¿Tensiones bajo la mesa? AMLO, Biden y la migración

Tonatiuh Guillén López*

Durante los últimos años, exactamente a partir de enero de 2021, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador modificó sustancialmente la política migratoria que había impulsado tiempo antes mediante los acuerdos de junio de 2019 con la administración de Donald Trump. La novedad no fue limitar el rol de las Fuerzas Armadas en las tareas de control migratorio, como pudo ser el caso.

Progresivamente y con discreción el nuevo rumbo consistió en ir reduciendo el número de repatriaciones (“devoluciones”, como será referido en general) de extranjeros en situación irregular a sus países de origen. México acotó radicalmente esta práctica que, por cierto, tratándose de personas refugiadas es una violación flagrante de sus derechos.

De un promedio que superaba los 10 mil eventos de devoluciones mensuales durante 2021, se redujo a cuatro mil durante 2023. Más todavía, argumentando la carencia de presupuesto –circunstancia extraña e inédita– el Instituto Nacional de Migración (INM) prácticamente no hizo devoluciones en diciembre pasado. Es decir, casi no se deportó a nadie, marcando un momento excepcional.

En el mismo periodo, lo que mantuvo e incluso incrementó el INM fueron las “detenciones” (o “presentaciones”, referidas en general para simplificar) de extranjeros en condición irregular. De un promedio mensual de 26 mil eventos durante 2021, la cifra incrementó a más de 64 mil en 2023. De hecho, en octubre, noviembre y diciembre de 2023 las detenciones crecieron hasta 93 mil 45 personas: exactamente la misma cantidad, sin ninguna variación en cada uno de estos meses, según la estadística de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (la repetición del número es algo completamente improbable, por cierto).

Es decir, mientras el INM ha aumentado notablemente las detenciones, al mismo tiempo ha cancelado las devoluciones. Antes de 2021 el porcentaje de personas “devueltas” con relación a las personas detenidas o “presentadas” era muy alto, cercano a 90 por ciento. Ya no es más así: ¡durante el último trimestre de 2023 el porcentaje fue solamente de 3.7 por ciento! Como puede apreciarse, el giro es radical, especialmente en tiempos recientes.

Si el gobierno de AMLO ya no hace devoluciones, las personas que han sido detenidas necesariamente permanecen de alguna manera en México y, con gran probabilidad, continúan su ruta hacia Estados Unidos. Los números son muy importantes. En 2023 fueron más de 721 mil personas “no devueltas”, mientras que en 2022 la cifra fue de 320 mil casos. Sería importante que el INM o la Unidad de Política Migratoria generaran un reporte particular sobre el resultado de su procedimiento migratorio y sobre su destino en México (o en Estados Unidos). Por lo pronto, es importante plantear que las “no devoluciones” no implican gestos de bienvenida a México, pues persiste el entorno excluyente que obliga a las personas a transitar a escondidas y bajo todo tipo de amenazas.

Desde la perspectiva de Estados Unidos y su coyuntura político electoral, la nueva estrategia migratoria de México tiene muy importantes repercusiones. La más relevante es que favorece el arribo de migrantes y refugiados a la frontera del país vecino, pues México dejó de ser un recurso de contención: se hacen “detenciones” por el INM o la Guardia Nacional (o por otras autoridades, de manera ilegal), pero no hay “devoluciones”, como muestra la estadística oficial.

Entre menos “devoluciones” ha hecho el gobierno de México, más ha crecido el arribo de migrantes y refugiados a la frontera de Estados Unidos, como es evidente durante 2023 y especialmente en meses recientes. De 94 mil “encuentros” con extranjeros –excluyendo a mexicanos– que la autoridad migratoria de ese país registró en enero de 2023 en su frontera sur, en diciembre la cifra ascendió a 233 mil.

No es un secreto que las elecciones de este año en Estados Unidos han concentrado su debate en la cuestión migratoria y en el escenario de su frontera sur. Para la posible reelección del presidente Joe Biden es fundamental –vital– que los arribos de refugiados y migrantes disminuyan sustancialmente. Para su opositor, Donald Trump, es imperativo que la situación de arribos masivos persista y pueda seguir funcionando como argumento de campaña electoral.

A querer o no, la nueva estrategia migratoria de AMLO no puede evitar tener significativos efectos sobre la coyuntura política de Estados Unidos. En el actual escenario electoral sus repercusiones tienden a favorecer las posiciones de Trump, quien ha vuelto con un discurso más agresivo, vulgar y xenófobo contra la migración y el refugio, nada respetuoso. Por su parte, Biden ha hecho continuos esfuerzos por coordinar con el gobierno de AMLO la atención de la problemática migratoria, lo que en términos prácticos significa reducir los arribos irregulares a la frontera de Estados Unidos… con poco éxito, considerando las estadísticas revisadas.

El lado positivo y no anunciado que tienen las “no devoluciones” de AMLO –que carecen de una paralela estrategia de inclusión social y de protección de derechos, que sería ideal se promoviera– es que hay menos personas solicitantes de refugio expulsadas por México. Por la parte cuantitativa simplemente puede decirse que son menos los daños causados por las “devoluciones”.

Hace pocos días, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) difundió un reporte sobre las condiciones de las estaciones migratorias, que en realidad despliega una crítica severa al conjunto de la actual política. El tono del documento es sorprendente, considerando las inercias de la institución y su titular. No obstante, se trata de un reporte valioso que aspira a motivar un “nuevo modelo para la atención de la migración irregular”, que entre otras propuestas considera terminar con las “detenciones” y elaborar un procedimiento migratorio que las evite.

Si el gobierno de AMLO asume las recomendaciones de la CNDH, evidentemente habría un giro extraordinario en la política migratoria de México, que de igual manera necesitaría un conjunto mayor de políticas e iniciativas de inclusión y protección de derechos. Si fuera el caso, el nuevo modelo migratorio inevitablemente tendría repercusiones directas e indirectas en las relaciones con Estados Unidos y, en el corto plazo, sobre su coyuntura político electoral. Mucho más potentes que las actuales en curso.

*Profesor del PUED / UNAM/ excomisionado del INM

Con información de Proceso