¡Abramos los ojos!

Juan Francisco Torres Landa R.

Corrían los meses posteriores a la elección de 2018 y era muy visible el choque entre quienes por un lado considerábamos que se avecinaban momentos muy complicados para el país dado que se podrían dar un cúmulo de malas decisiones por parte del gobierno entrante y, por otro lado, quienes abogaban por decir que el candidato ganador ya era una persona mucho más moderada y mesurada, y que incluso sabía que no se podían ni deberían tomar decisiones radicales, pues ello traería consigo consecuencias adversas para el país y su propio gobierno. Lamentablemente el tiempo nos dio la razón a los del primer grupo. Pero incluso en estos momentos del sexenio en que se agota estamos viendo varias cuestiones que son incluso más graves de lo que se estimaba originalmente, y que ahora ameritan una reflexión profunda.

Quizá el más grande engaño del actual gobierno federal radica en haberse presentado como uno de izquierda, el cual haría suyo la agenda de ese sector político que no había tenido oportunidad real de implementar políticas públicas acordes en varias décadas. Pero cuál va siendo la sorpresa que resulta que en los hechos se canceló el proyecto de infraestructura más importante de todo Latinoamérica (eliminando la reconversión económica del Oriente de la Ciudad de México, uno de los sectores más desiguales y desprotegidos del país entero), se desperdiciaron recursos en proyectos faraónicos sin planeación alguna, se destruyeron los sistemas de salud y educación, y como punto menos que incomprensible desde una agenda de izquierda, se ha militarizado al país en cientos de tareas que hoy ya no realizan las autoridades o fuerzas civiles y en el que las fuerzas armadas ya dominan en amplios sectores (tan diversos y delicados como aduanas, puertos, aeropuertos, construcción de obras, manejo de bancos, operación de trenes, y ahora hasta mantenimiento de carreteras).

Pero por si lo anterior no fuera suficiente, en lo que será la parte nodal del juicio histórico de este sexenio será su inconfesable, y sin embargo evidente complicidad y vinculación con la delincuencia organizada. La estrategia de abrazos y no balazos no ha sido sino una simulación de buscar pacificar al país, cuando en realidad lo que se hizo fue entregar todo el territorio nacional como el campo de desarrollo de actividades de negocios múltiples para quienes son los amigos de la ilicitud. Esta relación proviene de un origen muy delicado, pero cierto, como es el hecho cada vez más evidente de que fueron las bandas delincuenciales, y particularmente el Cártel de Sinaloa, quienes financiaron en forma ostensible y material las campañas del actual presidente en los años 2006, 2012 y 2018. La deuda financiera considerable provocó el reclamo de pago de capital e intereses dejándolos operar con mayor libertad y descaro, y para ello una “estrategia” como abrazarlos y no hostigarlos, era la receta perfecta para ellos. Y así ha sido. La sociedad con gran impacto y desparpajo ante lo que las autoridades no hacen y dejan hacer. Y el presidente, el socio ideal de sus acreedores delincuenciales.

Lo que no se midió es que quienes cobraron la deuda no se conformaron con maniobrar en su negocio primario y fundamental como es el derivado del tráfico de drogas, principalmente por lo que hace al envío masivo hacia el mercado más importante del mundo en los Estados Unidos de América, pasando de la mariguana y la cocaína, ahora al fentanilo como la de mayor rentabilidad. Y esto es evidente al momento de reconocer que el flujo de dinero desde el vecino país del Norte hacia México han roto récords, pues en 2023 ya fueron 63,000 millones de dólares (mdd) y de esos al menos la mitad se estima que corresponde a los ingresos y lavado de dinero de la delincuencia. Una dimensión económica brutalmente importante y preocupante. Un negocio multimillonario ilegal con complicidad estatal.

Un elemento fundamental para entender el verdadero perfil de este gobierno de simulaciones es que ante la posibilidad de pegarle a la columna vertebral del negocio del narcotráfico y eliminar la prohibición de drogas (una promesa que se hizo expresamente en el Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio), todas las iniciativas respectivas (algunas de personas de supuesto peso como la Lic. Olga Sánchez Cordero) se ahogaron en los procesos legislativos y en los hechos no se tocó ni con el pétalo de un decreto el lucrativo negocio derivado del monopolio que les concede la prohibición de drogas a los enemigos del bien. Hechos son amores y no buenas intenciones. La delincuencia nuevamente contó con su mejor socio.

Y es que la delincuencia ha encontrado un campo fértil y amplio en muchas otras actividades en que ante el silencio y tolerancia estatal, simplemente se han multiplicado como hongos en una cueva. Así se decidieron cubrir temas tan distintos como el tráfico y hostigamiento de migrantes, derecho de piso en casi todo el país para exprimir negocios, huachicoleo de todo tipo de hidrocarburos, afectación a sectores agrícolas y agroindustriales, robos en carreteras, y manejo de múltiples negocios paralelos. El hecho es que salvo Yucatán, Querétaro y Coahuila, las bandas de delincuencia organizada han hecho del país entero su terreno para negocio fértil y amplio sin ningún tipo de freno estatal. El país de rodillas con la complicidad estatal.

Patético ha sido el hecho de que no solamente no nos hemos pacificado, sino que ya se rebasó la cifra de 180,000 muertos en lo que va del sexenio, lo que lo convierte en el más cruento en la historia, más del doble que los sexenios de Fox y Calderón juntos. Y como las bandas se dedican a la diversificación permanente, estamos entonces ante el peor escenario posible, pues ya no se detienen ante nada y las autoridades de los tres niveles están rebasadas, nulificadas o cooptadas. Un tema de terror generalizado. Y tal y como lo hicieron desde 2021, ahora la delincuencia mata a candidatos que no les son afines. Eso quiere decir que están tomando los puestos por la vía de la violencia y la cooptación. La humedad que no para.

Estas semanas han salido las publicaciones que infieren la relación de origen de la delincuencia con el presidente. Aunque han querido minimizar la narrativa, lo cierto es que las piezas del rompecabezas son bastante evidentes. Ni siquiera los gobernadores de Sinaloa han ido tantas veces a Badiraguato como el actual Presidente. Y nadie saludó a la madre de uno de los capos con una naturalidad y cercanía que hace evidente la relación íntima respectiva. Nadie pide que al hablar de un capo se le cite como Don.

Es un hecho que ante todos estos hechos la complicidad es claramente abrumadora. Por eso es menester señalar que es momento de abrir los ojos. El hashtag de #NarcoPresidente no es gratuito, sino el juicio y evaluación colectiva de lo que realmente sucede con esta persona que ha traicionado en los hechos sus obligaciones constitucionales y que ha dejado que sus aliados destruyan al país con la sola expectativa de tenerlos como aliados electorales. En los hechos, a cambio de que lo apoyen en las urnas, no hay interés alguno de proteger a la población del flagelo creciente e inhumano que representa ver todo lo que hacen en el país. El presidente incluso ya se dice como alguien que ni siquiera está sujeto a la ley, pues bajo su autoridad moral puede hacer cualquier cosa a su antojo. Un desapego y violentación completa de nuestro pacto constitucional.

Por ello el tiempo ha llegado para optar por una vía distinta para el país. Urge devolverles el miedo a la delincuencia organizada (Germán Martínez dixit) respecto a lo que las autoridades pueden y deben hacer para contenerlos, derrotarlos, procesarlos y encarcelarlos. No podemos aceptar propuestas de continuidad. El país no resiste otro sexenio de este tipo de relaciones y complicidades. Afortunadamente hay la oportunidad de una alternancia responsable. Toca a la ciudadanía procurar por todos los medios el #VotoLibre e inundar las urnas el 2 de junio con la acción de la #MareaRosa.

Con información de Expansión