Por una democracia con demócratas
Felipe de la Mata Pizaña*
La renovación del poder público es un aspecto fundamental de nuestra democracia, en donde las y los ciudadanos elijen a sus representantes a través del ejercicio de su derecho al voto siguiendo una serie de reglas.
De esta manera en democracia, las y los ciudadanos ejercen su soberanía mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, tanto a nivel federal como local, bajo los principios constitucionales de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad.
Principios que instituciones electorales como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el ámbito de sus competencias, se encargan de ejercer en un Estado de derecho, entendido como el factor legal y ético a través del cual la ciudadanía debe cumplir las leyes y el Estado hacerlas cumplir.
La ley y la ética están relacionadas, ya que ambas se fundan en valores que orientan el comportamiento de las personas que se desenvuelven en una sociedad.
La ley contempla una serie de normas que afirman y defienden determinados valores como, por ejemplo, la vida, el reconocimiento y protección de diversos derechos que permiten la convivencia social de manera armónica.
La ética, por su parte, contiene una serie de principios que definen nuestra conducta y nuestra toma de decisiones. Así, el primer principio ético de las y los ciudadanos es el respeto al Estado de derecho.
Ambos elementos permiten que, en una democracia, subsistan componentes de integridad electoral, tales como normas que, tanto las autoridades electorales administrativas como jurisdiccionales, garantizan para que haya una competencia inclusiva y equitativa y que las elecciones sean auténticas, profesionales, imparciales y transparentes. Así, en un concepto moderno de democracia, no puede separarse el respeto irrestricto al Estado de derecho.
Para ello es importante abstenerse de realizar cualquier acto que afecte la integridad del proceso electoral que pueda socavar la confianza ciudadana, cimiento de todo sistema democrático.
A menos de dos meses para la jornada electoral del próximo 2 de junio, donde serán renovados 20 mil 708 cargos de elección popular, es imprescindible que todos los actores políticos: partidos políticos nacionales y locales, líderes partidistas, coaliciones, militantes, candidatas, candidatos, servidoras y servidores públicos, medios de comunicación y la propia ciudadanía, hagan un compromiso ético y reconozcan que están obligados a respetar la Constitución y las leyes electorales durante el proceso electoral.
Respetar la ley debe ser un convencimiento de que sólo así tendremos un comportamiento que permita desarrollarnos de manera armoniosa en una sociedad en que impere la justicia.
El respeto a la ley nos permite construir una base ética de actuación que potencia la defensa y protección de nuestros derechos humanos, columna vertebral de una sociedad libre y democrática.
En caso contrario, si no se respeta la ley sólo nos queda el caos, el desorden y la ruina.
No se puede hablar de democracia sin respeto a la ley y, por ende, nadie puede llamarse demócrata si no actúa conforme al ordenamiento jurídico.
Para vivir su democracia México necesita que haya demócratas.
De otra manera, como Sísifo, “arrastraremos siempre la piedra del fracaso institucional y social”. México no merece ese destino.
*Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Con información de Proceso
