la congregación dijo que estaba bien porque ya no iba a ser sacerdote, pero que ellos internamente se iban a hacer cargo. El papa Francisco estuvo de acuerdo en que permaneciera dentro de la congregación; él sabe todo y le vale madre”, reprochó.

Reconoció que actualmente contar su historia ya no provoca el mismo dolor que antes, porque sabe que hay otras personas que han vivido lo mismo que ella y que todavía se mantienen calladas.

“Cada vez que yo hablo sé que le estoy hablando a un grupo de gente que ha vivido lo mismo que yo y que se mantiene en el silencio porque el ataque del rebaño religioso es duro”, dijo.

“Yo le diría a los padres de familia que ya no metan a sus hijos a esos espacios. Hay muchas personas que creen que con decirle a sus hijos ‘dile que no’ el agresor le va a hacer caso; los agresores no entienden un no. Toda la responsabilidad se la dejan a los niños”.