Rubén Rocha explota e inventa nuevos “delitos” a directivos de la UAS
Álvaro Aragón Ayala
Enojado porque un Juez Federal determinó la inconstitucionalidad de la “Ley Rocha” o Ley de Educación Superior del Estado y porque Jesús Madueña Molina está a un paso de regresar a la Rectoría amparado por la justicia federal, el gobernador Rubén Rocha Moya ordenó inventar y montar una nueva carpeta de “investigación” contra los funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pasándose por el arco del triunfo los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación.
Rocha mantiene 7 demandas en los juzgados locales contra la UAS y sus directivos. Sin embargo, con esta nueva “investigación serían 8, todas manufacturadas con artimañas legaloides por la Auditoría Superior del Estado, la UIPES, el SATES y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, y “certificadas” por funcionarios del Tribunal de Justicia del Estado. Las querellas tienen un origen ilegal, están viciadas, manipuladas.
La Universidad Autónoma de Sinaloa opera con recursos federales y federalizados y corresponde a la Auditoría y corresponde a la Auditoría Superior de la Federación auditarlos. Es responsabilidad de la ASF investigar a fondo las áreas donde se presume que hay irregularidades en el manejo del presupuesto universitarios. Es la ASF la facultada para demandar la intervención de la Fiscalía General de la República en caso de detectar el uso irregular de recursos.
Ninguna auditoría practicada por la ASF al presupuesto universitario ha detectado anomalías. En las más recientes, la del gasto del 2021 y 2022, la Auditoría Superior de la Federación dictaminó que la UAS no incurrió en daños al patrimonio universitario ni en perjuicio de la hacienda federal. En los arqueos puso especial atención en la verificación del área de construcción y mantenimiento. No encontró ahí nada irregular.
Sin embargo, Rubén Rocha Moya ordenó a Sara Bruna Quiñonez, Fiscal General de Justicia, a tramar demandas inventando el uso irregular de recursos de la UAS. La Fiscalía no tiene facultades para investigar en que se usa el presupuesto universitario porque son recursos federales y federalizados y autogenerados ya auditados por la ASF, pero al gobernador “le vale madre” el resultado de los arqueos federales ya que él crea sus propias “auditorías” basadas en sus odios enfermizos contra los directivos universitarios.
Rubén Rocha arreció el acoso y la persecución política y judicial contra los funcionarios de la UAS, principalmente de Jesús Madueña Molina, porque en funciones de Rector no le quiso entregar el control de la Universidad y porque la comunidad uaseña logró que los Tribunales Federales determinaran la inconstitucionalidad, en materia de autonomía, de la Ley de Educación Superior del Estado, con la que el gobernador tenía planes de tomar por asalto la Casa Rosalina.
El mandatario estatal mandó, pues, construir otra denuncia contra los directivos de la UAS porque los jueces federales determinaron que está fuera de la ley decretar como medida cautelar la separación del cargo de Jesús Madueña Molina, quien, apoyado en esta resolución, está a un paso de regresar a la Rectoría. Todas las demandas inventadas y trasladas por Rocha Moya a los Juzgados Locales, vienen cayendo por los fallos que emiten los jueces federales por lo que al gobernador le urge fabricar más querellas.
Esta nueva demanda maquinada por el gobernador es por la compra de materiales de electricidad, plomería y diversos materiales para la construcción.
La Auditoría Superior de la Federación no detectó ahí ninguna adquisición adulterada o fuera de la ley, en cambio, el gobernador Rubén Rocha inventó, con su “investigación”, que las operaciones fueron “infladas” para poder él fabricar la querella. De ese tamaño es la persecución judicial contra los directivos de la UAS.
