Con mayoría calificada, perfilan total militarización de las tareas de seguridad
Lidia Arista
La mayoría calificada que Morena y sus aliados consiguieron para la próxima legislatura y con la que Claudia Sheinbaum iniciará su sexenio permitirá la aprobación de prácticamente cualquier iniciativa de reforma constitucional, lo que abre las puertas para que la Guardia Nacional se adhiera a la Secretaría de la Defensa Nacional, un proyecto que no pudo concretar el presidente Andrés Manuel López Obrador y que acentuaría el proceso de militarización de la administración pública.
La transferencia de funciones y recursos, que originalmente recaían en el ámbito de autoridades civiles, a Fuerzas Armadas lleva años, sin embargo, durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador fue acelerada. La militarización se acentuó como nunca: los militares incrementaron sus facultades, recursos económicos y poder.
A pesar de darles obras, administración de empresas públicas y decenas de facultades, el presidente saliente tuvo obstáculos en concretar uno de sus proyectos clave: adherir la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas.
En septiembre de 2022, se aprobó que la Secretaría de la Defensa Nacional tuviera el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional y no la Secretaría de Seguridad Pública, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtió la aprobación porque viola la Constitución.
“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”, dice el artículo 21 de la Constitución Política.
A partir del 1 de enero de 2024, la SSP debió retomar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Sin embargo, no hay constancia de que se haya concretado pues la Sedena no cuenta con documentos relacionados con el cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte.
Como candidata presidencial, Sheinbaum se pronunció a favor de que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena.
Durante su participación en la Convención Nacional Bancaria realizada en Acapulco, Guerrero, Sheinbaum fue clara:
“Yo estoy de acuerdo en que el mando de la Guardia Nacional esté dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, no es que sea parte del Ejército porque es una comandancia distinta, y eso es muy importante, pero la disciplina militar y lo que significa una institución como la Guardia Nacional con más de 140,000elementos, necesitamos también protegerla”, explicó.
El blindaje a la institución –que está por cumplir cinco años– es motivo por el que el presidente López Obrador ha realizado dos intentos formales para la transferencia a la Sedena.
Jonathan De Vicente Encarnación, director de Incidencia política en México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), explica que la Constitución es clara, la Guardia Nacional debe ser una institución civil y la estrategia por la que México apueste para combatir la violencia, también debe ser de carácter civil.
“Se necesita una nueva estrategia de seguridad. Y la propuesta debe ser por la vía civil. ¿Qué tiene que tener esta vía civil? Una Guardia Nacional civil, policías civiles, pero también la recuperación de espacios públicos, la construcción de paz, una política de desarme nacional. También apostar por las buenas prácticas que se han dado a nivel local, de participación del gobierno, sino también de la sociedad en general”, refiere.
El investigador añade que a pesar de que el 80% de los elementos de la Guardia son elementos procedentes de las Fuerzas Armadas, no hay resultados contundentes en materia de seguridad pública.
“No se ve esta relación entre la presencia de la Guardia Nacional con una reducción de la violencia… nos preocupa el hecho de que en vez de fortalecer a las instituciones civiles, se están acumulando mayores recursos tareas de seguridad que ahora están asumiendo las fuerzas armadas. Estamos viendo con preocupación esta falta de inversión y capacidad en las policías locales”, destaca.
Para transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional se requiere una reforma al artículo 21 de la Constitución. Morena y sus aliados se perfilan a tener mayoría calificada en Cámara de Diputados, en el Senado, por lo que la sin problemas sería aprobada. A nivel local tiene mayoría en los 27 congresos, por lo que también cumplirían con el trámite de contar contar con la aprobación de la mitad más uno.
Rodolfo Gamiño, académico de la Universidad Iberoamericana y experto en militarización, explica que si la Guardia Nacional deja la SSP, es una extensión de la militarización, pues todas las instituciones encargadas de la seguridad pública tendrían integración y mando militares.
El haber aceptado la integración de la Guardia Nacional (a Sedena), es una extensión de una militarización ya declarada, legalizada”
Rodolfo Gamiño, catedrático de la Ibero.
Entre los riesgo de tener mando castrense en la corporación que fue creada para la seguridad destacan los grados de impunidad en las acciones extrajudiciales y que a las Fuerzas Armadas se les daría un presupuesto desproporcionado.
Los riesgos de la militarización
Si en el Legislativo se aprueba la iniciativa para que la Guardia Nacional se adhiera a la Sedena, ésta institución acrecentaría recursos materiales, financieros, humanos y el poder de los militares en México, el cual no es poco.
El informe “El Negocio de la Militarización. Opacidad, poder y dinero”, realizado por MUCD, revela que con la transferencia de funciones y presupuestos de origen civil, de 2018 a 2022 las Fuerzas Armadas han recibido al menos 69,124 millones de pesos y que en 2024, concentran el 3.7% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
“Las facultades que se han dado a las Fuerzas Armadas desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador han sido desproporcionadas y es a histórico, ni con el PRI en sus mejores épocas, se hubiera pensado en un proceso de militarización legalizada, porque eso es y hay que decirlo”, plantea Rodolfo Gamiño.
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. *Sexenio de AMLO con datos al 30 de abril de 2024.
Jonathan De Vicente explica que por mandato presidencial se han debilitado a algunas instituciones civiles y fortalecido a las Fuerzas Armadas.
“Cerca de 290 asignaciones y presupuestos, que originalmente estaban a cargo de instituciones civiles, ahora están a cargo de las Fuerzas Armadas. Esto atenta al Estado de Derecho. Las instituciones, por mandato constitucional, se están viendo reducidas y evidentemente las Fuerzas Armadas no tienen esta capacidad de interactuar con la sociedad por la educación y adiestramiento militar que tienen”, destaca.
Ahora con tanto poder y dinero, el reto es que la próxima presidenta se los retire paulatinamente a las Fuerzas Armadas, aunque se ve difícil, pues para Sheinbaum México no está militarizado.
Con información de Expansión Política
