El triunfo de la UAS
Ernesto Hernández Norzagaray
Los artículos 3, 19, 51, 59 y 69 contenidos en la Ley General de Educación en el Estado de Sinaloa “atentan contra el principio de autonomía universitaria, por virtud de la cual esta tiene facultades de autogobierno, para administrar su propio patrimonio” por lo que “se sobresee en el juicio de amparo promovido por la Universidad Autónoma de Sinaloa, contra los actos reclamados de las autoridades responsables señaladas”, dicta la sentencia de un Juez de Distrito para beneplácito de quienes han defendido la autonomía universitaria y la molestia de quienes desde el Legislativo y el Ejecutivo estatal buscaron una reforma constitucional y reglamentaria en perjuicio de las autonomías universitarias públicas.
En detalle la sentencia señala -y, recuperamos para este fin, el resumen puntual elaborado por la redacción de Noroeste-, que son violatorios de la autonomía universitaria los artículos “3, cuyos párrafos tercero y cuarto detallan que el Congreso se hará cargo de la convocatoria para reformar la Ley Orgánica; el artículo 19, que transgreden las revalidaciones, equivalencias de estudios y movilidad académica; el artículo 51, porque da a la SEPyC la facultad de ministrar los recursos federalizados de la UAS; el artículo 59, que da a la SEPyC la facultad para evaluar y dotar acreditaciones a los programas de la UAS; el artículo 61, para que las universidades transparenten sus ingresos propios; y el 69, porque obliga a supeditar al Congreso y al gobierno la captación de los ingresos propios de las instituciones universitarias autónomas”.
La respuesta del Poder Legislativo no se ha hecho esperar y de inmediato dio a conocer su postura y descalifica “el amparo concedido a la Universidad Autónoma de Sinaloa en contra del Decreto que expidió la Ley General de Educación Superior es ilegal pues no está ajustado a Derecho, carece de fundamentos necesarios e incluso es contrario a precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación… [y sentencia] se solicitará su revisión, con respecto a los órganos jurisdiccionales, ya que [y remata en tono retórico] el Congreso del Estado de Sinaloa seguirá luchando por la justicia, la transparencia, la rendición de cuentas y la verdad, pues le asiste la razón jurídica e histórica”.
El Gobernador al ser interrogado sobre el tema en el estadio de beisbol de los Venados de Mazatlán hizo una declaración donde da una directriz al afirmar: “…ya se había dado la suspensión de la aplicación de la ley, pero, finalmente, será el Congreso el que sabrá qué hacer porque es susceptible de revisión, pero eso es el Congreso, yo no, aunque yo publico la ley, yo no tengo continuidad en ese asunto. Que lo resuelva como debe resolver el Poder Judicial de la Federación”.
La pregunta que se desprende del pronunciamiento de Rubén Rocha Moya es, si ya hubo una suspensión de la ley coronada por un juez federal con el reconocimiento de que la Ley General de Educación Superior del Estado es violatoria de la autonomía universitaria, ¿por qué insistir si esta dinámica de tensión representa un desgaste innecesario para el Gobierno y el Congreso del Estado y, especialmente, de la Universidad Autónoma de Sinaloa? Acaso, ¿no es suficiente esta sentencia para dar vuelta a la hoja y esperar a que la propia UAS haga la propuesta de reformas a la ley orgánica acorde a lo que establece Ley General de Educación Superior de la federación? Que es, lo que debe hacerse, con la ley constitucional, que el Gobernador diseñó y sacó adelante siendo presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República. Y es que no hay otra y es la que debe ser la referencia para cualquier cambio en la ley del estado y la orgánica de la UAS.
Hoy, el Gobernador tiene la posibilidad de verse como estadista y aceptar la sentencia del Juez de Distrito y no continuar en este tema la confrontación que sostiene con la casa rosalina, sin embargo, no auguro este escenario racional por la expresión de que “el Congreso es el que sabrá que hacer”.
Y es que no hay que ser ingenuo. La lectura ipso facto del Gobernador y el Congreso del Estado no favorece el restablecimiento de la concordia interinstitucional sino mantiene la confrontación porque en su imaginario es la única opción.
Lo cierto es que esta sentencia es una derrota jurídica y lo preocupante ahora es lo que podría venir en lo político con un Rector que ha sido separado del cargo, un encargado de despacho de rectoría que está enfrentando juicios y que podría, igualmente, ser separado con medidas cautelares y todo por defender ambos la autonomía de la UAS.
En tanto, hay un Consejo Universitario y un SUNTUAS unificado, alerta para volver a llamar a la movilización de la comunidad rosalina.
La UAS, tiene, está demostrado, de su lado la verdad jurídica, tiene la calle y la energía para sostener el apoyo que hasta ahora ha brindado a sus dirigentes universitarios, mientras el Gobierno del Estado, tiene las instituciones estatales de impartición de justicia y lamentablemente, todo indica que han actuado en sintonía con las directrices que les pautan en el tercer piso del Palacio de Gobierno.
Nunca estas instituciones debieron politizarse porque eso dificulta la acción judicial en los presuntos casos de corrupción por la desconfianza en sus resoluciones y medidas cautelares que tienen la carga política.
En definitiva, en política, muchas veces es importante dar un paso atrás, para dar dos pasos adelante si verdaderamente lo que se quiere es “la justicia, la transparencia, la rendición de cuentas y la verdad”.
Asimismo, las batallas políticas para que sean legítimas, deben ser capaces de convencer de que lo que se hace desde una posición de poder cuenta con el aval de los directamente beneficiados o afectados.
Y hoy, la UAS, a mi juicio, tiene a su favor en este tema nodal la percepción colectiva y sospecho que también en los referidos a la defensa de la autonomía. Y la política es percepción y, más, con la sentencia judicial donde se ve más claro de que lado está la verdad y la justicia.
