Persecución: Ordenan Rocha e Inzunza a Juez Civil “sentenciar” a Cuén Ojeda
Álvaro Aragón Ayala
En la línea de la persecución política y judicial contra Héctor Melesio Cuén Ojeda, el gobernador Rubén Rocha Moya y su secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, quienes mantienen un férreo y perverso control del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ordenaron al titular del Juzgado Cuarto Civil proteger a la experredista y actual titular de la Secretaría de la Mujer, María Teresa -Tere- Guerra Ochoa, quitándole el delito de difamación por la que fue acusada para endilgárselo a su acusador, el dirigente del Partido Sinaloense, al que incluso se le pretende cobrar por un supuesto “daño” moral en perjuicio de la funcionaria rochista.
Desde hace ya mas de 14 años, Guerra Ochoa desató una furiosa campaña de odio contra Héctor Melesio Cuén, criminalizándolo en entrevistas, artículos publicados en Noroeste y en comentarios difundidos en la radio. Pese a que su objetivo era y es cobrarse venganza por su salida de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la que presumía su rol de “investigadora”, los ataques de Tere Guerra obedecían también a un plan para posicionarse a costillas de Cuén Ojeda, cuya cabeza pidió a los ex gobernadores Mario López Valdez, Jesús Aguilar Padilla y Quirino Ordaz por apoyos “periodísticos” dados a sus respectivas campañas.
Sin embargo, Tere Guerra Ochoa no era ni es periodista. Fue, sí, comentarista y articulista en la coyuntura del vacío de los gobernadores que se negaron a incorporarla a sus gabinetes y a la negativa del PRD a volverla a nominar candidata a diputada local. Contra Cuén Ojeda, a quien envolvió en una serie de “imaginarios informativos perversos, nunca presentó ninguna prueba de lo que escribía o lo que decía. A la par de sus ataques, que rayaron en la difamación y la calumnia, lograba popularizar su imagen como supuesta luchadora social, feminista y abogada litigante del ramo laboral.
En abril del 2017, Ana Karina Aragón Cutiño, jueza de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, denunció el acoso sexual del que era víctima por parte del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Enrique Inzunza Cázarez, pero no encontró eco en el colectivo feminista que encabezada Tere Guerra Ochoa. Ahí fue cuando la actual titular de la Secretaría de la Mujer tuvo su primer acercamiento, de protección, con Enrique Inzunza, quien en el 2021 se convertiría en su jefe inmediato en el gabinete de Rubén Rocha Moya. El caso de la jueza Aragón Cutiño sigue vigente.
Tere Guerra ingresó, pues, con bombo y platillo al equipo de Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza y se le empoderó en la Secretaría de la Mujer, en la que no sólo no escucha las demandas de justicia de las mujeres victimas de delitos sexuales, sino que tampoco atiende a las familias de mujeres que han sido asesinadas por diversos motivos. Cargaba -y aún carga ya que el caso no está cerrado- la demanda por difamación y calumnia, en la figura de daño moral, que le interpuso hace más de 7 años Héctor Melesio Cuén, la cual fue “congelada” por varios años por indicaciones de Enrique Inzunza en función de presidente del Tribunal Superior de Justicia.
En diciembre pasado, Rubén Rocha y Enrique Inzunza ordenaron al presidente del TSJ, Jesús Iván Chávez Rangel, activara la demanda, pero que blindara a Tere Guerra, a quien el gobernador colocó en una lista de candidatos y candidatas a diputados federales rochistas. El Juez Cuarto de lo Civil decreto así sentencia y resultó que la difamadora pasó olímpicamente al rango de difamada comprobando que la autoridad civil se ajustó a la línea de persecución política y judicial enderezada por Rubén Rocha contra el dirigente del Partido Sinaloense.
Rocha Moya e Inzunza Cázarez mandaron que se condenara a Héctor Melesio Cuén Ojeda y a presionarlo para que le pague a Tere Guerra una indemnización para repararle, dice el Juez, el “daño moral” causado. Insólito. El juicio sigue abierto, no está cerrado. El líder del PAS apeló ante las instancias correspondientes del Supremo Tribunal de Justicia que le dará “palo” a la impugnación, para poder llevar el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, institución que no es controlada por el gobernador.
