Aún no inician las precampañas electorales y AMLO acumula medidas cautelares

Guadalupe Vallejo

En lo que va del año y de cara al inicio de las precampañas, el próximo 20 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido denunciado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en, al menos, 19 ocasiones por vulnerar los principios de equidad y neutralidad de la contienda, difusión de propaganda electoral en periodo prohibido (veda electoral), emitir declaraciones que puedan constituir violencia política en razón de género, así como uso de recursos públicos.

Del total de cautelares, 11 fueron declaradas procedentes, cinco improcedentes, en tanto que las restantes ya no fueron impugnadas. En las procedentes, se ha ordenado el retiro de extractos de las conferencias mañaneras y/o abstenerse de realizar manifestaciones de tipo político y electoral en sentido positivo o negativo.

Las quejas presentadas ante el INE, provienen de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), así como de la senadora Xóchitl Gálvez, coordinadora del Frente Amplio por México (FAM) y virtual aspirante a la Presidencia de la República, entre otros actores.

En todos los casos, corresponde a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, investigar las denuncias y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), resolver el fondo del asunto.

La consejera Claudia Zavala recordó que el Artículo 134 constitucional exige a los servidores públicos, el uso imparcial de los recursos públicos, el deber de neutralidad frente a las contiendas electorales y la prohibición de propaganda personalizada.

“Lo que hemos hecho es que cuando hay un contenido de tipo proselitista electoral es ordenar que se bajen esas partes de la mañanera y de las redes de gobierno, porque en algunas ocasiones es para favorecer a una fuerza política o en contra de otra, o bien, contra una de las personas políticas que están involucradas en este proceso (electoral)”, detalló en entrevista.

El representante del PRD, Ángel Ávila, estableció que su partido ha presentado diversas quejas contra el presidente López Obrador, principalmente, por el incumplimiento de las medidas cautelares que le ha dictado la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

“Las medidas establecen muy claramente que en sus intervenciones en la mañanera no puede referirse a ningún actor político, tocar temas electorales o denostar a adversarios opositores. El presidente sigue haciendo caso omiso de ello”, explica.

En el artículo 134 constitucional se prevé que todos los servidores públicos que tengan bajo su responsabilidad recursos económicos del gobierno, deben aplicarlos con imparcialidad, respetando la equidad en la contienda electoral, y se les prohíbe difundir en canales del gobierno propaganda que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

A pregunta expresa, la consejera Dania Ravel reconoce que el Congreso sigue en “falta” al no emitir el reglamento del artículo 134 Constitucional, aclara que se ha intentado regularlo, pero han sido regulaciones que no han tenido un arropo legal.

“Seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer, que es aplicar la Constitución, los principios, los valores, las reglas, el diseño legal en este tipo de cuestiones desde el ámbito que le corresponde al INE, porque el Instituto solo ve las medidas cautelares. Ya el fondo lo tendrá que ver el Tribunal Electoral”, explica.

LO ÚLTIMO

AMLO sí ha incumplido medidas cautelares

Zavala Pérez establece que el Ejecutivo Federal ha incurrido en incumplimiento de las medidas cautelares en dos vertientes:

“Una medida cautelar ordenando que se baje el material que se considera que es posiblemente violatorio del 134 y la otra, en la vertiente de tutela preventiva, en la que se le ordena que se abstenga de realizar este tipo de actos y manifestaciones que posiblemente ponen en riesgo la equidad de la contienda porque está sobrepasando los límites que le impone la Constitución”, indica.

Resalta que dicho incumplimiento derivó en ordenar al primer mandatario a incluir un mensaje al inicio de las mañaneras para delimitar cuál es el contenido del Artículo 134, que prohíbe a todos los servidores públicos, incluido el presidente de la República, el que tenga injerencia de tipo electoral.

“Eso se ordenó frente al contumaz desacato, a las determinaciones de la Comisión de Quejas que muchas han sido confirmadas por la Sala Superior”, añade la consejera.

Entonces, ¿sí es desacato?
-Sí, si hay una resistencia a cumplir con esas determinaciones (del INE).

Se trata, anota Claudia Zavala, de una restricción constitucional para que las contiendas electorales se den entre los partidos y no haya injerencia de ningún servidor público.

No es censura

Cuestionada sobre las declaraciones de politólogos en el sentido de que el presidente López Obrador ya rebasó lo que hizo el expresidente Vicente Fox en el 2006, cuando el Tribunal reconoció que sus declaraciones sí influyeron en la contienda, pero no fueron determinantes.

“Antes no estaba regulado. Hoy, ya y todos los servidores públicos protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Este tema es un significativo en una democracia, porque como servidores y servidoras públicas, tenemos el deber de dar ejemplo y de acatamiento del consenso social que se traduce y se establecen en la Constitución”, detalla.

¿No es censura, como se ha acusado?
-En ningún momento. Esa es una limitante que pone la Constitución. No es de gratis que se haya puesto en la Constitución, porque lo que se le está dando una prioridad es a que las condiciones de equidad en las contiendas electorales.

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No hay regulación del 134 constitucional

La consejera Dania Ravel recuerda que el Ejecutivo Federal no puede ser sujeto de sanción por parte del Instituto.

Acepta que ha habido una omisión legislativa desde que se estableció las previsiones en el artículo 134 constitucional de no utilizar recursos públicos para tratar de incidir en una contienda a favor o en contra de un partido político, candidato o aspirante a una candidatura.

Entonces, en la reforma del 2007 se estableció que debía haber una legislación; “en esa legislación es en donde a la mejor, se podía señalar expresamente qué sanción podía actualizarse en caso de que un funcionario público, el que fuera, incurriera en alguna posible infracción a este artículo”.

Ravel Cuevas recuerda que hubo un “intento” por imponer una sanción a un diputado federal y la Sala Superior determinó que no era posible imponer ninguna sanción, ni siquiera una amonestación pública, como tal, porque no está establecido en el catálogo de sanciones, “porque simplemente no hay una legislación al respecto”.

Considera que lo que podría hacerse en el caso de algunos servidores públicos que tienen superiores jerárquicos, es darle “vista” para que se les pueda sancionar por una responsabilidad administrativa.

Sobre si las irregularidades denunciadas durante la contienda podrían ser factor de anulación de la misma, teniendo en cuenta el fallo de la Sala Superior en el caso del expresidente Vicente Fox, comentó:

“Lo que pasó con Fox es que cuando se hizo la calificación de la elección presidencial, la Sala Superior en 2006 dijo: hubo algunas manifestaciones que pudieron haber generado una inequidad en la contienda, pero no fueron de la gravedad como para llevar a una nulidad de las elecciones”, indica.

AMLO “batea” las cautelares

El perredista Ángel Ávila resalta que su apartido ha presentado y presentará las quejas que sean necesarias contra el presidente López Obrador principalmente por el incumplimiento de las medidas cautelares que le ha dictado la Comisión de Quejas y Denuncias.

“Las medidas establecen muy claramente que en sus intervenciones en la mañanera no puede referirse a ningún actor político, tocar temas electorales o denostar a adversarios opositores. El presidente sigue haciendo caso omiso de ello”, observa.

Ávila Romero se refiere concretamente a la cortinilla que el INE le obligó al presidente López Obrador a poner antes de cada mañanera y, la respuesta que dio al incluir una “posdata”, a manera de “burla” en contra del órgano electoral autónomo.

“El INE le recuerda que por su condición de funcionario público y de titular del Ejecutivo Federal, como lo establece la Constitución, sus alusiones a temas electorales violan el principio de neutralidad e imparcialidad en la contienda que cualquier funcionario público debe respetar”, dice y lamenta que lejos de ello, el Ejecutivo las “batee”.

Sin embargo, su respuesta es violar impune y constantemente la ley “y desgraciadamente no existe un procedimiento especial sancionar para él. La Comisión de Quejas y en su caso la Unidad de lo Contencioso Electoral puede imponerle sanciones administrativas hasta multas al presidente, pero tampoco han hecho uso de esa facultad”.

Para el representante partidista, “estamos ante un presidente de la República que no conoce reglas, contrapesos, que viola e ignora la Constitución y lo único que hace es utilizar recursos públicos para favorecer a su partido político, Morena, de cara al 2024”.

Plan “C”

La primera de las quejas se presentó el 28 de marzo de este año, por Kennia López Rabadán por las declaraciones hechas por el presidente López Obrador en su conferencia de prensa mañanera del 27 de marzo en la cual manifestó “que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación”, lo que a decir de la senadora constituye violación a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda.

La Comisión declaró procedente la adopción de medidas cautelares y ordenó Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de Presidente de la República, eliminar de los archivos de audio, audiovisuales y/o versiones estenográficas de la referida conferencia en la que precisó …ahora hay un plan C, que no estén pensando que ya terminó todo… pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación”.

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE apercibió al presidente que de no eliminarse en su totalidad los contenidos por el “Plan C”, se le impondría una medida de apremio. Y, al incumplir con la medida, la UTCE acordó imponer una amonestación pública, misma que fue ratificada el 7 de junio por la Sala Superior del TEPJF.

Caso Xóchitl Gálvez

El 27 de junio del presente, la senadora Xóchitl Gálvez denunció al Ejecutivo Federal de violencia política en razón de género al señalar en una mañanera que un “grupo de hombres” la había “impuesto”.

“…y en los medios ya eligieron a la señora Xóchitl. Eso ya está resuelto, esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba el gerente del bloque conservador, Claudio X. González, y ya impusieron a la señora Xóchitl, y ya cargada o no, no se han dado cuenta, porque son predecibles y obvios, entonces acá es distinto, todavía falta ver quién va a ganar la encuesta”, dijo el Ejecutivo en la mañanera del 10 de julio.

En principio y, por mayoría de votos, la Comisión declaró improcedente la adopción de medidas cautelares, al no advertir un contexto que revelara la comisión de conductas ilícitas que podía continuarse o repetirse.

Inconforme, Gálvez Ruiz acudió a la Sala Superior quien le dio la razón y ordenó al INE, analizar nuevamente las expresiones del presidente, al advertir que sí pudieran constituir violencia política en razón de género.

Al final, la Comisión rectificó y determinó que el primer mandatario sí incurrió en violencia política de género en contra de la coordinadora y aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México (FAM).

Otra queja

Otra de las medidas cautelares aprobadas contra el presidente tiene que ver con sus declaraciones hechas en la conferencia matutina del 26 de junio, por lo que se le ordenó retirar esas expresiones de todas las plataformas oficiales y se vinculó a las áreas competentes de la Presidencia de la República a colaborar en su cumplimiento.

Además, se le conminó a no inmiscuirse en cuestiones partidistas y ajustar su conducta a los principios de neutralidad y equidad rumbo a la elección de 2024.

“Los servidores públicos no pueden inmiscuirse en cuestiones que tienen que ver con fuerzas (partidistas) con las que pretenden participar en los procesos electorales”, aclaró la consejera presidenta Claudia Zavala Pérez.

En dicha conferencia, el primer mandatario se refirió al proceso interno de la coalición Va por México, PRI, PAN, PRD, además dijo que todos los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial son sus hermanos: “Tengo cinco hermanos y una hermana”.

Adelantó también que ya entregaría la “estafeta” (a Claudia Sheinbaum), y que se dedicará un año a concluir todo lo relacionado con las obras de gobierno.

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