Austeridad e insuficiencia presupuestal enfrentan a legisladores y juzgadores en foro de reforma judicial
Alfredo Maza
En el tercer día del debate en torno a la reforma judicial, el tema de la austeridad y la insuficiencia presupuestal en el Poder Judicial de la Federación (PJF) provocó disputa y enfrentamiento entre legisladores y personas juzgadoras, quienes abogaron por los derechos laborales de las 54 mil 388 personas que laboran en los juzgados y tribunales del país.
El senador morenista Ricardo Monreal fue quien comenzó el debate al asegurar que el principio de austeridad republicana, instaurada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue respetada por la mayoría de los órganos del Estado, con excepción del Poder Judicial Federal y los diversos órganos autónomos del país.
“Para nosotros la austeridad sí es un deber, sí es una política de Estado. Desde que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la mayor parte de los órganos del Estado así lo hemos asumido, con excepción del Poder Judicial y órganos autónomos”, dijo durante la tercera sesión de los Diálogos Nacionales sobre la Reforma al Poder Judicial.
Sin embargo, el senador también reiteró que los derechos laborales de todas las personas que laboran en el Poder Judicial “serán respetados en su totalidad” y que el Presupuesto de Egresos de la Federación considerará “los recursos necesarios para el pago de pensiones, apoyos médicos, seguros, aguinaldos, prestaciones y cualquier otra obligación de carácter laboral”.
El presupuesto para el Poder Judicial
En respuesta, Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del PJF, criticó que sea la Cámara de Diputados la instancia encargada de autorizar el presupuesto del Poder Judicial, pues este órgano -en promedio- le ha autorizado 10.2% menos presupuesto que el que ha solicitado durante los últimos 23 años.
“La politización del presupuesto conlleva riesgos, el afectar financieramente al Poder Judicial no solo implica un impacto en su operación, sino que también limitaría el acceso a la justicia de cientos de miles de mexicanos, lo que retarda la resolución de los asuntos y repercute en la salud de los trabajadores, que se traduce en una sobreexploitación de los recursos humanos y se convietre en una esclavitud velada”, dijo.
En ese sentido, propuso a las y los presentes incluir en la legislación una garantía presupuestal al Poder Judicial de la Federación equivalente al menos del 2% del gasto programable, lo que a su consideración “reduciría los riesgos del debilitamiento en el acceso a la justicia y por consecuencia fortalecer la división de poderes”.
Propuesta como esta fue respaldada por personajes como Ricardo Sodi, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que pidió incorporar a la Constitución que los presupuestos de los Poderes Judiciales locales “sean progresivos e irreductibles y nunca inferiores al 4% del Presupuesto de Egresos de cada entidad”.
“Una buena administración de la justicia es costosa, una mala administración de la justicia es más costosa todavía. Frente a tantas carencias en personal, instalaciones y equipo de los tribunales locales no es posible hablar de austeridad. El debate debe ser en favor de la suficiencia presupuestal y la racionalidad del gasto, además de su aplicación oportuna, transparente y eficiente”, dijo.
Por su parte el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha sido fuertemente criticado por ponerle freno a diversas reformas del presidente López Obrador, consideró que “la austeridad puede conciliarse adecuadamente sin poner en riesgo la estabilidad laboral, los derechos de los trabajadores y particularmente la legitimidad y la independencia judicial”.
“En México, por ejemplo, en el Poder Judicial de la Federación, el producto que fue asignado es de aproximadamente del 4.4 % del PIB, en 2020, esto por debajo de países como Colombia, Brasil y Perú. El país que registra un menor gasto en el Sistema de Justicia en comparación con los demás países miembros de la OCDE es precisamente México”, dijo.
Morenistas critican postura de magistrado sobre reforma judicial
Los dichos del magistrado fueron criticados fuertemente por personajes de la autodenominada Cuarta Transformación, como el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien arremetió contra el juzgador en sus redes sociales.
“El juzgador federal Juan Pablo Gómez Fierro, que ha fallado en favor de @Iberdrola viene a decirnos que dejemos, en esencia, al Poder Judicial como está. Parece que no se enteró del mandato popular del 2 de junio”, escribió Noroña en su cuenta de X, antes Twitter.
Durante este tercer foro en torno a la reforma judicial primaron personajes de Morena y aliados, como Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, su consejero jurídico Jesús George Zamora, y los diputados Hamlet García Almaguer de Morena y Reginaldo Sandoval Flores del PT, quienes aprovecharon la oportunidad para defender la reforma judicial.
Remuneraciones en el Poder Judicial
Otro de los temas de debate en el foro fue el referente a las remuneraciones que reciben los servidores públicos, tema en el que también el senador Ricardo Monreal aseguró que tanto en tribunales como juzgados se está violando la disposición contenida en el artículo 127 de la Constitución, que estipula que las remuneraciones no deben ser superiores a las del presidente de la República.
“Por ello, de existir mayores ingresos, salarios y prestaciones que los devengados por el presidente, una vez que hubiera iniciado la vigencia de la reforma constitucional, los montos deberán ajustarse a los parámetros establecidos de esta disposición”, dijo.
En respuesta, el magistrado Gómez Fierro también pidió a los legisladores definir con claridad cuál es la remuneración específica del presidente de la República, para así establecer un parámetro aplicable para todos los servidores públicos.
“En el Poder Judicial de la Federación nadie cuestiona que ningún servidor público deba ganar más que el presidente de la República, ninguno de los jueces y magistrados que integramos este poder recibimos una remuneración superior. Los criterios jurisdiccionales que se han emitido sobre el particular apuntan a la necesidad de definir con claridad cuál es la remuneración del presidente de la República, para así establecer el parámetro conforme al cual debería fijarse la remuneración de todos los servidores públicos”, dijo.
Además, pidió recordar que la reforma no solo afectará a los servidores públicos del Poder Judicial, sino que también “hablamos de 50 mil familias que podrían verse afectadas por esta reforma, pero considero que lo más importante es poner en el centro de esta importante reforma a los justiciables y la efectiva protección de los derechos humanos”.
Como un último punto, pese a defender la austeridad republicana, el senador Ricardo Monreal informó que el gasto por la elección de jueces, magistrados y ministros podría costar entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos, recursos que incluso podrían salir de los propios fideicomisos del Poder Judicial.
“Mucha gente se pregunta cuánto costará organizar la elección de los mil 600 ministros, jueces y magistrados. En un cálculo aproximado que hemos hecho con actuarios y con personal del INE, a quien se le faculta esta responsabilidad, podría erogarse entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos”, dijo.
La cifra contrasta con un cálculo preliminar realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que estima que un proceso de elección popular para personas juezas, magistradas y ministras sería de 22 mil millones de pesos, cifra equivalente al 2% del gasto de inversión física presupuestaria, subsidios para el sector social y para todas las entidades federativas del país.
También contrasta con lo informado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en febrero de 2024, que a través de un dictamen señaló que no habría impacto presupuestal por esta y otras reformas del presidente López Obrador, pese al gasto calculado por la elección y por el pago de indemnizaciones y derechos adquiridos de las 6 mil 711 personas juzgadoras y magistradas de los estados y la Federación que podrían perder su trabajo de aprobarse esta iniciativa.
Con información de Animal Político
